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Los mecanismos que tiene Chile para firmar el Acuerdo de Escazú

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La principal preocupación de La Moneda es que al adscribir al tratado, Chile pueda ser demandado en temas de soberanía.

El Presidente Sebastián Piñera confirmó que Chile está evaluando si firmará el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, documento que celebrará la firma de nuevos integrantes y la ratificación de los países adscritos este 26 de septiembre en una ceremonia en la sede de la ONU.

Respondiendo a las críticas por la demora en la firma de este documento, considerando la posición que ha adoptado Chile a nivel mundial en temas medioambientales y a que nuestro país fue uno de los promotores del acuerdo, Piñera indicó que “como Presidente yo tengo que firmar los acuerdos cuando sean buenos para Chile. Y estamos trabajando para que este acuerdo, con algunas observaciones y reservas, pueda ser un buen acuerdo para Chile“.

Los potenciales conflictos

Según ha señalado el Presidente Piñera, “este acuerdo tiene algunos problemas que tienen que ser resueltos antes de que Chile lo firme, por ejemplo, problemas de cesión de soberanía o problemas que pudieran llevar a Chile a que sea demandado ante cortes internacionales sin justificación“.

Esta justificación haría referencia al artículo 10 sobre la solución de controversias entre los países firmantes. Por ello, el Gobierno evalúa distintos mecanismos.

En conversación con El Dínamo, la abogada y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza recordó que en el artículo 3 del tratado se establecen los principios del acuerdo, en donde se consagran los principios de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y de igualdad soberana de los Estados.

“El objeto y fin del Acuerdo de Escazú es la participación ciudadana, la transparencia y cooperación medioambiental. Cualquier interpretación que se haga tiene que ser acorde al tratado”, explica Astroza.

En caso de que los firmantes tengan un conflicto, el documento establece que las partes deben esforzarse por resolverlo por medio de la 36° Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable.

Asimismo, el firmante considerará obligatorio el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia o el arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las Partes establezca. “Si las partes han optado por los dos mecanismos, el primero sería La Haya a menos que los involucrados acuerden lo otro. Entonces no hay un acceso inmediato a la Corte Internacional de Justicia”, expresa Astroza.

Sobre el conflicto que actualmente mantiene Chile y Bolivia respecto al río Silala, la abogada niega que el acuerdo sea puente para un nuevo litigio. “Esa causa ya está en La Haya y se refiere a cuáles son los derechos que el Derecho Internacional nos reconoce en la materia. No tiene nada que ver con el objetivo medioambiental de colaboración de los Estados”, agrega. En esa línea, indica que “no veo por dónde pudiera haber una demanda de soberanía. No le encuentro sustento”.

Mecanismos existentes

Existen tres mecanismos con los que Chile podría evitar que se le aplique el artículo 23 del Acuerdo de Escazú, siendo algunos más viables que otros.

Pese a que el Presidente Piñera dio a entender que podría firmar el acuerdo con “reservas”, esta postura sería incompatible con lo que establece el tratado, ya que en su artículo 23 se establece que “no se podrán formular reservas al presente Acuerdo”.

Astroza explica que en la reserva, “un Estado está de acuerdo con lo fundamental de un tratado, pero puede que no lo esté con una disposición. Es una declaración unilateral donde el Estado dice que un determinao artículo no se le aplica o se le aplica en un sentido diverso. Lo que se pretende con la reserva es que esa disposición no se te aplique”, indica la experta.

Otro de los mecanismos para plantear discrepancias en el texto es el de la enmienda. Según el artículo 21 del Acuerdo de Escazú, cualquier país podrá proponer enmiendas al tratado, las que se adoptarán en una reunión de la Conferencia de las Partes. Las enmiendas serán en consenso y, en caso que una enmienda sea sometida a votación, se requerirá una mayoría de tres cuartos de las partes presentes.

Para acceder a este mecanismo, Chile debe ser firmante. La abogada agrega que la enmienda “implica cambiar el tratado y cambiar la norma para todos, y para eso se requiere que todos los Estados estén de acuerdo”.

El canciller Teodoro Ribera aseguró en Radio Duna que “nosotros estamos trabajando para que los dos temas que nos preocupan puedan ser superados mediante una declaración interpretativa. Me refiero a precisar los conceptos de cooperación y si vamos a aceptar una clausula que permite la solución de conflictos en general”.

