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Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile exige medidas económicas y sanitarias urgentes para enfrentar la crisis

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La Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, en conjunto con la consejera regional Nataly Campusano, oficiaron al ministerio de Transporte y de Hacienda solicitando una pronta reunión con las autoridades, con el fin de determinar una política nacional de subsidios para los trabajadores de este rubro, que contemple la inyección directa de recursos económicos para enfrentar las graves consecuencias de la crisis sanitaria.

Es de público conocimiento que las medidas de confinamiento obligatorio y los constantes llamados a quedarse en casa desde la llegada de la pandemia del Covid-19, han repercutido fuertemente en diversos rubros comerciales, disminuyendo los ingresos a cero en muchos casos. Uno de ellos es el de los conductores del transporte público, quienes en su mayoría obtienen sus ganancias por cada boleto cortado y que, con la situación actual, solamente han ido a la baja.

En cuanto a cifras, algunas agrupaciones han asegurado que la disminución de sus ingresos ha sido del 90% y que, con lo que ganan actualmente cada jornada, no alcanzan a sostener ni sus mínimas necesidades, tal como lo explicó Hugo Arce, vicepresidente de la Federación de Conductores de Valparaíso.

Los conductores de Chile estamos viviendo la peor situación económica que se ha registrado en la historia de Chile. A partir del estallido social y después de la pandemia ha bajado enormemente la producción económica. Acá en regiones se trabaja por corte de boletos, y si antes se ganaba treinta mil pesos, ahora se están ganando de dos mil a tres mil pesos diarios. Estamos totalmente desamparados”, sostuvo.

También se encuentran profundamente preocupados ante su exposición a contagiarse durante los turnos de trabajo, razón por la cual solicitaron hace meses la implementación de medidas especiales, como la sanitización de las garitas, así como la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) a cada uno de los conductores. Sin embargo, a pesar de que las empresas a cargo de cada línea obtuvieron los recursos para hacerlo, ninguna de estas medidas se llevó a cabo, según lo indicó Luis Núñez, presidente de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile.

Muchos conductores son adultos mayores y enfermos crónicos no han podido trabajar desde fines de marzo, y no han recibido ni un peso de ingresos. Por otro lado, pese a recibir todo tipo de subsidios y ser responsables de sus trabajadores, los operadores del transporte en regiones no fueron capaces de entregar los EPP a los conductores, para dar la protección al Covid-19. No entregaron alcohol gel para ser usado en las horas de trabajo, y debemos recordar que en regiones seguimos cobrando pasajes en efectivo, exponiéndonos directamente al contagio del virus, ni sanitizaron los espacios comunes, por lo que es urgente reunirse con la autoridad”, señaló.

Ante toda esta situación es que la consejera regional Nataly Campusano decidió enviar un oficio a los ministros de Hacienda y de Transporte, con el fin de buscar una solución conjunta y rápida, y que considere la entrega de un subsidio para los trabajadores en el corto plazo, así como el endurecimiento de protocolos sanitarios, fiscalizaciones y sanciones a quienes no entreguen los elementos de protección necesarios para evitar la propagación del coronavirus.

Requerimos a la ministra de transporte, Gloria Hutt, un programa nacional de subsidios para los conductores del transporte público urbano y rural, que contemple una inyección directa de recursos para que puedan enfrentar los costos que ha generado esta crisis. A su vez, solicitamos protocolos más estrictos para las empresas del transporte público, y un aumento de las fiscalizaciones y sanciones por incumplimiento de las medidas sanitarias”, manifestó.

En el oficio, firmado por la representando del órgano colegiado y los siete voceros de cada región que pertenece a la Coordinadora, solicitaron una pronta reunión con ambos representantes del Gobierno, con el objetivo de plantear en detalle todas estas preocupaciones y trabajar en una solución.

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Con votación unánime, Congreso despacha Ley que asegura el pago de pensiones alimenticias con el 10% de la AFP

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Con esta aprobación, la iniciativa culminó su trámite legislativo, quedando lista para ser promulgada y convertirse en ley.

De manera unánime, la Sala del Senado aprobó esta tarde, por 41 votos a favor, la Ley presentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para resguardar y asegurar el pago de las pensiones alimenticias con el retiro del 10% de los fondos de AFP.

Así, la nueva normativa, que comenzará a regir en breve plazo, permitirá que:

Apenas presentada la solicitud de retención por parte del alimentario (en tramitefacil.pjud.cl), el juez deberá notificar a las AFP, en un máximo 48 horas, que los fondos previsionales del deudor se encuentras retenidos. Luego, las compañías serán las encargadas de comunicar a sus afiliados sobre el estado de sus dineros.

El hecho de hacer efectiva la retención con la mera notificación del Tribunal a las AFP, soluciona el problema que tienen los Juzgados de Familia para ubicar a los deudores de pensiones alimenticias y poder notificarle de sus distintas resoluciones.

