El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
En una jornada marcada por importantes decisiones, el Presidente Gabriel Boric lideró la promulgación de la ley que integra la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público. Esta entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad ahora cuenta con la capacidad de operar en todas las regiones de Chile. En sus declaraciones, el Mandatario destacó la importancia de la colaboración entre instituciones: “Lo que nosotros hemos estado haciendo en Chile de manera muy seria, muy profesional, muy articulada con las diferentes instituciones (…). Esto da cuenta de una política de Estado para poder enfrentar un fenómeno que es tremendamente complejo”, afirmó. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, enfatizó que esta ley “nos permite estar promulgando esta reforma importantísima, para que nuestro Estado tenga todas las herramientas necesarias y suficientes para combatir el crimen organizado (…). La forma que tiene el Estado de Chile para combatir este flagelo es hacerlo fortaleciendo sus instituciones”. El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que la nueva Fiscalía “se agrega a las fiscalías regionales actualmente existentes, pero con una capacidad especializada para el combate del crimen organizado en distintas regiones del país (…), particularmente aquellos delitos que cometen asociaciones criminales y que no reconocen fronteras ni dentro de nuestro país ni tampoco hacia afuera”. La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades como los ministros Álvaro Elizalde, Luis Cordero y Jaime Gajardo, la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner, el fiscal nacional Ángel Valencia, el general director de Carabineros Marcelo Araya y el director general de la PDI Eduardo Cerna, entre otros funcionarios relevantes. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte Suprema emitió un fallo en el que determinó que el Ministerio Público actuó de manera ilegal y arbitraria al negarse a investigar administrativamente una reunión en particular. En este caso, la Corte Suprema falló a favor de los diputados Luis Cuello (PC) y Boris Barrera (PC), quienes presentaron una objeción contra la Fiscalía por rechazar la investigación administrativa de una reunión entre el fiscal Nacional, Ángel Valencia, con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. La reunión en cuestión tuvo lugar después de que Valencia asumiera su cargo en la Fiscalía Nacional y se especula que fue para limar asperezas, según lo expresado tanto por Valencia como por la institución cuando se les ha consultado al respecto. La resolución de la Corte Suprema estableció que el Ministerio Público ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar de plano por medio del Fiscal Nacional subrogante la denuncia de los actores presentada contra el Fiscal Nacional, incurriendo en una vulneración a su garantía constitucional de igualdad ante la ley. De acuerdo con La Tercera, la máxima instancia judicial indicó que será acogida la presente acción según se dirá en lo resolutivo de este fallo. Además, se revocó el fallo de la Corte de Santiago y se dejó sin efecto la decisión de la Fiscalía Nacional, instando a dar curso a la denuncia como en derecho corresponde, de conformidad con lo razonado en el considerando quinto de este fallo. Según La Tercera, el Ministerio Público deberá convocar a tres fiscales regionales sorteados para determinar si se debe iniciar una investigación administrativa conforme a la Ley de Lobby. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
El futuro judicial y político de Daniel Jadue se encuentra en una etapa crucial, luego de que la Fiscalía Regional Centro Norte formalizara la acusación en su contra en el marco del Caso Farmacias Populares. Este caso investiga posibles actos de corrupción durante su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La fiscal Giovanna Herrera, a cargo de la investigación desde 2021, presentó la acusación el 8 de agosto ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, adjuntando un disco duro con toda la evidencia recopilada. En el mismo escrito, solicitó el cierre formal de la investigación, paso previo a un eventual juicio oral. A pesar del avance del Ministerio Público, la defensa liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera ha argumentado que se trata de una maniobra con motivaciones políticas. Aguilera ha presentado recursos para extender el plazo indagatorio, los cuales serán evaluados en una audiencia crucial programada para el 28 de agosto. Además de las implicaciones legales, este caso podría afectar directamente la carrera política de Jadue. El Partido Comunista ha confirmado que postulará como candidato a diputado por el distrito 9, actualmente representado por la diputada Karol Cariola, quien aspira a ser senadora por Valparaíso. Sin embargo, la Constitución establece que una persona acusada por delitos graves pierde su derecho a voto y, por ende, no puede ser candidato. En este sentido, el Servicio Electoral (Servel) publicará el lunes 18 de agosto los padrones electorales auditados, incluyendo la lista de personas inhabilitadas para votar. A partir de esa fecha, se abrirá un período de 10 días para presentar reclamaciones, que coincidirá con la fecha de la audiencia judicial clave fijada para el 28 de agosto. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