Astroza explica que una declaración interpretativa “también es un acto unilateral, pero su objetivo es aclarar cómo se aplica determinada norma. Acepta el tratado y es posible en el acuerdo de Escazú, pero en ningún caso puede  pretender que una norma no se te aplique, porque en ese caso, aunque le llames declaración interpretativa, es una reserva”.

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Lider evangélico Eduardo Durán fue maniatado y golpeado en asalto en su casa

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Los ladrones lograron extraer cerca de 20 millones de pesos en joyas y otras especies desde la vivienda de Duran. Los ladrones lograron extraer cerca de 20 millones de pesos en joyas y otras especies desde la vivienda de Duran. Eduardo Durán denunció un violento asalto sufrido en su parcela de Isla de Maipo. De acuerdo a lo denunciado por el religioso, los ladrones habrían extraído más de 20 millones en joyas y especies. De acuerdo a los antecedentes que maneja el OS9 de Carabineros, Durán fue amarrado y golpeado junto a su esposa por al menos ocho sujetos que ingresaron a su propiedad vistiendo trajes verdes y pasamontañas diezmando su capacidad de defenderse. Tras intimidar a los guardias y decirles que eran carabineros, se dirigieron a la casa principal. Allí maniataron al Obispo Durán y a su pareja y, según su relato, el pastor habría sido golpeado en la cabeza. Los delincuentes lograron tomaron varias especies, entre ellas joyas y dinero en efectivo, y se dieron a la fuga. El balance preliminar indica que los productos que se robaron las personas fueron avaluadas en $20 millones. El obispo fue llevado a un centro asistencial para constatar sus lesiones.
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Voto obligatorio: Sala de la Cámara de Diputados rechaza proyecto luego de no alcanzar quórum

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Esta tarde en la Cámara de Diputados se votaba en particular el proyecto de ley que buscaba reponer la obligatoriedad del voto para votaciones de elección popular.

El proyecto, promovido por la oposición, fue criticado desde su anuncio por parte del oficialismo y también por el propio gobierno. El ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, había afirmado, respeto a esta moción, que “pensamos como gobierno que no es el momento adecuado para presentar esta señal en concreto”. 

A estas críticas se sumaron las de sectores de la oposición. Tanto el Partido Humanista como el Partido Liberal habían presentado reparos a la aprobación de la idea.

Finalmente la iniciativa fue rechazada luego de obtener 89 votos a favor, 44 en contra y 15 abstenciones. Se necesitaban 93 votos para poder sortear esta etapa, debido a que tenía que ser visada por 3/5 de los congresistas presentes.

Votaron contra la moción una mayoría de parlamentarios oficialistas, sumados a los humanistas Florcita Alarcón y Pamela Jiles, junto con el ecologista Félix González.

Luego de la negativa del hemiciclo, el proyecto quedó archivado. No obstante, debido a que se aprobó en general la idea de legislar, los parlamentarios pueden volver a presentar un proyecto de características similares durante los próximos días.

Al respecto, el ministro Ward afirmó que “nosotros si manifestamos una opinión cuando fuimos invitados a la comisión de gobierno interior en la línea que respecto a este proyecto en particular nos parece que es mejor no innovar pero siempre estamos disponibles para analizar otras alternativas”.

“Por supuesto que estamos explorando diferentes opciones siempre disponibles a participar de la comisión de gobierno interior como se lo manifesté a su presidenta o de otras instancias para llevar adelante una discusión que creo que es necesaria pero en relación con la preocupación que han manifestado algunos parlamentarios, se demuestra que a través del voto transversal que aquí hubo una decisión individual, ni siquiera una orden de partido, y por supuesto una expresión de la opinión que tiene el gobierno en relación con este gobierno en particular”, añadió.

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Las operaciones del concejal Chahuán (RN) con uno de los narcos más poderosos de la zona central

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Por Nicolás Sepúlveda y Benjamín Miranda

La situación del concejal de La Calera Karim Chahuán, detenido inicialmente por un saqueo, se agrava. Ahora es investigado por sus nexos con Pedro Melo Cartagena, líder de la banda que en 2011 cayó en la Operación Ballena con 211 kilos de droga. La Fiscalía presentó al tribunal el testimonio de un imputado que relata que Chahuán recibía a Melo Cartagena en su automotora, donde los vio pesar droga. Las pesquisas indican que le facilitaba vehículos a cambio de cocaína y que intercedía ante Carabineros para que autos involucrados en delitos de drogas pasaran al corral municipal solo por infracciones de tránsito.

