La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación. La jueza Cristina Cabello absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica en 2019, aplicando la legítima defensa privilegiada establecida por la Ley Naín-Retamal. En su fallo, la magistrada determinó que se acreditaron los requisitos de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado, amparando así la conducta del acusado bajo esta causal de justificación. La decisión judicial, que aplicó la norma de 2023 de forma retroactiva, desató una inmediata división en el oficialismo. Parlamentarios del PC y el Frente Amplio responsabilizaron al gobierno y a los partidos que apoyaron la ley, lo que provocó que el Partido Socialista congelara su participación en la alianza gubernamental. El presidente Gabriel Boric se desligó de la iniciativa, afirmando que “la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno”, sino una fusión de proyectos parlamentarios que su administración promulgó tras intervenir con indicaciones que, en su mayoría, no prosperaron. La ley, que rinde homenaje a dos carabineros fallecidos, fue aprobada en abril de 2023 con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, recibiendo un “apoyo muy macizo” según la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Su aprobación se aceleró tras el asesinato de la sargento Rita Olivares. La legislación establece una legítima defensa privilegiada para los miembros de Carabineros, la PDI y otras fuerzas policiales cuando utilizan sus armas en actos de servicio, invirtiendo la carga de la prueba al presumir que actuaron en defensa propia. También aumenta las penas para delitos cometidos contra funcionarios policiales y contempla una retroactividad penal más favorable, permitiendo que sus beneficios se apliquen a juicios iniciados después de su vigencia, incluso si los hechos ocurrieron antes, como sucedió en el caso de Claudio Crespo. La norma benefició al imputado mediante el principio de retroactividad penal más favorable, ya que el juicio comenzó en 2024, mientras los hechos ocurrieron en noviembre de 2019. Según reportó Emol , la controversia llevó al gobierno a eliminar cualquier referencia a la ley en su listado de “avances” publicado en su página web. Fuente: CNN Chile País
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el martes el proceso de revisión del reajuste al sector público, luego de la presentación realizada por los ministros de Hacienda y del Trabajo, Nicolás Grau y Giorgio Boccardo. Según informó la Cámara, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno, la CUT y 10 organizaciones gremiales del sector público. El reajuste propuesto contempla un incremento general del 2,0% a partir del 1 de diciembre de 2025, aplicable a diversas remuneraciones y beneficios para los trabajadores del sector público. Posteriormente, a partir del 1 de junio de 2026, se otorgará un reajuste adicional del 1,4%, alcanzando un total del 3,4%. En cuanto a las mejoras adicionales incluidas en el proyecto, Boccardo mencionó que se establecen cambios en el funcionamiento de las asociaciones de funcionarios y sus dirigentes, así como la renuncia obligatoria de los asesores de gabinete del Gobierno antes del 11 de marzo de 2026. Además, se exige a las autoridades informar antes del 27 de febrero la cantidad de funcionarios contratados en sus gabinetes. Otra medida relevante es la normativa que busca evitar la discrecionalidad en la no renovación de contratos. El ministro Grau detalló que el reajuste también contempla bonos ajustados en un 3,4%, destinados a aguinaldos, bonos vacacionales, escolaridad y aportes al servicio de bienestar. Según Grau, este reajuste beneficiará a más de 951 mil personas activas y más de 3 millones 144 mil personas pasivas. Durante la discusión en la comisión, algunos diputados propusieron dividir la propuesta para agilizar su trámite y solicitaron mayor claridad sobre el financiamiento necesario para sostener el proyecto. Por otro lado, algunos parlamentarios destacaron la importancia de aprobar rápidamente el proyecto. La comisión continuará analizando el tema en sesiones programadas para este miércoles desde las 8:30 horas. Fuente: CNN Chile País
