En el marco de la celebración del Día de las y los Periodistas, quiero destacar el rol que juegan los comunicadores a la hora de generar debates, profundizar la democracia y apoyar el desarrollo de los territorios. Sin ir más lejos, esto lo podemos ver en la Región de Coquimbo. Hace pocos días participamos de la conmemoración de los 30 años de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena, un espacio académico que ha contribuido a la formación de destacados profesionales, que no sólo se han quedado en la zona, si no que están dispersos por el país buscando incorporar a las comunicaciones la mirada regional y descentralizadora que tanto anhelamos. Es por ello, que me parece fundamental rememorar el rol que han cumplido los periodistas en la historia de nuestro país, sobre todo el papel que desempañaron en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Este año, cuando conmemoramos 50 años del golpe militar, recordamos a tantos y tantas periodistas que fueron perseguidos y asesinados, solo por cumplir con la labor de informar sobre la represión política y de derechos que afectaban a los chilenos entre 1973 y 1990. Democracia es memoria y futuro, por eso, como Gobierno, estamos comprometidos a que estos hechos no se vuelvan a repetir, una de estas medidas es a través de nuestro respaldo a un proyecto de ley, que estaba olvidado, y que busca generar una modificación del Código Penal para establecer una protección especial para las personas que ejerzan labores de comunicación y periodísticas, estableciendo garantías respecto a la protección y el resguardo de la función de trabajadores de las comunicaciones, no solamente de las y los periodistas, sino también camarógrafos, fotógrafos, reporteros, editores e incluso aquellos que contribuyen a la movilización de los equipos de prensa para hacer una cobertura. Sabemos que este es una parte del debate, pero debemos seguir conversando, globalmente, sobre cómo seguimos garantizando y fortaleciendo los derechos asociados a la comunicación e información, además del ejercicio del periodismo y la diversidad de los medios de comunicación. Esto ad portas, de que Chile se convierta en la sede de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa el 2024. Hoy, más que nunca, mantenemos firme nuestro compromiso con robustecer los derechos asociados a la comunicación e información, además de vigorizar el ejercicio periodístico en un escenario medios diversos, por eso ¡Feliz Día a las y los Periodistas que contribuyen día a día al desarrollo de nuestra Región de Coquimbo!
Por: Rubén García Tapia, seremi de Justicia y Derechos Humanos Coquimbo El futuro Servicio Nacional de Acceso a la justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, es un proyecto de ley que unifica la gestión que actualmente llevan las Corporaciones de Asistencia Judicial y que, si bien mantienen sus líneas de acción y unidades operativas, se crea un nuevo servicio descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, centrado en las personas, con líneas de especialización y mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Ahora bien, ¿Qué implica que se transforme en un servicio público? La unificación del servicio va a permitir colaborar de manera más activa en la evaluación, mejoramiento y ejecución de las políticas, planes y programas que permita un acceso democrático a la justicia. El nuevo servicio, además, tiene por objeto promover la educación en derechos, la solución colaborativa de conflictos y el apoyo psicosocial, sin perder, por supuesto la labor de otorgar asesoría, defensa y representación jurídica, a sus beneficiarios mediante líneas de acción especializadas, de manera gratuita a las personas y grupos vulnerables. Unas de las grandes novedades que trae este proyecto de ley, es la creación de la Defensoría de Víctimas de Delitos, esto último cobra vital relevancia, ya que el proyecto de ley viene a corregir las inequidades materiales del sistema penal y entrega a la víctima de atención socio jurídica integral y representación judicial especializada con el fin de lograr la participación, reparación y protección en todas las etapas del proceso penal, desde la denuncia hasta la ejecución total de la condena. En este sentido, el proyecto de ley contempla esenciales modificaciones al Código Procesal Penal, pudiendo el servicio solicitar, previa autorización de la propia víctima, información respecto del curso de la investigación, el procedimiento, y sus resultados; incluyendo también conocer sobre la decisión de una suspensión del procedimiento, del sobreseimiento temporal o definitivo, y otras causales de término de la causa. Es importante destacar que el actual Código Procesal Penal no considera a la víctima como interviniente en etapas de ejecución de la pena o medida de seguridad impuesta, por lo que se considera la posibilidad de incluir la participación de la víctima como interviniente. Los avances que propone este proyecto de ley, en definitiva, nos permitirá poder desplegar políticas públicas orientadas hacia un mejoramiento del acceso a la justicia, identificación y satisfacción de necesidades jurídico sociales de víctimas de delitos violentos, comunidades rurales, mujeres, disidencias, y en definitiva, que el acceso a la justicia, no este ceñido a la capacidad económica de las personas, sino que sea un acceso democrático y especializado de la justicia para todas y todos.
