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Viviendas con avalúo fiscal de $200 millones y más suman 50 mil. El 60% está en tres comunas

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Lo Barnechea concentra la mayor cantidad de inmuebles de ese valor, con un total de 12.232. Le sigue Las Condes, con 11.156 y Vitacura con 7.441 propiedades. Valor comercial de estas viviendas ronda las 15 mil UF.


Un nuevo impuesto al patrimonio inmobiliario, que podría aplicarse a inmuebles con avalúo fiscal por sobre los $200 millones, es una de las medidas que se plantea en el paquete de cambios tributarios para recaudar mayores ingresos que financien la agenda social.

Aunque depende de varios factores, como por ejemplo la comuna en la que esté emplazada la propiedad, en el rubro inmobiliario estiman que un avalúo fiscal de $200 millones equivale a un valor comercial en torno a las 15 mil UF, es decir, unos $420 millones.

La plataforma Toctoc.com catastró este tipo de viviendas, en base a información del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Conservador de Bienes Raíces, en 235 comunas del país. Según estos datos, las propiedades que alcanzan este valor suman 51.083, lo que representa el 1% del total de viviendas a nivel nacional. En tanto, otro informe de la consultora Arenas & Cayo indica que las viviendas en este rango de valor totalizan cerca de 56 mil.

De acuerdo a Toctoc.com, Lo Barnechea es la comuna que concentra la mayor cantidad de inmuebles de ese valor, con un total de 12.232. Le siguen Las Condes, con 11.156 propiedades, y Vitacura, con 7.441 unidades. Esas tres comunas concentran el 60% de la cifra total.

Entre las diez comunas con mayor número de propiedades con avalúo fiscal de más de $200 millones destacan también Colina (3.426), Providencia (1.683), Zapallar (1.632), La Reina (1.547), Viña del Mar (1.244), Peñalolén (612) y La Serena (575).

La alta concentración de viviendas por sobre el piso varía por comunas. En el caso de Lo Barnechea, estas representan el 42% del total de la comuna, mientras que en Las Condes y Vitacura llegan al 9% y 23%, respectivamente.

En Zapallar, por ejemplo, son un tercio de los inmuebles del balneario, mientras en comunas como Ñuñoa (370), La Florida (229) y Santiago (218), Antofagasta (455), Temuco (374), Coquimbo (368) Iquique (356) y Concepción (323), representan menos del 1% de las viviendas totales en cada una.

Según cálculos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el 80% de las viviendas que se vendieron en el país en los últimos 8 años tuvo un precio de venta igual o menor a 4.500 UF, mientras que los inmuebles sobre las 10.000 UF no representan más del 5% del total comercializado.

¿Qué dicen los expertos?

Ante la ausencia de más detalles sobre la propuesta, los expertos tributarios definen algunos puntos básicos para abordar el tema.

Según Rodrigo Benítez, de BDO, las contribuciones “bien aplicadas, han resultado ser un eficaz instrumento que se ha ido perfeccionando”, mientras que un eventual nuevo tributo “implicará toda una nueva estructura, complejidades, sistemas de fiscalización y cobro con mayores costos para el Fisco”.

Asociado a lo anterior, Juan Pablo Cabello, de Cabello Abogados, señala que “es una medida progresiva, ya que afectará en forma creciente al valor de los inmuebles”, aunque advierte que se deben cautelar tres principios: “i) si existe deuda asociada a los inmuebles; ii) debiese acumularse el valor de todos los inmuebles, sea a nombre personal o a través de sociedades; iii) debiesen quedar exentos aquellos que tienen un único inmueble habitacional y no cuentan con ingresos suficientes”.

Complementa Manuel Montero, de Recabarren y Asociados, quien subraya que el límite de $200 millones es bajo y cita dos ejemplos, el de personas que heredaron viviendas en ese margen, o quienes tienen una vivienda para renta y otra para vivir: “Ninguno de los dos ejemplos pueden ser considerados como de alto patrimonio”, explica.

