La tensión entre Argentina y Chile ha aumentado en medio de la investigación sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que ha causado al menos tres muertes y varios casos de contagio después de zarpar desde Ushuaia hacia la Antártida. Autoridades argentinas han acusado incluso a “agentes malintencionados” chilenos de difundir rumores sobre el origen de la enfermedad para dañar la reputación turística de la ciudad austral. La controversia surgió cuando diferentes versiones sugirieron que una pareja neerlandesa, las primeras víctimas mortales del brote, pudo haberse infectado en un vertedero de Ushuaia utilizado por observadores de aves. Sin embargo, desde Tierra del Fuego han rechazado esta teoría y han denunciado una campaña para perjudicar al principal puerto argentino de acceso a la Antártida. “Es una maniobra para ensuciar el destino turístico de Ushuaia”, declaró Martín Alfaro, portavoz del Ministerio de Salud provincial, quien también sugirió, a título personal, que podría haber “agentes malintencionados” chilenos detrás de los rumores. Aún no se ha determinado el origen del contagio. La pareja neerlandesa había visitado Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcarse en el crucero, lo que ha complicado la tarea de rastrear dónde contrajeron la cepa Andes del hantavirus, variante presente tanto en la Patagonia argentina como chilena y que puede transmitirse entre personas. El Ministerio de Salud chileno descartó que el contagio haya ocurrido en territorio nacional, argumentando que los turistas estuvieron en Chile fuera del período de incubación del virus. Además, recordaron que el último caso de transmisión entre personas registrado en el país fue en 2019 y fue controlado a tiempo. No obstante, las autoridades sanitarias argentinas han rechazado esta afirmación y aseguran que la posibilidad de un contagio en Chile “sigue vigente”. Mientras continúa la investigación, científicos argentinos están capturando roedores en Ushuaia para determinar si el virus pudo circular en áreas donde nunca antes se habían reportado casos. Al mismo tiempo, operadores turísticos en la ciudad expresaron su preocupación por el impacto internacional que este brote podría tener en la actividad antártica y el turismo en la Patagonia. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de los días 23 y 24 de abril, Gonzalo Migueles compareció ante los investigadores de la trama bielorrusa para abordar su relación con abogados imputados y desvincular a su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, de los hechos bajo investigación. Según la Fiscalía de Los Lagos, se sospecha que Vivanco habría recibido sobornos por parte de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas para favorecer a la empresa CBM en un litigio contra Codelco. En este contexto, se plantea que Migueles actuó como intermediario. Sin embargo, durante su testimonio, el imputado afirmó que la exjueza no tenía conocimiento de los pagos que él recibió. Migueles explicó que el origen de los fondos se remonta a una asesoría informal solicitada por Lagos en 2023, relacionada con un conflicto judicial entre una empresa minera y Codelco. Tras consultar a Vivanco sobre el concepto de autotutela, transmitió esa idea al abogado, lo que según él motivó los pagos posteriores. En relación a las sumas recibidas, Migueles detalló que en diciembre del mismo año recibió US$15.000, en febrero de 2024 obtuvo otros US$10.000 en efectivo y posteriormente una suma adicional de US$45.000. Declaró: Entendí que esa plata venía de lo de la minera, porque no había ningún otro motivo. Respecto a estos pagos, reconoció que en su momento no cuestionó su procedencia y expresó arrepentimiento por ello. Asimismo, Migueles admitió que consideraba que se trataba de una paleteada o un favor entre amigos, asegurando que no creía haber actuado en contra de la justicia. Fuente: ADN Radio Nacional
En una entrevista con ADN Hoy , el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, abordó diversos temas de interés. Entre los puntos destacados se encuentran la presencia policial en las calles, el refuerzo en La Araucanía y las medidas contra la migración irregular. En medio de críticas por la falta de un plan más visible para combatir la delincuencia, Jouannet defendió los avances en seguridad y señaló que el principal problema operativo es la baja en la dotación policial: “No hay carabineros”. Para revertir esta situación, el Gobierno planea implementar incentivos, cambios legales y mayor capacitación. El subsecretario aseguró que la promesa de seguridad del Ejecutivo se cumplirá mediante la recuperación de presencia policial en barrios, el refuerzo del plan cuadrante y el aumento de funcionarios para labores preventivas. En sus palabras: “Vamos a dejar este país ostensiblemente más seguro, con menos asesinatos, menos crimen organizado, y con carabineros en la calle”. Dentro de las medidas anunciadas se encuentra un bono trimestral para funcionarios policiales en terreno y zonas de riesgo, así