El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, con un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026. La iniciativa formaliza un acuerdo previo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, generando controversia en la oposición por posibles implicancias laborales ante el cambio de administración. El proyecto contempla un reajuste nominal del 3,4% para los funcionarios estatales, dividido en dos etapas: un 2% a partir del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año. Según el informe financiero, esto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen. Además del reajuste salarial, se establecen cambios en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios públicos activos, con montos específicos según sus ingresos mensuales. Por otro lado, se posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo nuevas actividades a Correos de Chile y ENAP. En cuanto al teletrabajo, se extiende su vigencia hasta 2028 para instituciones estatales de educación superior, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En materia laboral, se prohíbe suspender el pago de asignaciones a dirigentes sindicales por el uso de permisos y se establece que las asambleas deben realizarse preferentemente fuera del horario laboral. Finalmente, se incorporan excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios mayores de 75 años, permitiendo que ocupen cargos específicos dentro del Estado. El proyecto abarca una serie de medidas misceláneas que buscan regular diversos aspectos laborales y financieros en el sector público. Fuente: CNN Chile País
El canciller Alberto van Klaveren expresó su preocupación por la reciente controversia generada por la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, luego de una entrevista concedida a un medio radial y una publicación en Instagram. En relación a este tema, el ministro van Klaveren señaló que están verificando si se cumplieron los protocolos vigentes en materia de política exterior. En sus palabras, hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre y queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos vigentes, justamente en todo lo que tiene que ver con los dichos de nuestros embajadores. Respecto a las declaraciones de la embajadora Pakarati, el canciller destacó que las expresiones de la embajadora Pakarati respecto de situaciones internas que pueden vincularse con las relaciones entre pueblos originarios y nuestro sistema político, entendemos que son expresiones a título personal y no reflejan necesariamente la posición del Gobierno ni de la Cancillería. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) confirmó que la embajadora fue reprendida por la publicación en redes sociales. Según indicaron a La Tercera, Pakarati se disculpó por el error y retiró la imagen. Ante esta situación, el canciller enfatizó que Ella se equivocó en esta materia, ya hemos hecho presente esa equivocación y, como dije anteriormente, lo que estamos evaluando es si se cumplieron o no los protocolos existentes. Además, agregó: Nosotros no tenemos constancia de esa solicitud de permiso para dar la entrevista, pero hay que ver también el contexto y las circunstancias en las que se produjo. Eso requiere un análisis mayor que estamos efectuando. Estamos evaluando la situación y no quiero adelantar ninguna conclusión al respecto. Obviamente, al realizar una investigación, todas las opciones están abiertas. Fuente: CNN Chile País
En la última encuesta Cadem del año se abordaron las actividades que ha desarrollado el presidente electo estos días y la conformación del futuro gobierno. La última encuesta Plaza Pública de Cadem analizó el posible respaldo del presidente electo José Antonio Kast a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según el sondeo, el 52% de los encuestados considera que Kast debería apoyar la candidatura de la expresidenta, mientras que un 38% se opone a ello y un 10% dijo no tener una opinión definida al respecto. El respaldo se da especialmente entre los que votaron por Jeannette Jara (89%) y los que votaron nulo, blanco o no votaron (56%). Entre quienes votaron por el líder republicano, el 68% está en contra. Sobre el futuro gobierno de Kast, un 55% cree que a Chile le va a ir bien o muy bien bajo la nueva administración, mientras que el 23% piensa que le va a ir mal o muy mal y el 18% que le irá regular. La mayoría de quienes piensan que al país le irá bien se identifican con la derecha (89%), centro (62%) e independientes (52%), mientras los que creen que le irá mal se identifican en su mayoría con la izquierda (60%). Por otra parte, el 31% cree que la reunión más relevante que ha sostenido Kast hasta el momento es con la contralora Dorothy Pérez, 29% con los comandantes de las FF.AA. y de Orden, 28% con el presidente Gabriel Boric, 25% con Javier Milei y 23% con Bachelet. Respecto a la conformación del nuevo gabinete, el 54% está de acuerdo con que ejecutivos del sector privado sean nombrados como ministros y el 46% apoya también la idea con respecto a exgenerales o comandantes de las FF.AA. y de orden. A su vez, el 56% de los consultados y consultadas en esta oportunidad está en contra de que senadores, diputados o alcaldes en ejercicio asuman ese tipo de cargo y el 58% se opone si se trata de senadores o diputados recientemente electos. Fuente: CNN Chile País
