El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dará inicio este martes a una gira por China, Vietnam y Japón con un enfoque principalmente económico: busca atraer nuevas inversiones, ampliar los mercados para las exportaciones chilenas y crear oportunidades que puedan resultar en empleo. La agenda incluye encuentros con altas autoridades políticas y representantes empresariales de tres de los principales socios de Chile en Asia-Pacífico. Antes de partir, el canciller resumió el propósito de la gira destacando su potencial impacto para el país. “Estamos abriendo oportunidades para los chilenos. Eso es lo que nos ha traído a China, Vietnam y Japón”, afirmó. Además, expresó: “Queremos más trabajo para los chilenos, queremos más mercados para nuestras exportaciones y más inversiones para que elijan a Chile, para que Choose Chile, como decimos nosotros”. La primera parada será China, actualmente el principal socio comercial de Chile. En Beijing, Pérez Mackenna se reunirá con el canciller Wang Yi y otros altos funcionarios, así como con empresarios a quienes presentará el programa Choose Chile, diseñado para atraer inversiones. El intercambio comercial entre ambos países alcanzó los US$67.105 millones durante 2025. Desde Beijing también se han emitido declaraciones sobre la visita. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, señaló que “China espera intercambiar puntos de vista con Chile sobre las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales y regionales de interés común, ampliar los consensos y profundizar la cooperación”. Asimismo, calificó a Chile como un país “clave” para China en América Latina y Asia-Pacífico. Luego, la gira continuará en Vietnam, donde el Gobierno buscará fortalecer oportunidades en sectores como energías renovables, minería, agricultura, innovación y educación. El comercio bilateral superó los US$2.100 millones en 2025 y aumentó un 39% en solo un año, según información oficial. A continuación, Pérez Mackenna se trasladará a Japón, segundo socio comercial chileno en Asia, con un intercambio que alcanzó los US$11.062 millones. Este viaje también servirá como preparación para la visita que realizará el Presidente José Antonio Kast a China en noviembre durante la Cumbre de Líderes de APEC. Para el Ejecutivo, el objetivo es transformar las relaciones con Asia en nuevas cadenas de valor relacionadas con tecnología, minerales críticos, transición energética y otros sectores capaces de atraer inversión hacia Chile. La visita del canciller a China se produce en un momento marcado por las tensiones comerciales entre Chile y Estados Unidos debido a la imposición de nuevos aranceles a exportaciones nacionales, situación que ha llevado al Gobierno a desplegar acciones diplomáticas y comerciales para mitigar su impacto. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la agenda legislativa impulsada por el Gobierno para combatir el crimen organizado tras un operativo en Colina 2, rechazando las críticas por la ausencia de una reforma que permita flexibilizar el secreto bancario. Según el secretario de Estado, el levantamiento del secreto bancario ya está contemplado en la legislación, y se concede en la mayoría de los casos cuando es requerido por el Ministerio Público y cuenta con autorización judicial. En palabras del ministro, Acá hay que salir de los mitos. El alzamiento del secreto bancario existe, cada vez que sea solicitado se aprueba. Además, cuestionó la idea de que esta herramienta no existe, afirmando: Veamos cuántos casos han habido en la última década que se haya denegado. Yo no conozco ninguno, quizás habrá un par. En la gran mayoría, casi la totalidad, se aprueba de manera rápida. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), defendida por el ministro Arrau, contempla más de 20 proyectos en tramitación y otras iniciativas que serán ingresadas próximamente. Entre ellas se encuentra la creación del delito de pertenencia a organizaciones criminales y terroristas, así como mecanismos para congelar e incautar anticipadamente bienes vinculados a estas estructuras. A pesar de esto, desde la oposición surgieron críticas. El senador DC Iván Flores cuestionó que el Ejecutivo no haya priorizado un proyecto que permitiría levantar el secreto bancario sin orden judicial bajo ciertas condiciones. Según Flores, esta herramienta es fundamental para seguir la ruta del dinero y golpear las finanzas del crimen organizado. La primera línea de prioridad debería ser el levantamiento del