El Gobierno chileno ingresó anoche un ambicioso proyecto de reforma al sistema privado de salud a través de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la ley corta. La iniciativa, que se centra en la eliminación de las preexistencias, va más allá al proponer la creación de unPlan Común de Salud que unificará los planes ofrecidos por las Isapres, garantizando que todos los afiliados paguen una tarifa plana, sin distinciones por riesgos individuales. Ante esto, la actual tabla de factores, que permite a las Isapres ajustar las tarifas según el perfil de riesgo de cada afiliado, se mantendrá solo para quienes decidan no migrar al nuevo plan. Sin embargo, todos los nuevos contratos deberán ajustarse a la nueva normativa. Esta reforma buscagarantizar igualdad de condiciones para todos los afiliados, asegurando que las prestaciones incluyan los beneficios actualmente cubiertos por Fonasa y las Garantías Explícitas en Salud (GES), así como cobertura para enfermedades catastróficas (CAEC) y atención de urgencias. Asimismo, el proyecto también destaca la necesidad de eliminar la declaración de preexistencias, que ha sido utilizada como un mecanismo restrictivo por parte de las Isapres, limitando el acceso de los afiliados y su movilidad entre instituciones. De esta manera, se prohibirá que las Isapres restrinjan la afiliación basándose en condiciones de salud preexistentes. Ahora bien, para mitigar los riesgos financieros que podrían enfrentar las Isapres al admitir a personas con altos costos de salud, el proyecto establece la obligación de contratar reaseguros. La implementación de estos cambios será gradual, con un período de adaptación de hasta doce meses, permitiendo a los actuales afiliados mantener sus planes, mientras que todos los nuevos deberán optar por el Plan Común de Salud. Finalmente, la transición estará supervisada por el Gobierno, que busca asegurar una mejor calidad de atención y acceso a la salud para la población, especialmente para las personas mayores y los enfermos crónicos.
Las isapres tienen menos de dos semanas para presentar a la Superintendencia de Salud sus planes de pago de los cobros excesivos a sus respectivos afiliados, cumpliendo así con el plazo establecido en la ley corta que viabilizó el fallo de tabla de factores de la Corte Suprema. Durante un seminario organizado por Clapes UC, Gonzalo Arriagada, presidente del gremio, expresó su inquietud sobre la situación actual y las dificultades económicas que enfrentan las aseguradoras. Al fallo del GES, que está aplicado desde enero, se sumaría el fallo de tablas, y efectivamente significaría que el equilibrio (económico) no podría llegar hasta que no se apruebe el plan , señaló Arriagada. Arriagada destacó que las compañías tendrán que afrontar un período más complejo, especialmente con la llegada del invierno, cuando el gasto médico tiende a incrementarse. Las compañías tendrían que soportar -esta vez con 20% menos de ingresos- un periodo que va a ser más complejo, porque llega el invierno y como todos sabemos, el gasto médico es mayor. Entonces, menos ingresos aún de los que hoy tiene la compañía, y más costos a la espera de ese equilibrio. Naturalmente que alguna compañía podría tener dificultades para llegar a ese nuevo plazo , advirtió. Por otro lado, las aseguradoras están a la espera del resultado de recursos de reposición y jerárquicos presentados ante la Superintendencia de Salud para aclarar sus dudas en torno a la implementación de la ley. El superintendente Víctor Torres sostuvo que las certezas existen; lo que pasa es que hay dudas puntuales que las isapres han levantado en sus recursos de reposición, y que van a ser clarificadas una vez que salgan las respuestas a ellos. Pero lo grueso claramente está establecido a partir de la misma publicación de la ley, y los plazos también . Torres subrayó que las isapres tienen hasta el 7 de julio para presentar sus planes de pago y ajuste, con la posibilidad de solicitar una extensión de un mes adicional. Por lo tanto, las isapres tienen hasta el 7 de julio, pero pueden requerir ampliar un mes más el plazo para presentar sus planes de pago y ajuste. El punto es que, en la medida en que más tarde lleguen sus planes, más tarde también van a tener el resultado de si se aprueba o no , concluyó la autoridad.