La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación. La jueza Cristina Cabello absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica en 2019, aplicando la legítima defensa privilegiada establecida por la Ley Naín-Retamal. En su fallo, la magistrada determinó que se acreditaron los requisitos de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado, amparando así la conducta del acusado bajo esta causal de justificación. La decisión judicial, que aplicó la norma de 2023 de forma retroactiva, desató una inmediata división en el oficialismo. Parlamentarios del PC y el Frente Amplio responsabilizaron al gobierno y a los partidos que apoyaron la ley, lo que provocó que el Partido Socialista congelara su participación en la alianza gubernamental. El presidente Gabriel Boric se desligó de la iniciativa, afirmando que “la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno”, sino una fusión de proyectos parlamentarios que su administración promulgó tras intervenir con indicaciones que, en su mayoría, no prosperaron. La ley, que rinde homenaje a dos carabineros fallecidos, fue aprobada en abril de 2023 con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, recibiendo un “apoyo muy macizo” según la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Su aprobación se aceleró tras el asesinato de la sargento Rita Olivares. La legislación establece una legítima defensa privilegiada para los miembros de Carabineros, la PDI y otras fuerzas policiales cuando utilizan sus armas en actos de servicio, invirtiendo la carga de la prueba al presumir que actuaron en defensa propia. También aumenta las penas para delitos cometidos contra funcionarios policiales y contempla una retroactividad penal más favorable, permitiendo que sus beneficios se apliquen a juicios iniciados después de su vigencia, incluso si los hechos ocurrieron antes, como sucedió en el caso de Claudio Crespo. La norma benefició al imputado mediante el principio de retroactividad penal más favorable, ya que el juicio comenzó en 2024, mientras los hechos ocurrieron en noviembre de 2019. Según reportó Emol , la controversia llevó al gobierno a eliminar cualquier referencia a la ley en su listado de “avances” publicado en su página web. Fuente: CNN Chile País
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el martes el proceso de revisión del reajuste al sector público, luego de la presentación realizada por los ministros de Hacienda y del Trabajo, Nicolás Grau y Giorgio Boccardo. Según informó la Cámara, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno, la CUT y 10 organizaciones gremiales del sector público. El reajuste propuesto contempla un incremento general del 2,0% a partir del 1 de diciembre de 2025, aplicable a diversas remuneraciones y beneficios para los trabajadores del sector público. Posteriormente, a partir del 1 de junio de 2026, se otorgará un reajuste adicional del 1,4%, alcanzando un total del 3,4%. En cuanto a las mejoras adicionales incluidas en el proyecto, Boccardo mencionó que se establecen cambios en el funcionamiento de las asociaciones de funcionarios y sus dirigentes, así como la renuncia obligatoria de los asesores de gabinete del Gobierno antes del 11 de marzo de 2026. Además, se exige a las autoridades informar antes del 27 de febrero la cantidad de funcionarios contratados en sus gabinetes. Otra medida relevante es la normativa que busca evitar la discrecionalidad en la no renovación de contratos. El ministro Grau detalló que el reajuste también contempla bonos ajustados en un 3,4%, destinados a aguinaldos, bonos vacacionales, escolaridad y aportes al servicio de bienestar. Según Grau, este reajuste beneficiará a más de 951 mil personas activas y más de 3 millones 144 mil personas pasivas. Durante la discusión en la comisión, algunos diputados propusieron dividir la propuesta para agilizar su trámite y solicitaron mayor claridad sobre el financiamiento necesario para sostener el proyecto. Por otro lado, algunos parlamentarios destacaron la importancia de aprobar rápidamente el proyecto. La comisión continuará analizando el tema en sesiones programadas para este miércoles desde las 8:30 horas. Fuente: CNN Chile País
