El subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció que el Gobierno está investigando un posible mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve, en el marco de una denuncia por violación que pesa sobre él. Cordero aclaró que, aunque no hay antecedentes confirmados de irregularidades, la situación está siendo revisada y se informará a las autoridades pertinentes. Ante esto, el caso ha cobrado relevancia debido a que Monsalve habría instruido a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para revisar cámaras de seguridad en relación con la denuncia en su contra, acción que actualmente es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El uso de recursos y potestades del Estado para fines personales es inaceptable, además de constituir una posible irregularidad administrativa y, en ciertos casos, penal, sostuvo Cordero. Agregó que el uso de atribuciones contempladas en la Ley de Inteligencia con fines personales sería una falta aún más grave. Para asegurar la transparencia en este proceso, el Ejecutivo decidió que la Contraloría sea la entidad encargada de instruir el sumario en curso. Asimismo, un oficio fue remitido al Consejo de Defensa del Estado ante la eventualidad de delitos funcionariales. Asimismo, el subsecretario señaló que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar en esta investigación, incluyendo al propio Presidente de la República, quien se ha mostrado abierto a comparecer como testigo si fuera necesario.Cuando el Presidente dice que está disponible para colaborar, se fortalece la institucionalidad, afirmó Cordero. Por otro lado, la PDI ha emitido unaalerta de autoridad para notificar a la Fiscalía en caso de que Monsalve se presente en algún aeropuerto o control fronterizo. Esta medida, justificó la autoridad, se debe a la gravedad del caso y a la posibilidad de que, de acreditarse el delito, Monsalve enfrente penas graves. En abril pasado, esta misma medida impidió al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salir del país. Finalmente, la investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se entreguen más detalles sobre el avance de este caso que ha puesto en el foco de atención el uso de recursos públicos y las responsabilidades de los funcionarios.
La Policía de Investigaciones (PDI) anunció el llamado a retiro absoluto de la jefa nacional de Inteligencia, Cristina Vilches, en un contexto marcado por la indagatoria del caso Monsalve. La medida fue comunicada la noche de jueves por el director general de la PDI, Eduardo Cerna, tras conocerse que Vilches había ordenado realizar d iligencias relacionadas con el caso antes de que se formalizara la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior. La PDI justificó su decisión, argumentando que responde ael estándar de prudencia necesaria para llevar a cabo las actuaciones en el marco de la Ley de Inteligencia. En un comunicado, la institución reiteró su compromiso con el cumplimiento de la ley y la transparencia en los procesos investigativos en curso. La permanencia de Vilches había sido cuestionada luego de que su nombre se vinculara con las pericias realizadas en el restaurante Ají Seco de Santiago y en el hotel donde se habrían producido los hechos. La abogada María Elena Santibáñez, representante de la denunciante, reveló que funcionarios de Inteligencia intentaron contactar a la víctima, incluso presentándose como repartidores en las afueras de su departamento, aunque la mujer se negó a interactuar con ellos. Este desarrollo añade una nueva capa de complejidad a un caso que ya ha captado la atención pública y plantea serias preguntas sobre los procedimientos internos de la PDI en situaciones de alta sensibilidad.
La situación en torno al caso de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, se complica aún más tras el anuncio de la Policía de Investigaciones (PDI) de abrir un sumario a los escoltas que lo dejaron desprotegido el 22 de septiembre. Este hecho ha suscitado cuestionamientos sobre la actuación de los funcionarios policiales, especialmente en el contexto de una investigación más amplia que incluye presuntos delitos de violación y obstrucción a la justicia. Ante esto, el 22 de septiembre, Monsalve se trasladó solo a varios lugares, incluido el restaurante El Ají Seco Místico, lo que ha llevado a la Fiscalía a interrogar a detectives sobre su comportamiento y la falta de resguardo. Según fuentes, el director de la PDI, Eduardo Cerna, afirmó que esta omisión se produjo a solicitud del propio Monsalve, quien habría dado instrucciones específicas sobre su protección. Asimismo, en los días posteriores, la fiscalía tomó declaraciones a la jefatura de inteligencia policial para esclarecer si las órdenes recibidas por los escoltas estaban justificadas o si, por el contrario, infringieron protocolos establecidos. Especialistas legales han advertido que cualquier diligencia realizada por la PDI debe estar en conformidad con la ley y supervisada por el Ministerio Público, planteando dudas sobre la legalidad de las acciones policiales en este caso. Finalmente, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, defendió la actuación de la PDI y rechazó cualquier alegato de ilegalidad, subrayando que la policía actuó conforme a un reporte de inteligencia requerido por una autoridad. No obstante, la controversia persiste en torno a las decisiones tomadas al interior de la Subsecretaría del Interior y su impacto en las investigaciones administrativas y penales que se llevan a cabo. La fiscalía sigue recopilando evidencia y testimonios para determinar si hubo una falta en el cumplimiento de las funciones de los escoltas y el papel de la PDI en el caso Monsalve.
