La Fiscalía de Antofagasta se encuentra en alerta tras la sospecha de un posible incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total impuesta a Daniel Andrade, exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva. Andrade está acusado junto al exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, por tres delitos de fraude al fisco. Desde fines de febrero, Andrade cumple con la medida de arresto domiciliario en la casa de su madre, ubicada en La Florida. Sin embargo, un reciente informe de Carabineros presentado al Juzgado de Garantía de Antofagasta, al que tuvo acceso La Tercera, ha generado inquietud. El informe revela que el 8 de marzo, el sargento segundo Víctor Soto intentó realizar una visita de verificación a las 5:20 horas sin recibir respuesta por parte de los ocupantes del domicilio. El 1 de agosto, la jueza Claudia Campusano ordenó que estos antecedentes fueran puestos en conocimiento del Ministerio Público. A sus antecedentes oficio N°1700 de la 61° Comisaría de Carabineros Cabo 2° Pablo Silva Pizarro, el cual indica que el imputado Daniel Francisco Andrade Schwarze, no ha dado cumplimiento a la medida cautelar de arresto domiciliario total, durante el período que se indica, téngase presente. Póngase en conocimiento del Ministerio Público para los fines que correspondan , expresó la jueza Campusano. En respuesta a la situación, los fiscales han solicitado una audiencia para revisar la medida cautelar de Andrade y evaluar la posibilidad de imponer una sanción más severa. La defensa de Andrade, por su parte, presentó un escrito el 19 de marzo en el que asegura que su cliente estaba en el domicilio el 8 de marzo y que la falta de respuesta podría haberse debido a la ausencia de un timbre en la propiedad, lo cual ha sido subsanado con la instalación de uno en abril. La defensa solicita que se considere esta información en la próxima audiencia para evitar una posible modificación de la medida cautelar.
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
La Fiscalía de Antofagasta se encuentra en alerta tras la sospecha de un posible incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total impuesta a Daniel Andrade, exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva. Andrade está acusado junto al exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, por tres delitos de fraude al fisco. Desde fines de febrero, Andrade cumple con la medida de arresto domiciliario en la casa de su madre, ubicada en La Florida. Sin embargo, un reciente informe de Carabineros presentado al Juzgado de Garantía de Antofagasta, al que tuvo acceso La Tercera, ha generado inquietud. El informe revela que el 8 de marzo, el sargento segundo Víctor Soto intentó realizar una visita de verificación a las 5:20 horas sin recibir respuesta por parte de los ocupantes del domicilio. El 1 de agosto, la jueza Claudia Campusano ordenó que estos antecedentes fueran puestos en conocimiento del Ministerio Público. A sus antecedentes oficio N°1700 de la 61° Comisaría de Carabineros Cabo 2° Pablo Silva Pizarro, el cual indica que el imputado Daniel Francisco Andrade Schwarze, no ha dado cumplimiento a la medida cautelar de arresto domiciliario total, durante el período que se indica, téngase presente. Póngase en conocimiento del Ministerio Público para los fines que correspondan , expresó la jueza Campusano. En respuesta a la situación, los fiscales han solicitado una audiencia para revisar la medida cautelar de Andrade y evaluar la posibilidad de imponer una sanción más severa. La defensa de Andrade, por su parte, presentó un escrito el 19 de marzo en el que asegura que su cliente estaba en el domicilio el 8 de marzo y que la falta de respuesta podría haberse debido a la ausencia de un timbre en la propiedad, lo cual ha sido subsanado con la instalación de uno en abril. La defensa solicita que se considere esta información en la próxima audiencia para evitar una posible modificación de la medida cautelar.
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