secreto bancario si queremos de verdad entrar al crimen organizado , afirmó también el alcalde de San Bernardo, Christopher White. El ministro Arrau destacó una disminución cercana al 17-18% en los homicidios y un 20% en los robos con violencia en la Región Metropolitana. La agenda también incluye un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, con posibles restricciones al tránsito, reuniones e interceptación de comunicaciones en zonas determinadas. Quiero rescatar algo que señaló ayer el señor Presidente de la República. Hoy día nos estamos concentrando en tres objetivos claves: crecimiento económico, la seguridad y el empleo. Entonces, toda nuestra fuerza está precisamente destinada a cumplir aquella meta, expresó el ministro Arrau. Todos serán evaluados caso a caso, mencionó también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respecto al llamado de sectores de derecha para otorgar indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social. Fuente: ADN Radio Nacional
La Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile (ASOF) ha expresado su desaprobación hacia los comentarios realizados por la senadora Camila Flores (RN), luego de que se refiriera a la senadora Fabiola Campillai como señora de feria. Estas declaraciones surgieron durante un encuentro tenso en los pasillos del Congreso, donde Flores expresó: “Se le salió lo poblacional a la señora de feria”, generando críticas públicas. En respuesta, la presidenta de ASOF, Paola Morales, emitió un comunicado en el que señaló que las mujeres feriantes se sintieron afectadas por dicha referencia. “Como comunidad de feriantes nos dolió escuchar la frase ‘señora de feria’ utilizada como una descalificación”, afirmó Morales. “Es inaceptable”, agregó la dirigenta, que se utilice la identidad de quienes laboran en las ferias libres como un término despectivo. Además, resaltó el valor de esta labor, destacando que representa esfuerzo, dedicación diaria y una contribución significativa a las comunidades. “Si alguien considera que llamar a una mujer ‘señora de feria’ es un insulto, demuestra un profundo desconocimiento sobre quiénes somos. Ser mujer de feria es motivo de orgullo ”, enfatizó Morales. Por último, hizo un llamado a poner fin a este tipo de estigmatizaciones. “Esperamos que nuestra identidad nunca más sea utilizada como motivo de descalificación. Formamos parte de la historia de Chile”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
Una controversia se ha desatado entre el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y el laboratorio Corthorn Health, después de que este último informara que una muestra tomada al exfuncionario arrojó resultados positivos en dos análisis realizados por separado. La situación se complicó cuando Rodríguez solicitó que la contramuestra fuera enviada a un laboratorio externo. La empresa rechazó esta solicitud y comunicó su decisión al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), argumentando que trasladar la muestra pondría en peligro la cadena de custodia y la validez técnica del proceso. Según Corthorn Health, la muestra original fue analizada el 24 de junio y nuevamente el 8 de julio, por diferentes especialistas y con equipos distintos. La empresa afirmó que ambos análisis arrojaron el mismo resultado y señaló que “la única forma adecuada es abrir y analizar la contramuestra en Corthorn Health Limitada”. Además, el laboratorio mencionó que el exsubsecretario aún no ha solicitado formalmente la apertura de esa contramuestra según el protocolo establecido. Este procedimiento implica la verificación física de los sellos antes de iniciar un nuevo análisis. Rodríguez respondió a través de X, donde aseguró que pidió un informe cuantitativo que no le fue proporcionado. “No consumo drogas y confío en que la verdad prevalecerá”, declaró, mientras acusaba una violación de los protocolos relacionados con la información sensible. En una carta dirigida al laboratorio, el exfuncionario también cuestionó los criterios técnicos utilizados en el examen. “No consumo la sustancia mencionada en el informe ni ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal, y rechazo el resultado en su totalidad”, afirmó. La diferencia entre ambas versiones deberá resolverse mediante el procedimiento de contramuestra previsto en las normativas del servicio. Mientras se lleva a cabo este análisis, continúa el debate sobre la metodología, la custodia del material biológico y la interpretación de los resultados. