Fiscal Nacional revela delitos y patrones comunes en Caso Convenios
El Fiscal identificó denominadores o factores comunes en varias regiones del país, los que facilitaron que ocurrieran los incidentes que son de conocimiento público.
El contralor Jorge Bermúdez compareció ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para abordar las posibles irregularidades en el traspaso de recursos del Estado a organizaciones sin fines de lucro. Durante su exposición, Bermúdez presentó los informes de fiscalización de las secretarías regionales ministeriales de Vivienda, en los cuales se evidenciaron graves irregularidades y patrones de acción que se repitieron a lo largo del país.
En relación a estas irregularidades, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, fue consultado en Radio ADN sobre si la Fiscalía también tenía conocimiento de ellas. Valencia afirmó que aún no había tenido acceso a los informes presentados por el contralor, pero señaló que "lo que está constatando el contralor es una conclusión bastante similar a la que hemos podido advertir en otros casos en los que se están actualmente investigando". Además, destacó que "no toda irregularidad administrativa es necesariamente un delito. Pero ya hemos encontrado varias situaciones en las cuales hay delitos y ya se ha formalizado investigación en algunas de ellas".
Valencia también mencionó que existen denominadores comunes o factores comunes en todos estos casos, los cuales facilitaron o permitieron que ocurrieran los incidentes que son de conocimiento público. En cuanto a la cantidad de investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía, Valencia indicó que es difícil determinar un número exacto debido a las diversas aristas que existen. Sin embargo, mencionó que actualmente se están investigando casos municipales en todas las regiones del país, y que en relación al "Caso Convenios" aún no se cuenta con información completa del contralor, lo cual podría modificar la afirmación inicial.
En cuanto al tiempo que toman este tipo de investigaciones, Valencia explicó que "un delito que afecta al patrimonio fiscal siempre requiere más diligencia, es más compleja que la investigación de otros delitos comunes. La investigación de un asalto a una gasolinera, de un robo a una casa, suele ser menos compleja que esto, básicamente por la cantidad de evidencia que uno tiene que analizar y recoger".
La Fiscalía abre causa penal por supuestas irregularidades en las demoliciones post incendio en Valparaíso, involucrando fondos públicos por más de 1.100 millones de pesos.
El Fiscal identificó denominadores o factores comunes en varias regiones del país, los que facilitaron que ocurrieran los incidentes que son de conocimiento público.
La ministra de Cultura asegura que la evaluación de proyectos es técnica y no gubernamental.
La Dipres ha publicado un informe sobre procedimientos disciplinarios relacionados con licencias médicas falsas, donde 577 personas fueron absueltas y 262 han sido destituidas. Este escándalo involucra a 29.270 funcionarios.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, expresa preocupación por retraso en la entrega de viviendas de emergencia a familias afectadas por incendios en la Región del Biobío.
Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato, menciona los perjuicios económicos al enfrentar a la U de Chile sin espectadores.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha dictado una medida judicial para bloquear el acceso a MagisTV por parte de todos los proveedores de internet en un plazo máximo de cinco días. Además, se exigirá que se muestre un mensaje informativo a los clientes que intenten acceder a la plataforma.
Excolaboradores y figuras de la derecha, incluyendo al exministro Enrique Paris y líderes de Chile Vamos, resaltaron la exigencia y apoyo del dos veces presidente en emotiva ceremonia.
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán–Cortina inician con una delegación nacional reducida debido a la lesión de Henrik Von Appen. La inauguración promete ser innovadora.
La exmandataria chilena ha sido postulada para ocupar un cargo en la ONU, con respaldo de México y Brasil.
Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones.
Un comunicado reveló que las instituciones del Gobierno Central reportan un total de 40.629 licencias médicas incumplidas, correspondientes a 29.270 funcionarios, de los cuales solo 262 fueron despedidos.
4 de febrero de 2026