como un proyecto de ley para agilizar sumarios administrativos y recuperar personal para tareas operativas. Jouannet también mencionó planes para triplicar la incorporación de jóvenes a la escuela de Carabineros. Además, se destacó el uso de tecnología como drones y salas de monitoreo para apoyar el patrullaje policial. Respecto a La Araucanía, Jouannet defendió los operativos recientes en Temucuicui y afirmó que el Estado debe ejercer presencia en todo el territorio. Sobre migración irregular, el subsecretario mencionó que se han acelerado expulsiones y marcó distancia con la administración anterior. En relación con esto, Jouannet vinculó el ingreso irregular con cambios en el crimen organizado. Finalmente, Jouannet reiteró que el Gobierno tiene una hoja de ruta para mejorar la seguridad y enfatizó que la primera condición es tener más Carabineros en las calles. A pesar de la ansiedad política por mostrar resultados, afirmó: “Hay un plan”. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, se encuentra en medio de una nueva controversia tras admitir la existencia de sociedades que no fueron declaradas en su patrimonio e intereses, y sugerir que otros miembros del gabinete podrían estar en una situación similar. La polémica surge a raíz de una investigación publicada por Fast Check, que revela que la secretaria de Estado habría omitido al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial estadounidense. En una entrevista con el medio, Lincolao confirmó la existencia de estas sociedades y mencionó que una de ellas habría sido disuelta después de asumir el cargo, aunque no hay registros públicos que respalden este proceso hasta el momento. Además, sus declaraciones generaron preocupación política al lanzar la frase: “¿Tú hiciste fact check de los otros ministros también?”, insinuando la posibilidad de que haya más casos similares dentro del Ejecutivo. Según el portal citado, Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo. Estas afirmaciones provocaron una pronta reacción por parte de parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. Los diputados Juan Santana, Luis Cuello, Bernardo Salinas y Gael Yeomans anunciaron que enviarán oficios a todos los ministros para esclarecer posibles omisiones patrimoniales en el gabinete. Yeomans enfatizó la importancia de presentar declaraciones “ fidedignas ” para evitar conflictos de interés y garantizar que las decisiones públicas estén alineadas con el interés ciudadano y no con beneficios personales. Por otro lado, Santana señaló la delicadeza del caso debido a que una de las sociedades está relacionada con el ámbito tecnológico, precisamente el sector que la ministra debe supervisar desde su cartera. Los parlamentarios no descartan recurrir a la Contraloría General de la República si se confirman nuevas irregularidades, con el fin de investigar posibles incumplimientos a las normas de transparencia y probidad pública. Fuente: ADN Radio Nacional
En una audiencia llevada a cabo este martes, se formalizó la situación de los dos individuos detenidos por la agresión al diputado Javier Olivares, quienes enfrentan cargos por atentado contra la autoridad. En el transcurso de la audiencia, la parte acusadora solicitó prisión preventiva para ambos acusados. Sin embargo, el tribunal desestimó esta medida cautelar, así como la petición de firma semanal presentada por el Ministerio Público, argumentando falta de pruebas suficientes para respaldar las solicitudes planteadas en la audiencia. El abogado defensor de los hermanos Pinto Pinto, Felipe Alonso González Hernández, explicó que la decisión se basa en las deficiencias que, a su parecer, presenta el expediente investigativo. La razón por la cual quedaron en libertad está relacionada precisamente con notables inconsistencias, afirmó tras la formalización. En ese sentido, el abogado cuestionó la coherencia entre el relato proporcionado por las presuntas víctimas y las lesiones documentadas. Es imposible que una persona que es arrojada al suelo y golpeada solo presente una lesión leve en el rostro, señaló. El defensor señaló que los informes médicos no concuerdan con las declaraciones revisadas, las cuales describen golpes y patadas en diversas circunstancias. Aseguran haber sido golpeados en el suelo o pateados en el suelo (...) Sin embargo, solo presentan una lesión leve en el rostro, explicó. Respecto al origen del altercado, González aseguró que aún no ha tenido la oportunidad de conversar a fondo con sus representados. No obstante, descartó cualquier motivación política detrás de sus acciones. No tienen interés en política ni afiliación política alguna, afirmó. Por último, el abogado enfatizó que el caso debe continuar siendo investigado, pero también advirtió sobre las consecuencias graves de proporcionar información imprecisa en un proceso penal. La violencia definitivamente no es una solución (...) pero mentir o distorsionar los hechos en una investigación penal también puede ser grave, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