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dará inicio este martes a una gira por China, Vietnam y Japón con un enfoque principalmente económico: busca atraer nuevas inversiones, ampliar los mercados para las exportaciones chilenas y crear oportunidades que puedan resultar en empleo. La agenda incluye encuentros con altas autoridades políticas y representantes empresariales de tres de los principales socios de Chile en Asia-Pacífico. Antes de partir, el canciller resumió el propósito de la gira destacando su potencial impacto para el país. “Estamos abriendo oportunidades para los chilenos. Eso es lo que nos ha traído a China, Vietnam y Japón”, afirmó. Además, expresó: “Queremos más trabajo para los chilenos, queremos más mercados para nuestras exportaciones y más inversiones para que elijan a Chile, para que Choose Chile, como decimos nosotros”. La primera parada será China, actualmente el principal socio comercial de Chile. En Beijing, Pérez Mackenna se reunirá con el canciller Wang Yi y otros altos funcionarios, así como con empresarios a quienes presentará el programa Choose Chile, diseñado para atraer inversiones. El intercambio comercial entre ambos países alcanzó los US$67.105 millones durante 2025. Desde Beijing también se han emitido declaraciones sobre la visita. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, señaló que “China espera intercambiar puntos de vista con Chile sobre las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales y regionales de interés común, ampliar los consensos y profundizar la cooperación”. Asimismo, calificó a Chile como un país “clave” para China en América Latina y Asia-Pacífico. Luego, la gira continuará en Vietnam, donde el Gobierno buscará fortalecer oportunidades en sectores como energías renovables, minería, agricultura, innovación y educación. El comercio bilateral superó los US$2.100 millones en 2025 y aumentó un 39% en solo un año, según información oficial. A continuación, Pérez Mackenna se trasladará a Japón, segundo socio comercial chileno en Asia, con un intercambio que alcanzó los US$11.062 millones. Este viaje también servirá como preparación para la visita que realizará el Presidente José Antonio Kast a China en noviembre durante la Cumbre de Líderes de APEC. Para el Ejecutivo, el objetivo es transformar las relaciones con Asia en nuevas cadenas de valor relacionadas con tecnología, minerales críticos, transición energética y otros sectores capaces de atraer inversión hacia Chile. La visita del canciller a China se produce en un momento marcado por las tensiones comerciales entre Chile y Estados Unidos debido a la imposición de nuevos aranceles a exportaciones nacionales, situación que ha llevado al Gobierno a desplegar acciones diplomáticas y comerciales para mitigar su impacto. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la agenda legislativa impulsada por el Gobierno para combatir el crimen organizado tras un operativo en Colina 2, rechazando las críticas por la ausencia de una reforma que permita flexibilizar el secreto bancario. Según el secretario de Estado, el levantamiento del secreto bancario ya está contemplado en la legislación, y se concede en la mayoría de los casos cuando es requerido por el Ministerio Público y cuenta con autorización judicial. En palabras del ministro, Acá hay que salir de los mitos. El alzamiento del secreto bancario existe, cada vez que sea solicitado se aprueba. Además, cuestionó la idea de que esta herramienta no existe, afirmando: Veamos cuántos casos han habido en la última década que se haya denegado. Yo no conozco ninguno, quizás habrá un par. En la gran mayoría, casi la totalidad, se aprueba de manera rápida. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), defendida por el ministro Arrau, contempla más de 20 proyectos en tramitación y otras iniciativas que serán ingresadas próximamente. Entre ellas se encuentra la creación del delito de pertenencia a organizaciones criminales y terroristas, así como mecanismos para congelar e incautar anticipadamente bienes vinculados a estas estructuras. A pesar de esto, desde la oposición surgieron críticas. El senador DC Iván Flores cuestionó que el Ejecutivo no haya priorizado un proyecto que permitiría levantar el secreto bancario sin orden judicial bajo ciertas condiciones. Según Flores, esta herramienta es fundamental para seguir la ruta del dinero y golpear las finanzas del crimen organizado. La primera línea de prioridad debería ser el levantamiento del secreto bancario