La nueva ley, además, establece que si la persona que realizó la solicitud no conoce cuál es la AFP del demando, entonces el Tribunal deberá notificar de esta retención a todas las AFP del país, para cautelar el pago.Asimismo, la nueva normativa permite que los jueces de familia puedan proceder de oficio, y retengan los dineros en todas aquellas causas, con deudas ya liquidadas, que tengan conocimiento, independiente de si el alimentario ingresó o no la solicitud en el Poder Judicial.

Estas medidas de retención tendrán valor durante todo el tiempo en que se mantengan las respectivas causas de familia abiertas, sin necesidad de renovación por parte del demandante.

Además, la nueva normativa establece que las AFP tendrán la obligación de consultar a sus afiliados si tienen o no obligaciones alimentarias al momento de iniciar el trámite de retiro de fondos.

De ser afirmativa la respuesta, la AFP no podrá hacer entrega de esos dineros, a menos que el deudor compruebe que saldó las pensiones impagas. Pero si la persona indica que no tiene deudas y recibe el pago, pero luego el tribunal ordena la retención de los dineros porque en realidad si poseía pensiones impagas, entonces los antecedentes son derivados al Ministerio Público para que investigue los hechos.

Finalmente, la nueva ley establece que los Tribunales de Familia deberán, periódicamente, remitir a las AFPs una nómina de deudores de pensiones alimenticias, con detalles de los montos que deben.

Sobre la aprobación, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que “el Senado, por la unanimidad de sus miembros, aprobó hoy día el proyecto de nuestro Gobierno, destinado a asegurar que la retención del 10% de los fondos previsionales, permita pagar la deuda alimentaria que muchos tienen con mujeres, niñas, niños y adolescentes. Con esta nueva ley, vamos a permitir que se haga justicia con esos cientos de miles de niños, niñas y mamás, que han sido postergados por años, por culpa de deudores que no les cumplen con su obligación y se olvidan de sus hijos. De esta manera, junto con el trabajo que ha hecho el Poder Judicial, vamos a permitir que no se burle esta posibilidad que se abrió con esta reforma. Agradecemos el respaldo que se le ha dado a nuestra iniciativa y esperamos que sea Ley de la República en los próximos días”.

Para la seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Coquimbo, Alejandra Valdovinos, “solo hasta el mes de julio se realizaron cerca de 16.283 solicitudes de retención del 10% a los alimentantes, una cifra altísima si se compara con el mes de junio, en el que se solicitaron sólo 829 en nuestra región. Por lo que esta Ley cobra mucho valor para todos aquellos que se beneficiarán con esta ley, principalmente para el favorecimiento de niños, niñas y jóvenes” finalizó.

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23 mil solicitudes aceptadas en una hora: postulación al bono de $500 mil ya está disponible

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Luego que este sábado se habilitara el sitio web para acceder al bono clase media de 500 mil pesos, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que durante la primera hora se aceptaron 23 mil solicitudes.

Así lo señaló la autoridad a través de su cuenta de Twitter, donde agregó que están trabajando para agilizar el proceso, para que en caso de cumplir los requisitos, el postulante reciba el dinero antes del término de la próxima semana.

El ministro agregó en la publicación que el sitio web podría podría terminar saturado, producto de la alta demanda de solicitudes.

El bono beneficiará a personas que antes de la crisis sanitaria recibían un sueldo de entre 500 mil y un millón y medio de pesos, pero que su salario disminuyó en al menos en un 30% sus ingresos producto de la pandemia.

A eso de las 21:00 horas del sábado, el ministro informó por la mencionada red social que la página quedó disponible en tiempo récord, luego que se publicara la ley aprobada el pasado jueves.

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Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprueba Reglamento para la Ley de Humedales Urbanos

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  • Este jueves, el Reglamento de la Ley Nª21.202, que establece Criterios Mínimos para la Sustentabilidad para Humedales Urbanos y el procedimiento de reconocimiento de humedales urbanos, fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, acción que marca un refuerzo en la protección de los humedales en las ciudades. El documento fue trabajado por el Ministerio del Medio Ambiente con el apoyo de un equipo consultor experto en humedales y comunidades del norte a sur de Chile.

Con la aprobación de este reglamento y su próxima publicación, empieza a implementarse el proceso de reconocimiento de la calidad de humedales urbanos y se establecen, por primera vez, criterios mínimos para su sustentabilidad. Con ello, se buscará el resguardo efectivo de los beneficios que estos ecosistemas entregan a las ciudades, como áreas verdes, recreación, ecoturismo, control de inundaciones, mitigación del cambio climático, entre otros.