La tensión entre Argentina y Chile ha aumentado en medio de la investigación sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que ha causado al menos tres muertes y varios casos de contagio después de zarpar desde Ushuaia hacia la Antártida. Autoridades argentinas han acusado incluso a “agentes malintencionados” chilenos de difundir rumores sobre el origen de la enfermedad para dañar la reputación turística de la ciudad austral. La controversia surgió cuando diferentes versiones sugirieron que una pareja neerlandesa, las primeras víctimas mortales del brote, pudo haberse infectado en un vertedero de Ushuaia utilizado por observadores de aves. Sin embargo, desde Tierra del Fuego han rechazado esta teoría y han denunciado una campaña para perjudicar al principal puerto argentino de acceso a la Antártida. “Es una maniobra para ensuciar el destino turístico de Ushuaia”, declaró Martín Alfaro, portavoz del Ministerio de Salud provincial, quien también sugirió, a título personal, que podría haber “agentes malintencionados” chilenos detrás de los rumores. Aún no se ha determinado el origen del contagio. La pareja neerlandesa había visitado Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcarse en el crucero, lo que ha complicado la tarea de rastrear dónde contrajeron la cepa Andes del hantavirus, variante presente tanto en la Patagonia argentina como chilena y que puede transmitirse entre personas. El Ministerio de Salud chileno descartó que el contagio haya ocurrido en territorio nacional, argumentando que los turistas estuvieron en Chile fuera del período de incubación del virus. Además, recordaron que el último caso de transmisión entre personas registrado en el país fue en 2019 y fue controlado a tiempo. No obstante, las autoridades sanitarias argentinas han rechazado esta afirmación y aseguran que la posibilidad de un contagio en Chile “sigue vigente”. Mientras continúa la investigación, científicos argentinos están capturando roedores en Ushuaia para determinar si el virus pudo circular en áreas donde nunca antes se habían reportado casos. Al mismo tiempo, operadores turísticos en la ciudad expresaron su preocupación por el impacto internacional que este brote podría tener en la actividad antártica y el turismo en la Patagonia. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de los días 23 y 24 de abril, Gonzalo Migueles compareció ante los investigadores de la trama bielorrusa para abordar su relación con abogados imputados y desvincular a su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, de los hechos bajo investigación. Según la Fiscalía de Los Lagos, se sospecha que Vivanco habría recibido sobornos por parte de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas para favorecer a la empresa CBM en un litigio contra Codelco. En este contexto, se plantea que Migueles actuó como intermediario. Sin embargo, durante su testimonio, el imputado afirmó que la exjueza no tenía conocimiento de los pagos que él recibió. Migueles explicó que el origen de los fondos se remonta a una asesoría informal solicitada por Lagos en 2023, relacionada con un conflicto judicial entre una empresa minera y Codelco. Tras consultar a Vivanco sobre el concepto de autotutela, transmitió esa idea al abogado, lo que según él motivó los pagos posteriores. En relación a las sumas recibidas, Migueles detalló que en diciembre del mismo año recibió US$15.000, en febrero de 2024 obtuvo otros US$10.000 en efectivo y posteriormente una suma adicional de US$45.000. Declaró: Entendí que esa plata venía de lo de la minera, porque no había ningún otro motivo. Respecto a estos pagos, reconoció que en su momento no cuestionó su procedencia y expresó arrepentimiento por ello. Asimismo, Migueles admitió que consideraba que se trataba de una paleteada o un favor entre amigos, asegurando que no creía haber actuado en contra de la justicia. Fuente: ADN Radio Nacional
En una entrevista con ADN Hoy , el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, abordó diversos temas de interés. Entre los puntos destacados se encuentran la presencia policial en las calles, el refuerzo en La Araucanía y las medidas contra la migración irregular. En medio de críticas por la falta de un plan más visible para combatir la delincuencia, Jouannet defendió los avances en seguridad y señaló que el principal problema operativo es la baja en la dotación policial: “No hay carabineros”. Para revertir esta situación, el Gobierno planea implementar incentivos, cambios legales y mayor capacitación. El subsecretario aseguró que la promesa de seguridad del Ejecutivo se cumplirá mediante la recuperación de presencia policial en barrios, el refuerzo del plan cuadrante y el aumento de funcionarios para labores preventivas. En sus palabras: “Vamos a dejar este país ostensiblemente más seguro, con menos asesinatos, menos crimen organizado, y con carabineros en la calle”. Dentro de las medidas anunciadas se encuentra un bono trimestral para funcionarios policiales en terreno y zonas de riesgo, así