si queremos de verdad entrar al crimen organizado , afirmó también el alcalde de San Bernardo, Christopher White. El ministro Arrau destacó una disminución cercana al 17-18% en los homicidios y un 20% en los robos con violencia en la Región Metropolitana. La agenda también incluye un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, con posibles restricciones al tránsito, reuniones e interceptación de comunicaciones en zonas determinadas. Quiero rescatar algo que señaló ayer el señor Presidente de la República. Hoy día nos estamos concentrando en tres objetivos claves: crecimiento económico, la seguridad y el empleo. Entonces, toda nuestra fuerza está precisamente destinada a cumplir aquella meta, expresó el ministro Arrau. Todos serán evaluados caso a caso, mencionó también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respecto al llamado de sectores de derecha para otorgar indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social. Fuente: ADN Radio Nacional
La Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile (ASOF) ha expresado su desaprobación hacia los comentarios realizados por la senadora Camila Flores (RN), luego de que se refiriera a la senadora Fabiola Campillai como señora de feria. Estas declaraciones surgieron durante un encuentro tenso en los pasillos del Congreso, donde Flores expresó: “Se le salió lo poblacional a la señora de feria”, generando críticas públicas. En respuesta, la presidenta de ASOF, Paola Morales, emitió un comunicado en el que señaló que las mujeres feriantes se sintieron afectadas por dicha referencia. “Como comunidad de feriantes nos dolió escuchar la frase ‘señora de feria’ utilizada como una descalificación”, afirmó Morales. “Es inaceptable”, agregó la dirigenta, que se utilice la identidad de quienes laboran en las ferias libres como un término despectivo. Además, resaltó el valor de esta labor, destacando que representa esfuerzo, dedicación diaria y una contribución significativa a las comunidades. “Si alguien considera que llamar a una mujer ‘señora de feria’ es un insulto, demuestra un profundo desconocimiento sobre quiénes somos. Ser mujer de feria es motivo de orgullo ”, enfatizó Morales. Por último, hizo un llamado a poner fin a este tipo de estigmatizaciones. “Esperamos que nuestra identidad nunca más sea utilizada como motivo de descalificación. Formamos parte de la historia de Chile”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
Una controversia se ha desatado entre el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y el laboratorio Corthorn Health, después de que este último informara que una muestra tomada al exfuncionario arrojó resultados positivos en dos análisis realizados por separado. La situación se complicó cuando Rodríguez solicitó que la contramuestra fuera enviada a un laboratorio externo. La empresa rechazó esta solicitud y comunicó su decisión al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), argumentando que trasladar la muestra pondría en peligro la cadena de custodia y la validez técnica del proceso. Según Corthorn Health, la muestra original fue analizada el 24 de junio y nuevamente el 8 de julio, por diferentes especialistas y con equipos distintos. La empresa afirmó que ambos análisis arrojaron el mismo resultado y señaló que “la única forma adecuada es abrir y analizar la contramuestra en Corthorn Health Limitada”. Además, el laboratorio mencionó que el exsubsecretario aún no ha solicitado formalmente la apertura de esa contramuestra según el protocolo establecido. Este procedimiento implica la verificación física de los sellos antes de iniciar un nuevo análisis. Rodríguez respondió a través de X, donde aseguró que pidió un informe cuantitativo que no le fue proporcionado. “No consumo drogas y confío en que la verdad prevalecerá”, declaró, mientras acusaba una violación de los protocolos relacionados con la información sensible. En una carta dirigida al laboratorio, el exfuncionario también cuestionó los criterios técnicos utilizados en el examen. “No consumo la sustancia mencionada en el informe ni ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal, y rechazo el resultado en su totalidad”, afirmó. La diferencia entre ambas versiones deberá resolverse mediante el procedimiento de contramuestra previsto en las normativas del servicio. Mientras se lleva a cabo este análisis, continúa el debate sobre la metodología, la custodia del material biológico y la interpretación de los resultados. Fuente: ADN Radio Nacional
