La Corte Suprema ha desestimado el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador Javier Macaya, confirmando así su condena a seis años de cárcel efectiva por delitos de abuso sexual contra menores de edad. La sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando el 10 de julio, ya había sido comunicada oficialmente el 19 de julio. El caso, que comenzó con la formalización de Macaya el 7 de junio de 2023, ha tenido un desarrollo marcado por la gravedad de las acusaciones y la solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins de una pena de 12 años. Sin embargo, el tribunal optó por una pena menor, además de imponer severas sanciones accesorias, que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la vigilancia de la autoridad durante una década tras cumplir la condena. Desde su formalización, Macaya ha estado en prisión, alternando entre arresto domiciliario y prisión preventiva, acumulando casi 500 días de privación de libertad, tiempo que será descontado de su pena. Finalmente, el caso también ha tenido repercusiones políticas. Ante un reportaje que insinuó un trato preferencial hacia Macaya en el centro penitenciario, Gendarmería de Chile ha abierto un sumario administrativo para investigar las circunstancias. Por su parte, Javier Macaya, tras enfrentar presiones por sus declaraciones en defensa de su padre, ha renunciado a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
En una reciente reunión del Pleno en el Palacio de Tribunales, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras la aprobación de acusaciones constitucionales en el Senado. Melo destacó que, a pesar de los acontecimientos aislados, el Poder Judicial continúa su labor con integridad. “Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado, ya que no nos corresponde calificarla”, declaró Melo. Al respecto del informe en la comisión de Ética contra Muñoz, informó que el Tribunal Pleno decidió archivar los antecedentes dado que el exministro ya no forma parte del Poder Judicial. Ante esto, Melo hizo hincapié en la profesionalidad del Poder Judicial, afirmando que “no es justo catalogar a todo un sistema como corrupto por acciones aisladas”. Además, recalcó que las decisiones tomadas por el tribunal pueden no satisfacer a todos, pero esto no implica la existencia de corrupción o malos manejos. “Este Poder Judicial es muy profesional, y es injusto que se nos catalogue de esa manera”, concluyó. Finalmente, con esta declaración, la Corte Suprema busca reafirmar su compromiso con la ética y la independencia, en medio de un contexto político y judicial complejo.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
La Corte Suprema ha desestimado el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador Javier Macaya, confirmando así su condena a seis años de cárcel efectiva por delitos de abuso sexual contra menores de edad. La sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando el 10 de julio, ya había sido comunicada oficialmente el 19 de julio. El caso, que comenzó con la formalización de Macaya el 7 de junio de 2023, ha tenido un desarrollo marcado por la gravedad de las acusaciones y la solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins de una pena de 12 años. Sin embargo, el tribunal optó por una pena menor, además de imponer severas sanciones accesorias, que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la vigilancia de la autoridad durante una década tras cumplir la condena. Desde su formalización, Macaya ha estado en prisión, alternando entre arresto domiciliario y prisión preventiva, acumulando casi 500 días de privación de libertad, tiempo que será descontado de su pena. Finalmente, el caso también ha tenido repercusiones políticas. Ante un reportaje que insinuó un trato preferencial hacia Macaya en el centro penitenciario, Gendarmería de Chile ha abierto un sumario administrativo para investigar las circunstancias. Por su parte, Javier Macaya, tras enfrentar presiones por sus declaraciones en defensa de su padre, ha renunciado a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
En una reciente reunión del Pleno en el Palacio de Tribunales, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras la aprobación de acusaciones constitucionales en el Senado. Melo destacó que, a pesar de los acontecimientos aislados, el Poder Judicial continúa su labor con integridad. “Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado, ya que no nos corresponde calificarla”, declaró Melo. Al respecto del informe en la comisión de Ética contra Muñoz, informó que el Tribunal Pleno decidió archivar los antecedentes dado que el exministro ya no forma parte del Poder Judicial. Ante esto, Melo hizo hincapié en la profesionalidad del Poder Judicial, afirmando que “no es justo catalogar a todo un sistema como corrupto por acciones aisladas”. Además, recalcó que las decisiones tomadas por el tribunal pueden no satisfacer a todos, pero esto no implica la existencia de corrupción o malos manejos. “Este Poder Judicial es muy profesional, y es injusto que se nos catalogue de esa manera”, concluyó. Finalmente, con esta declaración, la Corte Suprema busca reafirmar su compromiso con la ética y la independencia, en medio de un contexto político y judicial complejo.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