 

La sorprendente doble vida del concejal de La Calera Karim Chahuán (RN), quien fue detenido en diciembre por coordinar el saqueo a un mall en medio del estallido social, sigue revelando episodios sobre sus conexiones con narcos. No solo con delincuentes que operan a nivel local en La Calera, como se había informado hasta ahora, sino con uno de los proveedores de droga más grandes de la zona central del país: Pedro Melo Cartagena, “el guatón Pemo”. Melo es líder de la banda que en 2011 acaparó la atención de la prensa porque introdujo al país 211 kilos de cocaína base boliviana –destinadas a La Granja, La Pintana y Puente Alto–, tráfico que fue detectado por la Operación Ballena de la PDI.

El concejal fue detenido el 2 de diciembre pasado por su rol en el saqueo del mall Open Plaza La Calera. Su arresto tuvo amplia difusión debido a sus vínculos políticos y su militancia en RN: es hijo del ex alcalde de esa ciudad y actual consejero regional, Roberto Chahuán, y primo en tercer grado del senador y precandidato presidencial Francisco Chahuán. Pero su caso se hizo más notorio cuando CIPER informó que la Fiscalía había detectado su rol en el saqueo debido a que tenía intervenido su celular desde antes que se iniciaran las protestas que han sacudido al país, pues se le investigaba por su colaboración con una banda narco cuyos miembros también perpetraban asaltos simulando ser agentes de la PDI (vea ese reportaje de CIPER).

Ahora, es investigado además por sus vínculos con uno de los más influyentes traficantes de la zona central. “El guatón Pemo” también es calerano, pero sus operaciones se expanden por la Región de Valparaíso y la zona sur de Santiago. Ha sido condenado por tráfico y se le reconoce como uno de los principales proveedores de los grupos que dominan territorios de populosos sectores, como la Población San Gregorio.

Este nuevo caso de penetración narco en el mundo político municipal se suma a los vínculos entre el PS de San Ramón y el alcalde de esa comuna, Miguel Ángel Aguilera, con un jefe narco de la Población La Bandera (vea el reportaje de CIPER “La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política”).

La relación del concejal Chahuán con bandas narco quedaron expuestas en la indagatoria judicial cuando los detectives de la PDI analizaron el tráfico de su teléfono. El aparato estuvo intervenido por la policía entre septiembre y diciembre de 2019. Ese análisis ya determinó que al menos en una ocasión el concejal le pasó un vehículo de su automotora Chahuán Cars –un negocio de sus padres que él administra– al traficante Pedro Melo a cambio de cocaína.

Los fiscales que investigan a Chahuán ya afinan la reformalización programada para el próximo viernes 17 de enero donde se espera que amplíen los cargos en su contra. La PDI analiza nuevas pruebas y testimonios que lo amarren a una probable condena. Esas evidencias muestran cómo utilizó su cargo de concejal para beneficiar a narcotraficantes -en parte gracias a su relación privilegiada con Carabineros- y cómo en su automotora se pesaba y dosificaba droga.

TELEFONAZO A CARABINEROS

Hueón, contesta el teléfono, te está llamando tu jefe”.

Para el Ministerio Público esta frase sintetiza la relación que mantenía Chahuán con carabineros de La Calera y otras localidades de la Provincia de Quillota. La interceptación de las comunicaciones telefónicas del concejal no solo dejó en evidencia su participación en el saqueo al mall Open Plaza La Calera el pasado 29 de octubre, sino también la fluida comunicación que mantenía con los uniformados, la forma en que se dirigía a ellos y cómo utilizó su posición para obtener información clasificada e influir en las decisiones que tomaban.

El ejemplo más claro fue expuesto ante el tribunal de La Calera el pasado 30 de diciembre, cuando la justicia revisó y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Chahuán por el saqueo al centro comercial.

El fiscal a cargo de la investigación, Felipe González, relató en la audiencia que el 9 de septiembre de 2019 una persona fue detenida en la zona de El Melón portando marihuana y pasta base de cocaína en un vehículo marca Chevrolet, modelo Prisma, adquirido en la automotora del concejal. La Fiscalía ordenó incautar todas las especies involucradas en el delito, lo que, obviamente, incluía el automóvil. Pero un telefonazo detuvo este proceso. Según la intercepción telefónica llevada a cabo por la PDI y citada por el persecutor, Chahuán se comunicó con el carabinero jefe de la Tenencia de Nogales, Julio Ruiz Mendoza –a quien llamaba “Julito” – y logró que el auto fuera destinado al corral municipal solo bajo una infracción de tránsito, sin dejar rastros de alguna vinculación con la Ley de Drogas.