En un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), fueron detenidos tres miembros de la facción del Tren de Aragua en el sector de Playa Ancha, Valparaíso. Los arrestados, de nacionalidad venezolana e indocumentados, formaban parte de una gigantesca red criminal dedicada al tráfico de drogas en la región, operando principalmente en Valparaíso y Viña del Mar. Ante esto, el operativo se enmarca en la llamadaTren del Mar, una investigación que movilizó a más de 400 policías y que, en agosto pasado, resultó en el allanamiento de 69 viviendas y la detención de 34 personas. En aquel entonces, algunos miembros clave lograron evadir la captura, pero finalmente fueron aprehendidos en este último procedimiento. Asimismo, durante el allanamiento, se incautaron 600 gramos de droga, mayoritariamente ketamina, junto con cocaína y marihuana. Además, se decomisaron celulares, dinero en efectivo y balanzas para el pesaje de estupefacientes. Así también, el fiscal de Crimen Organizado de Valparaíso, José Antonio Uribe, declaró que los detenidostenían vínculos jerárquicos con los líderes desbaratados en agosto, y su función principal era el acopio y la comercialización de drogas sintéticas. Los tres sujetos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y quedaron en prisión preventiva bajo cargos de tráfico de drogas. Finalmente, este nuevo golpe al Tren de Aragua sigue los pasos del operativo de agosto, donde se desarticuló gran parte de la banda, la cual incluso había tomado control de un edificio en el centro de Viña del Mar. La captura de estos miembros refuerza la intención de las autoridades de erradicar definitivamente esta organización criminal de la zona.
Este miércoles, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó los resultados de su 92° edición de la encuesta correspondiente al periodo de agosto-septiembre de 2024, donde se evaluó la confianza en diversas instituciones del país. La Policía de Investigaciones (PDI) se posicionó en primer lugar con un notable aumento de siete puntos, alcanzando un 59% de confianza en comparación con la medición anterior realizada en junio y julio. Ante esto, las universidades ocuparon el segundo lugar, incrementando su confianza en cuatro puntos, lo que les permitió llegar al 57%. Carabineros también reportó un crecimiento significativo en la percepción pública, subiendo cinco puntos desde su anterior medición, logrando un 57% de confianza en septiembre. En el cuarto puesto, las Fuerzas Armadas obtuvieron un 51%, mientras que las emisoras de radio experimentaron un aumento de siete puntos, alcanzando un 45%. Finalmente, el estudio se llevó a cabo entre el 2 de agosto y el 12 de septiembre de 2024, mediante entrevistas presenciales a 1,482 personas en 127 comunas de Chile. Según el CEP, la encuesta presenta un nivel de confianza del 95%.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció que el Gobierno está investigando un posible mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve, en el marco de una denuncia por violación que pesa sobre él. Cordero aclaró que, aunque no hay antecedentes confirmados de irregularidades, la situación está siendo revisada y se informará a las autoridades pertinentes. Ante esto, el caso ha cobrado relevancia debido a que Monsalve habría instruido a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para revisar cámaras de seguridad en relación con la denuncia en su contra, acción que actualmente es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El uso de recursos y potestades del Estado para fines personales es inaceptable, además de constituir una posible irregularidad administrativa y, en ciertos casos, penal, sostuvo Cordero. Agregó que el uso de atribuciones contempladas en la Ley de Inteligencia con fines personales sería una falta aún más grave. Para asegurar la transparencia en este proceso, el Ejecutivo decidió que la Contraloría sea la entidad encargada de instruir el sumario en curso. Asimismo, un oficio fue remitido al Consejo de Defensa del Estado ante la eventualidad de delitos funcionariales. Asimismo, el subsecretario señaló que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar en esta investigación, incluyendo al propio Presidente de la República, quien se ha mostrado abierto a comparecer como testigo si fuera necesario.Cuando el Presidente dice que está disponible para colaborar, se fortalece la institucionalidad, afirmó Cordero. Por otro lado, la PDI ha emitido unaalerta de autoridad para notificar a la Fiscalía en caso de que Monsalve se presente en algún aeropuerto o control fronterizo. Esta medida, justificó la autoridad, se debe a la gravedad del caso y a la posibilidad de que, de acreditarse el delito, Monsalve enfrente penas graves. En abril pasado, esta misma medida impidió al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salir del país. Finalmente, la investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se entreguen más detalles sobre el avance de este caso que ha puesto en el foco de atención el uso de recursos públicos y las responsabilidades de los funcionarios.
La Policía de Investigaciones (PDI) anunció el llamado a retiro absoluto de la jefa nacional de Inteligencia, Cristina Vilches, en un contexto marcado por la indagatoria del caso Monsalve. La medida fue comunicada la noche de jueves por el director general de la PDI, Eduardo Cerna, tras conocerse que Vilches había ordenado realizar d iligencias relacionadas con el caso antes de que se formalizara la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior. La PDI justificó su decisión, argumentando que responde ael estándar de prudencia necesaria para llevar a cabo las actuaciones en el marco de la Ley de Inteligencia. En un comunicado, la institución reiteró su compromiso con el cumplimiento de la ley y la transparencia en los procesos investigativos en curso. La permanencia de Vilches había sido cuestionada luego de que su nombre se vinculara con las pericias realizadas en el restaurante Ají Seco de Santiago y en el hotel donde se habrían producido los hechos. La abogada María Elena Santibáñez, representante de la denunciante, reveló que funcionarios de Inteligencia intentaron contactar a la víctima, incluso presentándose como repartidores en las afueras de su departamento, aunque la mujer se negó a interactuar con ellos. Este desarrollo añade una nueva capa de complejidad a un caso que ya ha captado la atención pública y plantea serias preguntas sobre los procedimientos internos de la PDI en situaciones de alta sensibilidad.