Posterior a un análisis realizado por el pleno de la Corte Suprema, el máximo tribunal determinó quedicha ley tenía como objetivo viabilizar el cumplimiento de la reciente jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema relativa al uso de la tabla de factores por parte de isapres, adecuación de precio de plan de salud y restitución de montos recibidos en exceso, y otras materias a fines . Ante esto, dentro de las medidas más polémicas de la ley se encuentra el plazo de 13 años para que las privadas paguen la deuda de los afiliados por lo cobrado en exceso. Además, crea la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa y el cálculo del ICSA para definir el Indice de Costos de la Salud ICSA el 2025, 2026 y 2027, o hasta que exista una nueva ley. Asimismo, se destaca en el texto la posibilidad de que las aseguradoras privadas ofrezcan una devolución anticipada y en efectivo, a cambio de un descuento. Finalmente, el texto añade queen lo relativo a los procedimientos contenciosos administrativos de los artículos 3 y 6 de la propuesta del Ejecutivo, se observa que si bien se puede apreciar que existen ciertas diferencias entre el procedimiento que la Corte Suprema estima adecuado para la tramitación de contenciosos administrativos y el procedimiento propuesto, no se puede desconocer que la forma de impugnación propuesta es parte de la institucionalidad instalada en la materia, por lo que una modificación de la misma podría ser objeto de reflexión en el marco regulatorio general de ella, antes que respecto de este proyecto específico .
En un comunicado conjunto emitido este jueves, las Isapres hicieron una fuerte declaración, calificando de inútil el proyecto de Ley Corta y advirtiendo sobre el posible fin del sistema de salud privado en el país. En el anuncio, las instituciones señalaron que, de aprobarse la ley como está o si no hay ley, se encaminan hacia su fin debido a la insuficiencia de los ingresos para solventar el costo en salud de los beneficiarios. Según las Isapres, a pesar de los esfuerzos del poder Ejecutivo y Legislativo por construir una ley que permita aplicar los fallos de la Corte Suprema y resguardar las coberturas de los afiliados, el proyecto de Ley Corta en su estado actual resulta inútil. Argumentan que sin acuerdo para su implementación y sin restablecer el equilibrio financiero, el proyecto no cumple su propósito. Las instituciones también destacaron la necesidad de normalizar la operación del sector para poder realizar los ajustes necesarios. Advierten que de no lograrse un acuerdo, se verá forzado el cese de las coberturas de los beneficiarios, lo que tendría graves consecuencias en la mantención de sus tratamientos médicos y en la red de prestadores de salud. Además, hicieron un llamado a la Comisión Mixta y al Ejecutivo a consensuar un acuerdo que evite el desenlace negativo que nadie desea. Finalmente, destacaron la importancia de una reforma mayor en el sistema de salud, pero enfatizaron que esta transición no debe ocurrir desde una crisis profunda del sector, que podría retroceder en lugar de avanzar hacia un sistema más equitativo y con mejores respuestas a las necesidades de los pacientes.
El Gobierno chileno ingresó anoche un ambicioso proyecto de reforma al sistema privado de salud a través de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la ley corta. La iniciativa, que se centra en la eliminación de las preexistencias, va más allá al proponer la creación de unPlan Común de Salud que unificará los planes ofrecidos por las Isapres, garantizando que todos los afiliados paguen una tarifa plana, sin distinciones por riesgos individuales. Ante esto, la actual tabla de factores, que permite a las Isapres ajustar las tarifas según el perfil de riesgo de cada afiliado, se mantendrá solo para quienes decidan no migrar al nuevo plan. Sin embargo, todos los nuevos contratos deberán ajustarse a la nueva normativa. Esta reforma buscagarantizar igualdad de condiciones para todos los afiliados, asegurando que las prestaciones incluyan los beneficios actualmente cubiertos por Fonasa y las Garantías Explícitas en Salud (GES), así como cobertura para enfermedades catastróficas (CAEC) y atención de urgencias. Asimismo, el proyecto también destaca la necesidad de eliminar la declaración de preexistencias, que ha sido utilizada como un mecanismo restrictivo por parte de las Isapres, limitando el acceso de los afiliados y su movilidad entre instituciones. De esta manera, se prohibirá que las Isapres restrinjan la afiliación basándose en condiciones de salud preexistentes. Ahora bien, para mitigar los riesgos financieros que podrían enfrentar las Isapres al admitir a personas con altos costos de salud, el proyecto establece la obligación de contratar reaseguros. La implementación de estos cambios será gradual, con un período de adaptación de hasta doce meses, permitiendo a los actuales afiliados mantener sus planes, mientras que todos los nuevos deberán optar por el Plan Común de Salud. Finalmente, la transición estará supervisada por el Gobierno, que busca asegurar una mejor calidad de atención y acceso a la salud para la población, especialmente para las personas mayores y los enfermos crónicos.