El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, con un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026. La iniciativa formaliza un acuerdo previo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, generando controversia en la oposición por posibles implicancias laborales ante el cambio de administración. El proyecto contempla un reajuste nominal del 3,4% para los funcionarios estatales, dividido en dos etapas: un 2% a partir del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año. Según el informe financiero, esto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen. Además del reajuste salarial, se establecen cambios en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios públicos activos, con montos específicos según sus ingresos mensuales. Por otro lado, se posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo nuevas actividades a Correos de Chile y ENAP. En cuanto al teletrabajo, se extiende su vigencia hasta 2028 para instituciones estatales de educación superior, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En materia laboral, se prohíbe suspender el pago de asignaciones a dirigentes sindicales por el uso de permisos y se establece que las asambleas deben realizarse preferentemente fuera del horario laboral. Finalmente, se incorporan excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios mayores de 75 años, permitiendo que ocupen cargos específicos dentro del Estado. El proyecto abarca una serie de medidas misceláneas que buscan regular diversos aspectos laborales y financieros en el sector público. Fuente: CNN Chile País
El canciller Alberto van Klaveren expresó su preocupación por la reciente controversia generada por la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, luego de una entrevista concedida a un medio radial y una publicación en Instagram. En relación a este tema, el ministro van Klaveren señaló que están verificando si se cumplieron los protocolos vigentes en materia de política exterior. En sus palabras, hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre y queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos vigentes, justamente en todo lo que tiene que ver con los dichos de nuestros embajadores. Respecto a las declaraciones de la embajadora Pakarati, el canciller destacó que las expresiones de la embajadora Pakarati respecto de situaciones internas que pueden vincularse con las relaciones entre pueblos originarios y nuestro sistema político, entendemos que son expresiones a título personal y no reflejan necesariamente la posición del Gobierno ni de la Cancillería. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) confirmó que la embajadora fue reprendida por la publicación en redes sociales. Según indicaron a La Tercera, Pakarati se disculpó por el error y retiró la imagen. Ante esta situación, el canciller enfatizó que Ella se equivocó en esta materia, ya hemos hecho presente esa equivocación y, como dije anteriormente, lo que estamos evaluando es si se cumplieron o no los protocolos existentes. Además, agregó: Nosotros no tenemos constancia de esa solicitud de permiso para dar la entrevista, pero hay que ver también el contexto y las circunstancias en las que se produjo. Eso requiere un análisis mayor que estamos efectuando. Estamos evaluando la situación y no quiero adelantar ninguna conclusión al respecto. Obviamente, al realizar una investigación, todas las opciones están abiertas. Fuente: CNN Chile País
En la última encuesta Cadem del año se abordaron las actividades que ha desarrollado el presidente electo estos días y la conformación del futuro gobierno. La última encuesta Plaza Pública de Cadem analizó el posible respaldo del presidente electo José Antonio Kast a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según el sondeo, el 52% de los encuestados considera que Kast debería apoyar la candidatura de la expresidenta, mientras que un 38% se opone a ello y un 10% dijo no tener una opinión definida al respecto. El respaldo se da especialmente entre los que votaron por Jeannette Jara (89%) y los que votaron nulo, blanco o no votaron (56%). Entre quienes votaron por el líder republicano, el 68% está en contra. Sobre el futuro gobierno de Kast, un 55% cree que a Chile le va a ir bien o muy bien bajo la nueva administración, mientras que el 23% piensa que le va a ir mal o muy mal y el 18% que le irá regular. La mayoría de quienes piensan que al país le irá bien se identifican con la derecha (89%), centro (62%) e independientes (52%), mientras los que creen que le irá mal se identifican en su mayoría con la izquierda (60%). Por otra parte, el 31% cree que la reunión más relevante que ha sostenido Kast hasta el momento es con la contralora Dorothy Pérez, 29% con los comandantes de las FF.AA. y de Orden, 28% con el presidente Gabriel Boric, 25% con Javier Milei y 23% con Bachelet. Respecto a la conformación del nuevo gabinete, el 54% está de acuerdo con que ejecutivos del sector privado sean nombrados como ministros y el 46% apoya también la idea con respecto a exgenerales o comandantes de las FF.AA. y de orden. A su vez, el 56% de los consultados y consultadas en esta oportunidad está en contra de que senadores, diputados o alcaldes en ejercicio asuman ese tipo de cargo y el 58% se opone si se trata de senadores o diputados recientemente electos. Fuente: CNN Chile País