Horas más tarde, Chahuán le contó por teléfono a un trabajador de su local -no individualizado en la investigación- que el jefe policial también le aportó información sobre el caso, específicamente que en el auto apenas encontraron “como nueve papelillos”.

El oficial Julio Ruiz dijo a CIPER que recuerda haber recibido esa llamada de Chahuán, pero no que el concejal le haya pedido llevar el auto al corral, solo que le preguntó por el vehículo. Dijo que no ha sido llamado a declarar, que conoce a Chahuán desde pequeño, que tenía un trato deferente con él por su rol de autoridad municipal, pero que nunca lo favoreció de manera irregular.

En la audiencia del 30 de diciembre, el fiscal González expuso la relación entre el concejal y el narcotraficante Pedro Melo Cartagena. Ante el tribunal, el persecutor leyó la declaración de un imputado que entregó datos sobre los vínculos de Chahuán con el narco que cayó en la Operación Ballena. CIPER contactó a esta persona, quien pidió la reserva de su identidad y confirmó la versión que el fiscal entregó en la audiencia.

El testimonio resultó clave para abrir otro abanico de posibles delitos cometidos por el concejal, y para aportar datos sobre sus movimientos e influencia en la zona. Según la declaración de la persona imputada que leyó el fiscal, Chahuán se jactaba de su relación con los carabineros de unidades locales, por lo que “varias veces” le insistió en que llevara sustancias ilícitas a su automotora sin temor a represalias, pues se consideraba “amigo de todos los policías”. El Ministerio Público agregó que Chahuán logró rescatar al menos tres vehículos involucrados en infracciones a la Ley de Drogas desde el corral municipal, incluso acudiendo personalmente y amenazando a los trabajadores de ese lugar.

“Chahuán Cars”: la automotora de Karim Chahuán y su familia

El testimonio de la persona imputada confirmó que su detención se produjo cuando, junto a otro sujeto, transportaban siete bolsas con cocaína, cerca de diez gramos de marihuana y bolsas plásticas para dosificar las sustancias. El auto en el que se movilizaban lo habían comprado a Chahuán. El vehículo no tenía permiso de circulación, por lo que quedó retenido en el corral municipal. Según la versión del imputado, llegó a un acuerdo para que el concejal pagara el permiso de circulación, el seguro automotriz y el cargo por el tiempo que el auto estuvo en el corral. Después de eso, Chahuán le hizo la transferencia del auto, el que estaba a nombre de un ciudadano venezolano: “Me enteré por un trabajador del Karim, a quien conozco como el ‘Repollo’ (Leandro Barrera Ogaz, el tercer involucrado en el saqueo al mall) que el ex dueño de mi vehículo era un traficante de La Legua, venezolano, y que además esta persona (…) siempre le traía autos y Karim los vendía”.

En la misma declaración, la persona imputada dijo que Chahuán nunca pagó el permiso de circulación ni el seguro del auto. Como estos gastos corrieron por su cuenta, finalmente decidió no cancelar $300 mil de la última cuota que adeudaba al concejal. Algunas semanas después, relató, ambos se encontraron en el centro de La Calera, ocasión en que Chahuán le preguntó “cuándo me pondría al día con la deuda, a lo cual le manifesté que no tenía dinero, instancia en la cual Karim me dijo que en vez de dinero le pagara con droga, lo cual no acepté”.

Pero eso no es todo. El testimonio de esta persona también vinculó al concejal con el narcotraficante Melo Cartagena. Al respecto, declaró que entre las tantas ocasiones que se dirigió a Chahuán Cars para solucionar el traspaso de su vehículo, vio cómo “el guatón Pemo” era recibido por el concejal en una oficina interior: “Cuando él llegaba, Karim cerraba la cortina del local (…) y ponían en una mesa (una balanza) donde pesaban una gran cantidad de falopa (cocaína) que llevaba ‘el guatón Pemo’, la que el Karim intercambiaba por vehículos”.

Antes de leer los datos aportados por la declaración del imputado, en la audiencia del 30 de diciembre el fiscal González le preguntó a Chahuán por su relación con Melo Cartagena. El concejal respondió que lo ubicaba desde pequeño, porque sus familias tienen negocios comerciales en el centro de La Calera y que Melo Cartagena adquirió una camioneta Dodge en Chahuán Cars. Fuentes judiciales aseguraron a CIPER que, en realidad, el nivel de cercanía entre las partes es más profundo: gracias a las escuchas telefónicas, el Ministerio Público acreditó que el intercambio de vehículos era mucho más fluido que lo declarado por el concejal y que, en al menos una de estas operaciones, acordaron permutar un auto por cocaína.

