Por delito de fraude al Fisco: CDE anuncia querella criminal contra el diputado Mauricio Ojeda
La acción se enmarca en la investigación por la transferencia de más de $700 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a la fundación Folab.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos.
La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regional habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados.
Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos.
El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos.
Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero”. Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
El megaproyecto se ubicará en un terreno fiscal de 42.841 metros cuadrados.
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