La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación. La jueza Cristina Cabello absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica en 2019, aplicando la legítima defensa privilegiada establecida por la Ley Naín-Retamal. En su fallo, la magistrada determinó que se acreditaron los requisitos de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado, amparando así la conducta del acusado bajo esta causal de justificación. La decisión judicial, que aplicó la norma de 2023 de forma retroactiva, desató una inmediata división en el oficialismo. Parlamentarios del PC y el Frente Amplio responsabilizaron al gobierno y a los partidos que apoyaron la ley, lo que provocó que el Partido Socialista congelara su participación en la alianza gubernamental. El presidente Gabriel Boric se desligó de la iniciativa, afirmando que “la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno”, sino una fusión de proyectos parlamentarios que su administración promulgó tras intervenir con indicaciones que, en su mayoría, no prosperaron. La ley, que rinde homenaje a dos carabineros fallecidos, fue aprobada en abril de 2023 con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, recibiendo un “apoyo muy macizo” según la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Su aprobación se aceleró tras el asesinato de la sargento Rita Olivares. La legislación establece una legítima defensa privilegiada para los miembros de Carabineros, la PDI y otras fuerzas policiales cuando utilizan sus armas en actos de servicio, invirtiendo la carga de la prueba al presumir que actuaron en defensa propia. También aumenta las penas para delitos cometidos contra funcionarios policiales y contempla una retroactividad penal más favorable, permitiendo que sus beneficios se apliquen a juicios iniciados después de su vigencia, incluso si los hechos ocurrieron antes, como sucedió en el caso de Claudio Crespo. La norma benefició al imputado mediante el principio de retroactividad penal más favorable, ya que el juicio comenzó en 2024, mientras los hechos ocurrieron en noviembre de 2019. Según reportó Emol , la controversia llevó al gobierno a eliminar cualquier referencia a la ley en su listado de “avances” publicado en su página web. Fuente: CNN Chile País
El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a los nuevos antecedentes revelados en el marco del caso “ trama bielorrusa “, en el que se investigan las gestiones de autoridades chilenas en un juicio que ordenó a Codelco a pagar más de $1.026 millones al consorcio bielorruso CBM. En una entrevista con Radio Pauta , el fiscal también abordó la situación del diputado Cristián Araya (Republicano) y del senador Matías Walker (Demócratas). En relación a Araya, Ciper informó sobre un documento del OS-7 de Carabineros que interceptó una llamada en la que el suspendido conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, admitió haber entregado $1,7 millones al diputado republicano. Por otro lado, en cuanto a Walker, Reportea reveló que Yáber transfirió $1,6 millones a la cuenta bancaria del senador para ayudarle a pagar el pasaje aéreo de su hijo que estaba realizando una pasantía en Canadá. Valencia descartó calificar a ambos como imputados, pero afirmó que los hechos deben ser investigados. En este sentido, señaló que los nuevos antecedentes ameritan una investigación y que el Ministerio Público deberá determinar si se mantienen dentro de la causa principal o si se abrirá otra carpeta. Sobre Walker, el fiscal mencionó que la situación del depósito debe ser esclarecida. Respecto a Araya, indicó que los antecedentes sugieren gestiones de apoyo a un ministro y de desprestigio de un diputado en ejercicio. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) están llevando a cabo allanamientos en las oficinas de Codelco y Sernageomin en las regiones de Atacama, Metropolitana y O'Higgins, como parte de la investigación sobre el derrumbe en la mina El Teniente. Este operativo cuenta con la participación de 120 funcionarios de la PDI, acompañados por seis fiscales, entre los que se encuentran el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, y Claudio Meneses. En detalle, se han realizado allanamientos en las oficinas corporativas y administrativas de El Teniente, así como en las instalaciones mineras del sector Colón. Hasta el momento, se han identificado 30 sujetos de interés, relacionados con este caso. Es importante recordar que el derrumbe en la mina El Teniente ocurrió a principios de agosto de este año y resultó en la trágica muerte de seis mineros. Fuente: CNN Chile País
Según información a la que tuvo acceso CNN Chile, la acción legal se presentará esta tarde contra el otrora encargado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, anunció que el Ministerio Público presentará una querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, por los delitos de prevaricación, violación de secreto y cohecho. Carrera confirmó a CNN Chile que la acción legal se interpondrá hoy contra el exjefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. 🔴AHORA| Fiscal de Arica, Mario Carrera, confirmó en exclusiva con @CNNChile que ingresarán HOY querella de capítulos contra ex fiscal Manuel Guerra, x delitos de prevaricación, violación de secreto y cohecho. @tv_monica pic.twitter.com/6lZkk41HcN — Miguelangel Araya (@solomaraya) October 24, 2025 El caso contra el exfiscal Guerra se inició tras la revelación de conversaciones que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla en relación a los antecedentes del denominado caso Audios. En desarrollo… Fuente: CNN Chile País
