La Corte de Apelaciones de Santiago ha tomado la decisión de inhabilitar al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, para revisar causas presentadas por la Municipalidad de Santiago en contra de delitos registrados en liceos emblemáticos. Esta determinación se produce después de que el municipio liderado por Mario Desbordes presentara una querella criminal por delitos de incendio, lanzamiento de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y lesiones ocurridos en el Internado Nacional Barros Arana y sus alrededores. Sin embargo, el conflicto surgió cuando el juez Urrutia declaró inadmisible la querella, argumentando que una municipalidad no podía querellarse por delitos comunes. La parte querellante alegó que el magistrado había aceptado querellas similares en el pasado bajo otras administraciones municipales, lo que evidenciaría un trato desigual. La Municipalidad de Santiago también sostuvo que Urrutia mantenía una animadversión personal hacia el actual alcalde, Mario Desbordes, sustentada en una querella previa que el juez interpuso contra él por calumnias, además de publicaciones en redes sociales que reflejarían una postura crítica hacia su gestión. En su defensa, Urrutia negó cualquier enemistad con la Municipalidad o sus representantes, subrayando que la entidad edilicia y el alcalde son jurídicamente distintos. Explicó que en casos anteriores las querellas fueron admitidas porque la municipalidad era directamente víctima, lo que no ocurría en esta oportunidad. Tras analizar los antecedentes, la Corte de Apelaciones concluyó que existían elementos suficientes para poner en duda la imparcialidad del juez en esta causa. Esto, considerando los antecedentes de enfrentamientos previos y la evidencia aportada sobre sus opiniones públicas. De esta manera, el tribunal acogió la solicitud de recusación, declarando inhabilitado a Urrutia para conocer esta y cualquier otra causa del Séptimo Juzgado de Garantía en que intervenga la Municipalidad de Santiago como parte. Fuente: ADN Radio Nacional
Una madre, Selene Silva, ha levantado acusaciones de malos tratos en contra del Ejército hacia su hijo, Marcelo Huincahue, quien ingresó al servicio militar en buen estado de salud y ahora espera un trasplante de riñón. El joven de 19 años se enlistó voluntariamente en la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro” (BOE) de Colina, región Metropolitana. Según su testimonio en Chilevisión, comenzó a experimentar problemas de salud como inflamación corporal, dificultad para orinar y tos con sangre, sin recibir la atención adecuada. Físicamente entré bien, nunca me había enfermado ni había tenido algo tan grave como tengo ahora, afirmó. Su madre relató que al intentar llevarlo a un centro médico durante una tarde libre, se le prohibió hacerlo. Al llamar al cuartel al día siguiente, un oficial le respondió: “Su hijo no está en un jardín infantil. Está en el Ejército, nosotros somos el dueño de su hijo”. Además, denunció que fue bloqueada para realizar más llamados y que la enfermería del recinto presentaba condiciones precarias. Finalmente, Selene retiró a su hijo y lo llevó a urgencias donde fue intubado por riesgo vital. Mi hijo llega unas horas más tarde y se muere, advirtió sobre la gravedad de la situación. Llegó en riesgo vital, dijo Selene. El doctor me dice: ‘cualquier médico general, que ve la situación de su hijo, se da cuenta que tiene una enfermedad grave’”. En respuesta a estas acusaciones, el Ejército emitió un comunicado informando que un sumario administrativo aplicó “drásticas sanciones” al personal responsable, quienes ya no forman parte de la institución. Además, se determinó una pensión vitalicia para Huincahue. La institución castrense aseguró que ha financiado todos los tratamientos y consultas médicas necesarias para el joven afectado, realizando más de 80 atenciones con equipos multidisciplinarios de especialistas hasta la fecha. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte de Apelaciones de Santiago ha tomado la decisión de inhabilitar al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, para revisar causas presentadas por la Municipalidad de Santiago en contra de delitos registrados en liceos emblemáticos. Esta determinación se produce después de que el municipio liderado por Mario Desbordes presentara una querella criminal por delitos de incendio, lanzamiento de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y lesiones ocurridos en el Internado Nacional Barros Arana y sus alrededores. Sin embargo, el conflicto surgió cuando el juez Urrutia declaró inadmisible la querella, argumentando que una municipalidad no podía querellarse por delitos comunes. La parte querellante alegó que el magistrado había aceptado querellas similares en el pasado bajo otras administraciones municipales, lo que evidenciaría un trato desigual. La Municipalidad de Santiago también sostuvo que Urrutia mantenía una animadversión personal hacia el actual alcalde, Mario Desbordes, sustentada en una querella previa que el juez interpuso contra él por calumnias, además de publicaciones en redes sociales que reflejarían una postura crítica hacia su gestión. En su defensa, Urrutia negó cualquier enemistad con la Municipalidad o sus representantes, subrayando que la entidad edilicia y el alcalde son jurídicamente distintos. Explicó que en casos anteriores las querellas fueron admitidas porque la municipalidad era directamente víctima, lo que no ocurría en esta oportunidad. Tras analizar los antecedentes, la Corte de Apelaciones concluyó que existían elementos suficientes para poner en duda la imparcialidad del juez en esta causa. Esto, considerando los antecedentes de enfrentamientos previos y la evidencia aportada sobre sus opiniones públicas. De esta manera, el tribunal acogió la solicitud de recusación, declarando inhabilitado a Urrutia para conocer esta y cualquier otra causa del Séptimo Juzgado de Garantía en que intervenga la Municipalidad de Santiago como parte. Fuente: ADN Radio Nacional
Una madre, Selene Silva, ha levantado acusaciones de malos tratos en contra del Ejército hacia su hijo, Marcelo Huincahue, quien ingresó al servicio militar en buen estado de salud y ahora espera un trasplante de riñón. El joven de 19 años se enlistó voluntariamente en la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro” (BOE) de Colina, región Metropolitana. Según su testimonio en Chilevisión, comenzó a experimentar problemas de salud como inflamación corporal, dificultad para orinar y tos con sangre, sin recibir la atención adecuada. Físicamente entré bien, nunca me había enfermado ni había tenido algo tan grave como tengo ahora, afirmó. Su madre relató que al intentar llevarlo a un centro médico durante una tarde libre, se le prohibió hacerlo. Al llamar al cuartel al día siguiente, un oficial le respondió: “Su hijo no está en un jardín infantil. Está en el Ejército, nosotros somos el dueño de su hijo”. Además, denunció que fue bloqueada para realizar más llamados y que la enfermería del recinto presentaba condiciones precarias. Finalmente, Selene retiró a su hijo y lo llevó a urgencias donde fue intubado por riesgo vital. Mi hijo llega unas horas más tarde y se muere, advirtió sobre la gravedad de la situación. Llegó en riesgo vital, dijo Selene. El doctor me dice: ‘cualquier médico general, que ve la situación de su hijo, se da cuenta que tiene una enfermedad grave’”. En respuesta a estas acusaciones, el Ejército emitió un comunicado informando que un sumario administrativo aplicó “drásticas sanciones” al personal responsable, quienes ya no forman parte de la institución. Además, se determinó una pensión vitalicia para Huincahue. La institución castrense aseguró que ha financiado todos los tratamientos y consultas médicas necesarias para el joven afectado, realizando más de 80 atenciones con equipos multidisciplinarios de especialistas hasta la fecha. Fuente: ADN Radio Nacional