Incluso, agrega Joseph Courand de Deloitte, “si el dueño del inmueble no tiene capacidad de generación de ingresos o es muy limitada, la carga fiscal puede que lo obligue a vender su casa o a endeudarse para pagar el impuesto”, lo que lo haría regresivo.

Otros riesgos tienen que ver con la migración de inversiones y el negocio inmobiliario en sí. Según Marcelo Goldsmith, de Goldsmith y Cía, existe la posibilidad que “los grandes patrimonios inmobiliarios migren sus inversiones o se diluyan en pequeños grupos de empresas”, mientras Álvaro Moraga, de Moraga y Cía, explica que “desincentivará la inversión en bienes raíces, lo cual impacta a toda la cadena de la construcción”.

Preguntas clave

¿A quiénes aplica este impuesto?

Se diseñará una nueva base que agrupara las propiedades según rut del contribuyente -persona natural o jurídica-para terminar con las exenciones que individualmente (como rol) pueden tener estos bienes, y que muchas veces lleva a que los contribuyentes con muchas viviendas o departamentos no paguen impuestos por ninguno de ellos. Es una forma de evaluar el patrimonio acumulado. Esto afectaría principalmente a las rentas residenciales, es decir, a quienes compran varias viviendas para luego arrendarlas.

¿Cómo se aplicarán los impuestos?

Una fórmula será un impuesto al patrimonio físico como viviendas o predios agrícolas o no agrícolas que partiría según el borrador con una tasa de 0,025% inmuebles de$200 millones según avalúo fiscal. La tasa se iría triplicando para tramos más altos de $400 millones, $700 millones y $900 millones o más. El impuesto es sobre el patrimonio, sin importar si mantiene deuda o no.

¿Cómo se cobrará?

Hay dos fórmulas sobre la mesa. Una apunta a que se pague de la misma manera que las contribuciones, es decir, cuatro veces al año. Los expertos señalan que esta es la mejor forma ya que tiene una baja tasa de elusión y genera un menor costo de fiscalización.

¿ Y qué pasa en el resto del mundo?

El caso portugués establece un impuesto a propiedades que superan los 600.000 euros con una tasa de 0,4% para los bienes inmobiliarios en manos de empresas y de 0,7% en el caso de particulares. En Francia, en tanto, desde el 1 de enero de 2018, los residentes de Francia pagan impuestos sobre el patrimonio de activos inmobiliarios que posean en todo el mundo, por valor de más de 1,3 millones de euros, mientras que los no residentes son responsables solo si poseen bienes inmuebles franceses valorados por encima del mismo umbral. El caso de EEUU es diferente. Cada estado decide con su respectivo congreso el nivel de su tributación (“property tax”) que puede ser un cobro de una vez, o periódico.

 

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Gobierno propone aumentar de forma inmediata pensión básica solidaria en 50% para mayores de 80 años

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Para las personas entre 75 y 80 años, aumentaría un 30% en 2020 y 20% en 2021.

Este miércoles a las 11:00 horas continúa en el Senado el debate entre Gobierno y oposición para lograr un acuerdo en los temas de pensiones, transporte e ingreso mínimo en el proyecto de Presupuestos 2020.

Una de las propuestas en la que casi todos los sectores estarían de acuerdo, es de aumentar desde enero de 2020 en un 50% las pensiones básicas solidarias para mayores de 80 años, según consigna La Tercera.

Eso sí, para las personas de entre 75 y 80 años aumentaría un 30% el próximo año y 20% en 2021. Mientras que para quienes tengan entre 65 y 75 años, la pensión aumentaría en un 25% en 2020 y de 25% en 2021.

Subsidio al transporte

Sobre el subsidio al transporte para adultos mayores, el Gobierno propuso aumentarlo en un 25% de manera universal, pero desde la oposición esperan que la cifra sea mayor.

Pensiones

En cuanto al tema de pensiones, el quiebre se generó porque, tanto el Ejecutivo como la Democracia Cristiana, estaban de acuerdo en pedir una contribución extra de 5% al empleador, de los cuales, el 2% se destinaría a un sistema solidario y un 3% a capitalización individual.