En una jornada marcada por importantes decisiones, el Presidente Gabriel Boric lideró la promulgación de la ley que integra la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público. Esta entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad ahora cuenta con la capacidad de operar en todas las regiones de Chile. En sus declaraciones, el Mandatario destacó la importancia de la colaboración entre instituciones: “Lo que nosotros hemos estado haciendo en Chile de manera muy seria, muy profesional, muy articulada con las diferentes instituciones (…). Esto da cuenta de una política de Estado para poder enfrentar un fenómeno que es tremendamente complejo”, afirmó. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, enfatizó que esta ley “nos permite estar promulgando esta reforma importantísima, para que nuestro Estado tenga todas las herramientas necesarias y suficientes para combatir el crimen organizado (…). La forma que tiene el Estado de Chile para combatir este flagelo es hacerlo fortaleciendo sus instituciones”. El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que la nueva Fiscalía “se agrega a las fiscalías regionales actualmente existentes, pero con una capacidad especializada para el combate del crimen organizado en distintas regiones del país (…), particularmente aquellos delitos que cometen asociaciones criminales y que no reconocen fronteras ni dentro de nuestro país ni tampoco hacia afuera”. La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades como los ministros Álvaro Elizalde, Luis Cordero y Jaime Gajardo, la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner, el fiscal nacional Ángel Valencia, el general director de Carabineros Marcelo Araya y el director general de la PDI Eduardo Cerna, entre otros funcionarios relevantes. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte Suprema emitió un fallo en el que determinó que el Ministerio Público actuó de manera ilegal y arbitraria al negarse a investigar administrativamente una reunión en particular. En este caso, la Corte Suprema falló a favor de los diputados Luis Cuello (PC) y Boris Barrera (PC), quienes presentaron una objeción contra la Fiscalía por rechazar la investigación administrativa de una reunión entre el fiscal Nacional, Ángel Valencia, con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. La reunión en cuestión tuvo lugar después de que Valencia asumiera su cargo en la Fiscalía Nacional y se especula que fue para limar asperezas, según lo expresado tanto por Valencia como por la institución cuando se les ha consultado al respecto. La resolución de la Corte Suprema estableció que el Ministerio Público ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar de plano por medio del Fiscal Nacional subrogante la denuncia de los actores presentada contra el Fiscal Nacional, incurriendo en una vulneración a su garantía constitucional de igualdad ante la ley. De acuerdo con La Tercera, la máxima instancia judicial indicó que será acogida la presente acción según se dirá en lo resolutivo de este fallo. Además, se revocó el fallo de la Corte de Santiago y se dejó sin efecto la decisión de la Fiscalía Nacional, instando a dar curso a la denuncia como en derecho corresponde, de conformidad con lo razonado en el considerando quinto de este fallo. Según La Tercera, el Ministerio Público deberá convocar a tres fiscales regionales sorteados para determinar si se debe iniciar una investigación administrativa conforme a la Ley de Lobby. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
El futuro judicial y político de Daniel Jadue se encuentra en una etapa crucial, luego de que la Fiscalía Regional Centro Norte formalizara la acusación en su contra en el marco del Caso Farmacias Populares. Este caso investiga posibles actos de corrupción durante su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La fiscal Giovanna Herrera, a cargo de la investigación desde 2021, presentó la acusación el 8 de agosto ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, adjuntando un disco duro con toda la evidencia recopilada. En el mismo escrito, solicitó el cierre formal de la investigación, paso previo a un eventual juicio oral. A pesar del avance del Ministerio Público, la defensa liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera ha argumentado que se trata de una maniobra con motivaciones políticas. Aguilera ha presentado recursos para extender el plazo indagatorio, los cuales serán evaluados en una audiencia crucial programada para el 28 de agosto. Además de las implicaciones legales, este caso podría afectar directamente la carrera política de Jadue. El Partido Comunista ha confirmado que postulará como candidato a diputado por el distrito 9, actualmente representado por la diputada Karol Cariola, quien aspira a ser senadora por Valparaíso. Sin embargo, la Constitución establece que una persona acusada por delitos graves pierde su derecho a voto y, por ende, no puede ser candidato. En este sentido, el Servicio Electoral (Servel) publicará el lunes 18 de agosto los padrones electorales auditados, incluyendo la lista de personas inhabilitadas para votar. A partir de esa fecha, se abrirá un período de 10 días para presentar reclamaciones, que coincidirá con la fecha de la audiencia judicial clave fijada para el 28 de agosto. Fuente: CNN Chile País