como un proyecto de ley para agilizar sumarios administrativos y recuperar personal para tareas operativas. Jouannet también mencionó planes para triplicar la incorporación de jóvenes a la escuela de Carabineros. Además, se destacó el uso de tecnología como drones y salas de monitoreo para apoyar el patrullaje policial. Respecto a La Araucanía, Jouannet defendió los operativos recientes en Temucuicui y afirmó que el Estado debe ejercer presencia en todo el territorio. Sobre migración irregular, el subsecretario mencionó que se han acelerado expulsiones y marcó distancia con la administración anterior. En relación con esto, Jouannet vinculó el ingreso irregular con cambios en el crimen organizado. Finalmente, Jouannet reiteró que el Gobierno tiene una hoja de ruta para mejorar la seguridad y enfatizó que la primera condición es tener más Carabineros en las calles. A pesar de la ansiedad política por mostrar resultados, afirmó: “Hay un plan”. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, se encuentra en medio de una nueva controversia tras admitir la existencia de sociedades que no fueron declaradas en su patrimonio e intereses, y sugerir que otros miembros del gabinete podrían estar en una situación similar. La polémica surge a raíz de una investigación publicada por Fast Check, que revela que la secretaria de Estado habría omitido al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial estadounidense. En una entrevista con el medio, Lincolao confirmó la existencia de estas sociedades y mencionó que una de ellas habría sido disuelta después de asumir el cargo, aunque no hay registros públicos que respalden este proceso hasta el momento. Además, sus declaraciones generaron preocupación política al lanzar la frase: “¿Tú hiciste fact check de los otros ministros también?”, insinuando la posibilidad de que haya más casos similares dentro del Ejecutivo. Según el portal citado, Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo. Estas afirmaciones provocaron una pronta reacción por parte de parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. Los diputados Juan Santana, Luis Cuello, Bernardo Salinas y Gael Yeomans anunciaron que enviarán oficios a todos los ministros para esclarecer posibles omisiones patrimoniales en el gabinete. Yeomans enfatizó la importancia de presentar declaraciones “ fidedignas ” para evitar conflictos de interés y garantizar que las decisiones públicas estén alineadas con el interés ciudadano y no con beneficios personales. Por otro lado, Santana señaló la delicadeza del caso debido a que una de las sociedades está relacionada con el ámbito tecnológico, precisamente el sector que la ministra debe supervisar desde su cartera. Los parlamentarios no descartan recurrir a la Contraloría General de la República si se confirman nuevas irregularidades, con el fin de investigar posibles incumplimientos a las normas de transparencia y probidad pública. Fuente: ADN Radio Nacional
En una audiencia llevada a cabo este martes, se formalizó la situación de los dos individuos detenidos por la agresión al diputado Javier Olivares, quienes enfrentan cargos por atentado contra la autoridad. En el transcurso de la audiencia, la parte acusadora solicitó prisión preventiva para ambos acusados. Sin embargo, el tribunal desestimó esta medida cautelar, así como la petición de firma semanal presentada por el Ministerio Público, argumentando falta de pruebas suficientes para respaldar las solicitudes planteadas en la audiencia. El abogado defensor de los hermanos Pinto Pinto, Felipe Alonso González Hernández, explicó que la decisión se basa en las deficiencias que, a su parecer, presenta el expediente investigativo. La razón por la cual quedaron en libertad está relacionada precisamente con notables inconsistencias, afirmó tras la formalización. En ese sentido, el abogado cuestionó la coherencia entre el relato proporcionado por las presuntas víctimas y las lesiones documentadas. Es imposible que una persona que es arrojada al suelo y golpeada solo presente una lesión leve en el rostro, señaló. El defensor señaló que los informes médicos no concuerdan con las declaraciones revisadas, las cuales describen golpes y patadas en diversas circunstancias. Aseguran haber sido golpeados en el suelo o pateados en el suelo (...) Sin embargo, solo presentan una lesión leve en el rostro, explicó. Respecto al origen del altercado, González aseguró que aún no ha tenido la oportunidad de conversar a fondo con sus representados. No obstante, descartó cualquier motivación política detrás de sus acciones. No tienen interés en política ni afiliación política alguna, afirmó. Por último, el abogado enfatizó que el caso debe continuar siendo investigado, pero también advirtió sobre las consecuencias graves de proporcionar información imprecisa en un proceso penal. La violencia definitivamente no es una solución (...) pero mentir o distorsionar los hechos en una investigación penal también puede ser grave, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