La situación en torno al caso de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, se complica aún más tras el anuncio de la Policía de Investigaciones (PDI) de abrir un sumario a los escoltas que lo dejaron desprotegido el 22 de septiembre. Este hecho ha suscitado cuestionamientos sobre la actuación de los funcionarios policiales, especialmente en el contexto de una investigación más amplia que incluye presuntos delitos de violación y obstrucción a la justicia. Ante esto, el 22 de septiembre, Monsalve se trasladó solo a varios lugares, incluido el restaurante El Ají Seco Místico, lo que ha llevado a la Fiscalía a interrogar a detectives sobre su comportamiento y la falta de resguardo. Según fuentes, el director de la PDI, Eduardo Cerna, afirmó que esta omisión se produjo a solicitud del propio Monsalve, quien habría dado instrucciones específicas sobre su protección. Asimismo, en los días posteriores, la fiscalía tomó declaraciones a la jefatura de inteligencia policial para esclarecer si las órdenes recibidas por los escoltas estaban justificadas o si, por el contrario, infringieron protocolos establecidos. Especialistas legales han advertido que cualquier diligencia realizada por la PDI debe estar en conformidad con la ley y supervisada por el Ministerio Público, planteando dudas sobre la legalidad de las acciones policiales en este caso. Finalmente, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, defendió la actuación de la PDI y rechazó cualquier alegato de ilegalidad, subrayando que la policía actuó conforme a un reporte de inteligencia requerido por una autoridad. No obstante, la controversia persiste en torno a las decisiones tomadas al interior de la Subsecretaría del Interior y su impacto en las investigaciones administrativas y penales que se llevan a cabo. La fiscalía sigue recopilando evidencia y testimonios para determinar si hubo una falta en el cumplimiento de las funciones de los escoltas y el papel de la PDI en el caso Monsalve.
En un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), fueron detenidos tres miembros de la facción del Tren de Aragua en el sector de Playa Ancha, Valparaíso. Los arrestados, de nacionalidad venezolana e indocumentados, formaban parte de una gigantesca red criminal dedicada al tráfico de drogas en la región, operando principalmente en Valparaíso y Viña del Mar. Ante esto, el operativo se enmarca en la llamadaTren del Mar, una investigación que movilizó a más de 400 policías y que, en agosto pasado, resultó en el allanamiento de 69 viviendas y la detención de 34 personas. En aquel entonces, algunos miembros clave lograron evadir la captura, pero finalmente fueron aprehendidos en este último procedimiento. Asimismo, durante el allanamiento, se incautaron 600 gramos de droga, mayoritariamente ketamina, junto con cocaína y marihuana. Además, se decomisaron celulares, dinero en efectivo y balanzas para el pesaje de estupefacientes. Así también, el fiscal de Crimen Organizado de Valparaíso, José Antonio Uribe, declaró que los detenidostenían vínculos jerárquicos con los líderes desbaratados en agosto, y su función principal era el acopio y la comercialización de drogas sintéticas. Los tres sujetos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y quedaron en prisión preventiva bajo cargos de tráfico de drogas. Finalmente, este nuevo golpe al Tren de Aragua sigue los pasos del operativo de agosto, donde se desarticuló gran parte de la banda, la cual incluso había tomado control de un edificio en el centro de Viña del Mar. La captura de estos miembros refuerza la intención de las autoridades de erradicar definitivamente esta organización criminal de la zona.
Este miércoles, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó los resultados de su 92° edición de la encuesta correspondiente al periodo de agosto-septiembre de 2024, donde se evaluó la confianza en diversas instituciones del país. La Policía de Investigaciones (PDI) se posicionó en primer lugar con un notable aumento de siete puntos, alcanzando un 59% de confianza en comparación con la medición anterior realizada en junio y julio. Ante esto, las universidades ocuparon el segundo lugar, incrementando su confianza en cuatro puntos, lo que les permitió llegar al 57%. Carabineros también reportó un crecimiento significativo en la percepción pública, subiendo cinco puntos desde su anterior medición, logrando un 57% de confianza en septiembre. En el cuarto puesto, las Fuerzas Armadas obtuvieron un 51%, mientras que las emisoras de radio experimentaron un aumento de siete puntos, alcanzando un 45%. Finalmente, el estudio se llevó a cabo entre el 2 de agosto y el 12 de septiembre de 2024, mediante entrevistas presenciales a 1,482 personas en 127 comunas de Chile. Según el CEP, la encuesta presenta un nivel de confianza del 95%.