En el marco de la celebración del Día de las y los Periodistas, quiero destacar el rol que juegan los comunicadores a la hora de generar debates, profundizar la democracia y apoyar el desarrollo de los territorios. Sin ir más lejos, esto lo podemos ver en la Región de Coquimbo. Hace pocos días participamos de la conmemoración de los 30 años de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena, un espacio académico que ha contribuido a la formación de destacados profesionales, que no sólo se han quedado en la zona, si no que están dispersos por el país buscando incorporar a las comunicaciones la mirada regional y descentralizadora que tanto anhelamos. Es por ello, que me parece fundamental rememorar el rol que han cumplido los periodistas en la historia de nuestro país, sobre todo el papel que desempañaron en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Este año, cuando conmemoramos 50 años del golpe militar, recordamos a tantos y tantas periodistas que fueron perseguidos y asesinados, solo por cumplir con la labor de informar sobre la represión política y de derechos que afectaban a los chilenos entre 1973 y 1990. Democracia es memoria y futuro, por eso, como Gobierno, estamos comprometidos a que estos hechos no se vuelvan a repetir, una de estas medidas es a través de nuestro respaldo a un proyecto de ley, que estaba olvidado, y que busca generar una modificación del Código Penal para establecer una protección especial para las personas que ejerzan labores de comunicación y periodísticas, estableciendo garantías respecto a la protección y el resguardo de la función de trabajadores de las comunicaciones, no solamente de las y los periodistas, sino también camarógrafos, fotógrafos, reporteros, editores e incluso aquellos que contribuyen a la movilización de los equipos de prensa para hacer una cobertura. Sabemos que este es una parte del debate, pero debemos seguir conversando, globalmente, sobre cómo seguimos garantizando y fortaleciendo los derechos asociados a la comunicación e información, además del ejercicio del periodismo y la diversidad de los medios de comunicación. Esto ad portas, de que Chile se convierta en la sede de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa el 2024. Hoy, más que nunca, mantenemos firme nuestro compromiso con robustecer los derechos asociados a la comunicación e información, además de vigorizar el ejercicio periodístico en un escenario medios diversos, por eso ¡Feliz Día a las y los Periodistas que contribuyen día a día al desarrollo de nuestra Región de Coquimbo!
Por: Rubén García Tapia, seremi de Justicia y Derechos Humanos Coquimbo El futuro Servicio Nacional de Acceso a la justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, es un proyecto de ley que unifica la gestión que actualmente llevan las Corporaciones de Asistencia Judicial y que, si bien mantienen sus líneas de acción y unidades operativas, se crea un nuevo servicio descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, centrado en las personas, con líneas de especialización y mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Ahora bien, ¿Qué implica que se transforme en un servicio público? La unificación del servicio va a permitir colaborar de manera más activa en la evaluación, mejoramiento y ejecución de las políticas, planes y programas que permita un acceso democrático a la justicia. El nuevo servicio, además, tiene por objeto promover la educación en derechos, la solución colaborativa de conflictos y el apoyo psicosocial, sin perder, por supuesto la labor de otorgar asesoría, defensa y representación jurídica, a sus beneficiarios mediante líneas de acción especializadas, de manera gratuita a las personas y grupos vulnerables. Unas de las grandes novedades que trae este proyecto de ley, es la creación de la Defensoría de Víctimas de Delitos, esto último cobra vital relevancia, ya que el proyecto de ley viene a corregir las inequidades materiales del sistema penal y entrega a la víctima de atención socio jurídica integral y representación judicial especializada con el fin de lograr la participación, reparación y protección en todas las etapas del proceso penal, desde la denuncia hasta la ejecución total de la condena. En este sentido, el proyecto de ley contempla esenciales modificaciones al Código Procesal Penal, pudiendo el servicio solicitar, previa autorización de la propia víctima, información respecto del curso de la investigación, el procedimiento, y sus resultados; incluyendo también conocer sobre la decisión de una suspensión del procedimiento, del sobreseimiento temporal o definitivo, y otras causales de término de la causa. Es importante destacar que el actual Código Procesal Penal no considera a la víctima como interviniente en etapas de ejecución de la pena o medida de seguridad impuesta, por lo que se considera la posibilidad de incluir la participación de la víctima como interviniente. Los avances que propone este proyecto de ley, en definitiva, nos permitirá poder desplegar políticas públicas orientadas hacia un mejoramiento del acceso a la justicia, identificación y satisfacción de necesidades jurídico sociales de víctimas de delitos violentos, comunidades rurales, mujeres, disidencias, y en definitiva, que el acceso a la justicia, no este ceñido a la capacidad económica de las personas, sino que sea un acceso democrático y especializado de la justicia para todas y todos.