Las isapres tienen menos de dos semanas para presentar a la Superintendencia de Salud sus planes de pago de los cobros excesivos a sus respectivos afiliados, cumpliendo así con el plazo establecido en la ley corta que viabilizó el fallo de tabla de factores de la Corte Suprema. Durante un seminario organizado por Clapes UC, Gonzalo Arriagada, presidente del gremio, expresó su inquietud sobre la situación actual y las dificultades económicas que enfrentan las aseguradoras. Al fallo del GES, que está aplicado desde enero, se sumaría el fallo de tablas, y efectivamente significaría que el equilibrio (económico) no podría llegar hasta que no se apruebe el plan , señaló Arriagada. Arriagada destacó que las compañías tendrán que afrontar un período más complejo, especialmente con la llegada del invierno, cuando el gasto médico tiende a incrementarse. Las compañías tendrían que soportar -esta vez con 20% menos de ingresos- un periodo que va a ser más complejo, porque llega el invierno y como todos sabemos, el gasto médico es mayor. Entonces, menos ingresos aún de los que hoy tiene la compañía, y más costos a la espera de ese equilibrio. Naturalmente que alguna compañía podría tener dificultades para llegar a ese nuevo plazo , advirtió. Por otro lado, las aseguradoras están a la espera del resultado de recursos de reposición y jerárquicos presentados ante la Superintendencia de Salud para aclarar sus dudas en torno a la implementación de la ley. El superintendente Víctor Torres sostuvo que las certezas existen; lo que pasa es que hay dudas puntuales que las isapres han levantado en sus recursos de reposición, y que van a ser clarificadas una vez que salgan las respuestas a ellos. Pero lo grueso claramente está establecido a partir de la misma publicación de la ley, y los plazos también . Torres subrayó que las isapres tienen hasta el 7 de julio para presentar sus planes de pago y ajuste, con la posibilidad de solicitar una extensión de un mes adicional. Por lo tanto, las isapres tienen hasta el 7 de julio, pero pueden requerir ampliar un mes más el plazo para presentar sus planes de pago y ajuste. El punto es que, en la medida en que más tarde lleguen sus planes, más tarde también van a tener el resultado de si se aprueba o no , concluyó la autoridad.
Posterior a un análisis realizado por el pleno de la Corte Suprema, el máximo tribunal determinó quedicha ley tenía como objetivo viabilizar el cumplimiento de la reciente jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema relativa al uso de la tabla de factores por parte de isapres, adecuación de precio de plan de salud y restitución de montos recibidos en exceso, y otras materias a fines . Ante esto, dentro de las medidas más polémicas de la ley se encuentra el plazo de 13 años para que las privadas paguen la deuda de los afiliados por lo cobrado en exceso. Además, crea la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa y el cálculo del ICSA para definir el Indice de Costos de la Salud ICSA el 2025, 2026 y 2027, o hasta que exista una nueva ley. Asimismo, se destaca en el texto la posibilidad de que las aseguradoras privadas ofrezcan una devolución anticipada y en efectivo, a cambio de un descuento. Finalmente, el texto añade queen lo relativo a los procedimientos contenciosos administrativos de los artículos 3 y 6 de la propuesta del Ejecutivo, se observa que si bien se puede apreciar que existen ciertas diferencias entre el procedimiento que la Corte Suprema estima adecuado para la tramitación de contenciosos administrativos y el procedimiento propuesto, no se puede desconocer que la forma de impugnación propuesta es parte de la institucionalidad instalada en la materia, por lo que una modificación de la misma podría ser objeto de reflexión en el marco regulatorio general de ella, antes que respecto de este proyecto específico .
En un comunicado conjunto emitido este jueves, las Isapres hicieron una fuerte declaración, calificando de inútil el proyecto de Ley Corta y advirtiendo sobre el posible fin del sistema de salud privado en el país. En el anuncio, las instituciones señalaron que, de aprobarse la ley como está o si no hay ley, se encaminan hacia su fin debido a la insuficiencia de los ingresos para solventar el costo en salud de los beneficiarios. Según las Isapres, a pesar de los esfuerzos del poder Ejecutivo y Legislativo por construir una ley que permita aplicar los fallos de la Corte Suprema y resguardar las coberturas de los afiliados, el proyecto de Ley Corta en su estado actual resulta inútil. Argumentan que sin acuerdo para su implementación y sin restablecer el equilibrio financiero, el proyecto no cumple su propósito. Las instituciones también destacaron la necesidad de normalizar la operación del sector para poder realizar los ajustes necesarios. Advierten que de no lograrse un acuerdo, se verá forzado el cese de las coberturas de los beneficiarios, lo que tendría graves consecuencias en la mantención de sus tratamientos médicos y en la red de prestadores de salud. Además, hicieron un llamado a la Comisión Mixta y al Ejecutivo a consensuar un acuerdo que evite el desenlace negativo que nadie desea. Finalmente, destacaron la importancia de una reforma mayor en el sistema de salud, pero enfatizaron que esta transición no debe ocurrir desde una crisis profunda del sector, que podría retroceder en lugar de avanzar hacia un sistema más equitativo y con mejores respuestas a las necesidades de los pacientes.