El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación. La jueza Cristina Cabello absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica en 2019, aplicando la legítima defensa privilegiada establecida por la Ley Naín-Retamal. En su fallo, la magistrada determinó que se acreditaron los requisitos de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado, amparando así la conducta del acusado bajo esta causal de justificación. La decisión judicial, que aplicó la norma de 2023 de forma retroactiva, desató una inmediata división en el oficialismo. Parlamentarios del PC y el Frente Amplio responsabilizaron al gobierno y a los partidos que apoyaron la ley, lo que provocó que el Partido Socialista congelara su participación en la alianza gubernamental. El presidente Gabriel Boric se desligó de la iniciativa, afirmando que “la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno”, sino una fusión de proyectos parlamentarios que su administración promulgó tras intervenir con indicaciones que, en su mayoría, no prosperaron. La ley, que rinde homenaje a dos carabineros fallecidos, fue aprobada en abril de 2023 con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, recibiendo un “apoyo muy macizo” según la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Su aprobación se aceleró tras el asesinato de la sargento Rita Olivares. La legislación establece una legítima defensa privilegiada para los miembros de Carabineros, la PDI y otras fuerzas policiales cuando utilizan sus armas en actos de servicio, invirtiendo la carga de la prueba al presumir que actuaron en defensa propia. También aumenta las penas para delitos cometidos contra funcionarios policiales y contempla una retroactividad penal más favorable, permitiendo que sus beneficios se apliquen a juicios iniciados después de su vigencia, incluso si los hechos ocurrieron antes, como sucedió en el caso de Claudio Crespo. La norma benefició al imputado mediante el principio de retroactividad penal más favorable, ya que el juicio comenzó en 2024, mientras los hechos ocurrieron en noviembre de 2019. Según reportó Emol , la controversia llevó al gobierno a eliminar cualquier referencia a la ley en su listado de “avances” publicado en su página web. Fuente: CNN Chile País
El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a los nuevos antecedentes revelados en el marco del caso “ trama bielorrusa “, en el que se investigan las gestiones de autoridades chilenas en un juicio que ordenó a Codelco a pagar más de $1.026 millones al consorcio bielorruso CBM. En una entrevista con Radio Pauta , el fiscal también abordó la situación del diputado Cristián Araya (Republicano) y del senador Matías Walker (Demócratas). En relación a Araya, Ciper informó sobre un documento del OS-7 de Carabineros que interceptó una llamada en la que el suspendido conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, admitió haber entregado $1,7 millones al diputado republicano. Por otro lado, en cuanto a Walker, Reportea reveló que Yáber transfirió $1,6 millones a la cuenta bancaria del senador para ayudarle a pagar el pasaje aéreo de su hijo que estaba realizando una pasantía en Canadá. Valencia descartó calificar a ambos como imputados, pero afirmó que los hechos deben ser investigados. En este sentido, señaló que los nuevos antecedentes ameritan una investigación y que el Ministerio Público deberá determinar si se mantienen dentro de la causa principal o si se abrirá otra carpeta. Sobre Walker, el fiscal mencionó que la situación del depósito debe ser esclarecida. Respecto a Araya, indicó que los antecedentes sugieren gestiones de apoyo a un ministro y de desprestigio de un diputado en ejercicio. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) están llevando a cabo allanamientos en las oficinas de Codelco y Sernageomin en las regiones de Atacama, Metropolitana y O'Higgins, como parte de la investigación sobre el derrumbe en la mina El Teniente. Este operativo cuenta con la participación de 120 funcionarios de la PDI, acompañados por seis fiscales, entre los que se encuentran el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, y Claudio Meneses. En detalle, se han realizado allanamientos en las oficinas corporativas y administrativas de El Teniente, así como en las instalaciones mineras del sector Colón. Hasta el momento, se han identificado 30 sujetos de interés, relacionados con este caso. Es importante recordar que el derrumbe en la mina El Teniente ocurrió a principios de agosto de este año y resultó en la trágica muerte de seis mineros. Fuente: CNN Chile País
Según información a la que tuvo acceso CNN Chile, la acción legal se presentará esta tarde contra el otrora encargado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, anunció que el Ministerio Público presentará una querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, por los delitos de prevaricación, violación de secreto y cohecho. Carrera confirmó a CNN Chile que la acción legal se interpondrá hoy contra el exjefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. 🔴AHORA| Fiscal de Arica, Mario Carrera, confirmó en exclusiva con @CNNChile que ingresarán HOY querella de capítulos contra ex fiscal Manuel Guerra, x delitos de prevaricación, violación de secreto y cohecho. @tv_monica pic.twitter.com/6lZkk41HcN — Miguelangel Araya (@solomaraya) October 24, 2025 El caso contra el exfiscal Guerra se inició tras la revelación de conversaciones que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla en relación a los antecedentes del denominado caso Audios. En desarrollo… Fuente: CNN Chile País
El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