Para la definición de criterios de sustentabilidad de humedales urbanos, el Ministerio del Medio Ambiente contó con el apoyo de ONU Medio Ambiente, bajo el Proyecto GEF Humedales Costeros, y un equipo de expertos en conservación y gestión de humedales del Centro de Humedales del río Cruces de la Universidad Austral de Chile (CEHUM), el Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la consultora experta en planificación urbana, Geoadaptive.
“Con este reglamento, buscamos asegurar la protección de los humedales urbanos, otorgando a los municipios herramientas para proteger y conservar a estos ecosistemas, a través de lineamientos para establecer ordenanzas de protección de humedales, además de ser considerados en la Planificación Territorial a toda escala como área de protección de valor natural”, aseguró la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Luego de la aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, junto al alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, recorrieron el Humedal La Poza, instancia en que el Municipio solicitó proteger el sector bajo la nueva Ley de Humedales Urbanos.

“Este reglamento es especialmente importante para esta comuna ya que tenemos 670 humedales, 14 de ellos en el sector urbano, por lo tanto con este reglamento vamos a proteger su flora, y fauna, además nos vamos a preocupar de embellecerlos para que la comunidad pueda aprovecharlos” afirmó el Alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira.

El Reglamento de Criterios Mínimos para la Sustentabilidad para Humedales Urbanos entregará lineamientos técnicos que permitan la sustentabilidad de estos humedales, resguardando sus características ecológicas e hidrológicas, promoviendo el uso racional de estos ecosistemas y la gobernanza de ellos, además de guiar a municipios en la elaboración de sus ordenanzas generales de protección de humedales. Además,  compromete la elaboración de guías técnicas de apoyo para la implementación efectiva de los criterios, la delimitación y caracterización de humedales urbanos y para la evaluación ambiental de proyectos o actividades que se pretendan emplazar en humedales urbanos, además de definir el procedimiento que permitirá el reconocimiento de humedales urbanos en todo el país (ya sea por interés del MMA o por solicitudes de los mismos municipios) y con ello, comenzar con la declaración de los primeros humedales urbanos en el marco de la ley 21.202.

La propuesta de criterios de sustentabilidad de humedales urbanos fue analizada en 13 talleres remotos en que participaron alrededor de 400 personas. Estos criterios analizados por expertos a nivel nacional, de diferentes servicios públicos, academia, organizaciones de la sociedad civil y sector privado, se dieron a conocer para recoger visiones respecto a la factibilidad de implementación de la propuesta preliminar de criterios para la sustentabilidad de humedales urbanos elaborada por el equipo consultor.

Los principales resultados de estos talleres dieron cuenta de la necesidad de fortalecer capacidades técnicas de los municipios y contar con apoyo técnico en materias de medio ambiente para la implementación de los criterios, la necesidad de propiciar instancias de participación ciudadana activa con el fin de involucrar a todos los actores del territorio, la urgencia de gestionar los humedales urbanos manteniendo sus características ecológicas e hidrológicas,  y la oportunidad de avanzar hacia el desarrollo de proyectos y actividades sustentables que integren a los humedales urbanos.

Adicionalmente a este proceso de talleres, se realizó una encuesta distribuida a nivel nacional respondida por más de 400 personas, con el objetivo de identificar las principales amenazas que afectan a los humedales urbanos de Chile, y las oportunidades para su gestión. Algunas amenazas identificadas fueron la modificación del sistema natural por drenado y relleno, la presencia de basura y escombros, y el cambio en precipitación y régimen hidrológico producto del cambio climático, entre otras.

Mediante una mesa de trabajo intraministerial, entre la División Jurídica, la Oficina de Evaluación Ambiental, la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana y la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, del MMA se dio pie a la elaboración de la propuesta final de Reglamento de Criterios Mínimos de Sustentabilidad, elaborada en base a los resultados de la consultoría, que además incorpora el procedimiento de reconocimiento de humedales urbanos, y que cuenta con una serie de criterios para la sustentabilidad de humedales urbanos, divididos en cuatro grupos:

i.    Criterios que permiten resguardar las características ecológicas y el funcionamiento de los humedales urbanos, por medio de la conservación, protección y/o restauración de las características ecológicas de los humedales urbanos y promover la mantención de la conectividad biológica en estos ecosistemas claves.
ii.    Criterios que permiten mantener el régimen y conectividad hidrológica tanto superficial como subterránea de los humedales urbanos, considerando que al agua el principal factor controlador del ecosistema, y define la flora y fauna que lo forma.
iii.    Criterios de uso racional de humedales urbanos, orientado al desarrollo sustentable y protección de estos ecosistemas, considerando a los humedales como elementos clave para promover un desarrollo urbano armónico con el entorno natural.
iv.    Criterios que permiten la gestión sustentable y gobernanza de los humedales urbanos, propiciando la participación efectiva y gobernanza de humedales urbanos, así como la educación ambiental e investigación aplicada en humedales.

Luego de la aprobación por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el reglamento debe continuar con su tramitación legal,  siendo firmado por el presidente, y posteriormente tomado de razón por la Contraloría General de la República, para luego ser publicado en el Diario Oficial y entrar en plena vigencia, permitiendo implementar de manera efectiva la Ley de Humedales Urbanos en su totalidad.

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