Además, el fiscal exhibió al tribunal seis fotografías extraídas desde el celular de Chahuán que muestran cómo se pesaba marihuana sobre el escritorio de la automotora.

CIPER intentó comunicarse con el abogado de Karim Chahuán, René Fuentes Melo, pero este no contestó ni los llamados ni los mensajes.

UN NARCO DE PESO

Pedro Melo Cartagena carga en su historial con tres condenas por narcotráfico. De sus 41 años, tendría que haber pasado casi 15 preso, que es la suma de las tres sentencias que recibió, pero en todas obtuvo beneficios que le permitieron salir antes. La primera vez que pisó la cárcel fue a los 20, luego reincidió a los 30 y volvió al penal de Quillota. En 2011 llevaba poco tiempo en la calle cuando otra condena le cayó encima: fue cuando la policía lo sorprendió liderando el clan que se disponía a vender 211 kilos de cocaína base, la mezcla que es “cocinada” en laboratorios clandestinos para obtener droga de mayor pureza.

La investigación judicial de 2011 fue la más completa y allí se estableció que la droga la compraba a bolivianos que viajaban hasta La Calera para hacer la entrega. En esa ciudad la abultaban utilizando soda cáustica y distintos ácidos. Cuando la PDI allanó uno de los domicilios encontró un laboratorio clandestino donde la pasta base era “cocinada” por un ciudadano boliviano. También acreditó que el destino de esa droga eran poblaciones de las regiones de Valparaíso y Metropolitana (vea reportaje de CIPER sobre cómo operan los narco mayoristas).

En la causa judicial la PDI precisó que Pedro Melo utilizaba un local de máquinas tragamonedas y una joyería para lavar el dinero. Pero en el proceso de 2011 no se lo acusó por esos episodios. Sí lo condenaron por lavado de activos en la compra de un auto Chrysler blanco por el que pagó $7 millones al contado y luego inscribió a nombre de un testaferro. La policía advirtió que otros nueve automóviles habían sido comprados con el mismo procedimiento, pero estos tampoco se incluyeron en la acusación final de la Fiscalía. En el juicio no se pudo acreditar la asociación ilícita, que habría abultado las penas, por lo que Melo solo fue condenado a cinco años.

Pedro Melo Cartagena, en una fotografía aparecida en un reportaje de CHV.

En La Calera Pedro Melo es el narco más conocido. Antes de caer en 2011, eran famosos sus shows pirotécnicos en las fiestas de año nuevo. Residentes de la ciudad contaron que se preocupaba de invitarlos a asados para fiestas patrias y que en ocasiones pagó los gastos médicos de vecinos enfermos. La joyería que administraba junto a su pareja auspiciaba un club deportivo barrial. Así se ganó su segundo apodo: “el Pablo Escobar de La Calera”.

Pero el “Pemo” no actuaba solo. Su pareja de entonces, Silvia Hernández Rojas, también es un personaje clave en esta trama. Los soldados que trabajaban para Melo la llamaban “la jefa”, y cuando él caía preso, era ella la que tomaba las riendas del negocio.

Cuando Melo cumplía su segunda condena, Hernández fue sorprendida con dos kilos de cocaína base, pero zafó de la cárcel. No ocurrió lo mismo en 2011, cuando fue condenada a tres años y un día por la Operación Ballena. Las interceptaciones telefónicas de la policía le permitieron a la justicia rastrear paso a paso el tráfico de droga desde Bolivia a Chile, y el rol de la pareja como líderes de la banda.

El 5 de noviembre de 2015, estando en libertad, la policía nuevamente pinchó su teléfono y desentrañó otra red de narcotráfico con la pareja como protagonista. En esa investigación se descubrió que el padre y la hermana de Silvia, quienes vivían en la población San Gregorio (Santiago), eran el vínculo por el cual la droga de los Melo Hernández llegaba a la capital. La pasta base seguía ingresando desde Bolivia y, con el “Pemo” tras las rejas, Silvia era la lideresa indiscutida de la banda. Ahora les detectaron un laboratorio para abultar sustancias ilícitas en la San Gregorio, y junto con ella cayeron traficantes de Santiago, Viña del Mar y Con Con. Esta vez les incautaron más de 90 kilos de pasta base de cocaína.

Silvia actualmente está en prisión cumpliendo con los 14 años de condena que los tribunales le lanzaron encima. Pedro Melo está libre.

fuente: ciper chile

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