Ingreso mínimo

Acerca del ingreso mínimo garantizado, que aumentó en el proyecto de $350 mil a $400 mil, habría dejado con dudas a la oposición en cuanto a la gradualidad de la medida y a su financiamiento e impacto en los salarios, por lo cual, esperan obtener respuestas en las próximas horas.

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Mario Rozas suspende uso de balines antidisturbios: “Sólo podrá ser utilizada como medida extrema”

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El general director de Carabineros detalló que “sólo podrá ser utilizada al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte”.

El general director  de Carabineros, Mario Rozas, entregó una declaración durante ese martes en la que confirmó que suspende el uso de balines antidisturbios, luego de realizar nuevas pericias a estos elementos.

De esta manera, quedan regulados en el mismo nivel de las armas de fuego, ya que solo podrán ser usadas en caso de extremo peligro, no como eran usadas hasta este momento durante manifestaciones para dispersar a las personas.

La decisión se toma “a partir de un informe emitido por una universidad del país que daba cuenta de posibles discrepancias de la composición de los perdigones, se encomendó un informe al Laboratorio de Criminalística de Carabineros, el que si bien no coincide con las conclusiones del anterior estudio, también muestra diferencias con la composición declarada por el proveedor en la ficha técnica“.

“Por tal motivo y como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios“, anunció.

Lee también: Contraloría oficia a Carabineros para que responda por uso de parches con apodos en sus uniformes

Es por esto que “sólo podrá ser utilizada al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte”.

“Dicha restricción será evaluada una vez que tengamos en nuestro poder los resultados de los estudios complementarios que hemos solicitado en laboratorios externos de Chile y el extranjero, así como las certificaciones complementarias solicitadas al proveedor”, añadió.

En la misma línea, detalló que la ficha técnica entregada por el proveedor certificado, los supuestos perdigones de goma eran de calibre 12, cada cartucho contiene 12 perdigones y cada uno mide 8 milímetros y pesa 7 gramos, según dice a ficha técnica.

Según el último informe del INDH, emitido el lunes 18 de noviembre, han constatado 964 heridos por perdigones y 67 por balines. En tanto que 222 personas han presentado heridas oculares, de ellos 163 son producto de disparos. En total, son 2.391 personas heridas.

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Las conclusiones de los encuentros ciudadanos que convocó Bachelet en 2016 para cambiar la Constitución

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  • La ex Mandataria anunció una reforma a la Carta Magna que incluyó una etapa previa de consulta a los chilenos donde definieron los temas que consideraron prioritarios, sin embargo, la iniciativa no avanzó en el Congreso.

SANTIAGO.- Durante los últimos días y en el contexto de la crisis social que afecta a Chile, varias comunidades, gremios, organizaciones y hasta equipos de fútbol han llamado a la realización de cabildos para conversar sobre lo que está ocurriendo en el país con el objetivo de canalizar las demandas que han empujado a las movilizaciones. Si bien el foco de estas instancias de conversación -canalizadas por el movimiento Unidad Social, integrado por Luis Mesina, Bárbara Figueroa y Mario Aguilar, entre otros- no es una nueva Constitución, una de las temáticas que ellos plantean para que quienes asisten a estos cabildos es si es necesario o no una asamblea constituyente.

Este tema también está siendo discutido en el Parlamento, donde legisladores de oposición han anunciado la presentación de reformas constitucionales que apuntan a generar una nueva Carta Magna.

En paralelo, el Gobierno anunció la realización de “encuentros ciudadanos” dirigidos por los municipios para que los chilenos canalicen sus demandas, todo eso en medio de que el Presidente Sebastián Piñera no descartara una “reforma estructural”, pese a la resistencia oficialista a una nueva Constitución.

No es primera vez que los chilenos participan de este tipo de instancias y el último episodio fue lo ocurrido en la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet cuando en abril del año 2016 y en el marco del Proceso Constituyente que inició, se hicieron los llamados encuentros locales autoconvocados (ELA).

“ELA”

Los ELA fueron la primera etapa en la que los chilenos pudieron plantear sus demandas y temas de interés que luego, según la promesa de la ex Mandataria, serían las bases para reforma constitucional que ella impulsaría.

Estos encuentros se crearon en torno a una institucionalidad, en la que participó el Centro de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento (CEAR), de la Universidad Diego Portales, y posteriormente se formó un Consejo de Observadores integrado por 16 personas de diferentes áreas y presididos por el militante DC Patricio Zapata.

Al abogado constitucionalista lo acompañaron durante dos años referentes como el futbolista Jean Beasejour; el empresario Roberto Fantuzzi; el ahora presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte; la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, Ruth Olate; la baterista de Los Jaivas, Juanita Parra, entre otras figuras principalmente abogados.

Todos ellos trabajaron el proyecto de reforma a la Carta Magna que finalmente Bachelet ingresó al Congreso, pero solo cinco días antes de dejar La Moneda.

Fueron 8 mil los encuentros locales autoconvocados -que se realizaron entre abril y junio de ese año- y 28 temas, divididos en cuatro ítems, los que se establecieron como prioridades para los participantes.

Al finalizar esta fase (que también incluyó consulta individual, cabildos provinciales y cabildos regionales) se elaboraron las Bases Ciudadanas, que fueron el insumo para la reforma. En ellas se concluyó que hubo seis valores y principios que fueron prioridad para quienes participaron: democracia, igualdad, descentralización, justicia, respeto/conservación de la naturaleza o medio ambiente y bien común/comunidad.

Las prioridades

Así se definió -según estos encuentros- que la justicia debe ser igual para todos, sin un sistema de justicia militar y con una perspectiva de etnia y pueblos originarios.

La Democracia se entiende como el único sistema de gobierno válido. Debe ser participativa e incluir la posibilidad de llevar a cabo plebiscitos y referéndums, educando sobre este valor y con cargos públicos rotativos y límites en la reelección.

Además, se indica que el Estado debe garantizar la participación ciudadana en toma de decisiones. Asimismo el respeto por el medio ambiente y conservación se destacó como una forma de cuidar la propia especie humana.

En ese ítem también se señaló que se deberían nacionalizar los recursos naturales. Respecto a la igualdad se propuso que debe ser económica y social de derechos y oportunidades. En ese aspecto se mencionaron conceptos como equidad ante la ley, equidad de género, acceso a la justicia, inclusión, igualdad ante los derechos y acceso de oportunidades.

Sobre la descentralización se señaló que esta debe entender como el “deber de un reconocimiento real de los territorios para que puedan decidir cómo quieren desarrollarse según su realidad, respetando la diversidad de naciones y principios multiculturales, con mecanismos de participación y poder local para la toma de decisiones.

Ésta debe ser a nivel nacional, regional, provincial y comunal, incluyendo una distribución equitativa de los recursos. Las desigualdades intrarregionales deben ser compensadas, considerando la particularidad de distintos territorios”.

También se mencionó el respeto a los Derechos Humanos, y se indicó que estos deben ser incluidos en todo el proceso educacional de formación cívica, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Las bases ciudadanas señalan que el Estado debe ser responsable del resguardo del patrimonio histórico y cultural, instalando mecanismos de promoción cultural con fines públicos.

En las conclusiones del informa también se habla de un Congreso unicameral que cumpla la función “legislativa y fiscalizadora que tiene, agilizando el trámite parlamentario y rebajando los recursos que se gasten al mantener dos cámaras”.

Asimismo se propuso un “defensor del pueblo”. Esta entidad se indicó debía ser autónoma, con un patrimonio propio y descentralizado para ayudar en la defensa de los derechos ciudadanos “contra los abusos de los poderosos y del propio Estado”. Por último se señaló que las FF.AA. deben estar subordinadas al poder civil para no repetir el quebrantamiento de la institucionalidad.

Deben ser democráticas no discriminatorias subordinadas al poder civil, eliminando ley reservada cobre y sin justicia ni previsión especial.

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/04/966100/Nueva-Constitucion.html

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