Fiscal Nacional revela delitos y patrones comunes en Caso Convenios
El Fiscal identificó denominadores o factores comunes en varias regiones del país, los que facilitaron que ocurrieran los incidentes que son de conocimiento público.
El contralor Jorge Bermúdez compareció ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para abordar las posibles irregularidades en el traspaso de recursos del Estado a organizaciones sin fines de lucro. Durante su exposición, Bermúdez presentó los informes de fiscalización de las secretarías regionales ministeriales de Vivienda, en los cuales se evidenciaron graves irregularidades y patrones de acción que se repitieron a lo largo del país.
En relación a estas irregularidades, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, fue consultado en Radio ADN sobre si la Fiscalía también tenía conocimiento de ellas. Valencia afirmó que aún no había tenido acceso a los informes presentados por el contralor, pero señaló que "lo que está constatando el contralor es una conclusión bastante similar a la que hemos podido advertir en otros casos en los que se están actualmente investigando". Además, destacó que "no toda irregularidad administrativa es necesariamente un delito. Pero ya hemos encontrado varias situaciones en las cuales hay delitos y ya se ha formalizado investigación en algunas de ellas".
Valencia también mencionó que existen denominadores comunes o factores comunes en todos estos casos, los cuales facilitaron o permitieron que ocurrieran los incidentes que son de conocimiento público. En cuanto a la cantidad de investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía, Valencia indicó que es difícil determinar un número exacto debido a las diversas aristas que existen. Sin embargo, mencionó que actualmente se están investigando casos municipales en todas las regiones del país, y que en relación al "Caso Convenios" aún no se cuenta con información completa del contralor, lo cual podría modificar la afirmación inicial.
En cuanto al tiempo que toman este tipo de investigaciones, Valencia explicó que "un delito que afecta al patrimonio fiscal siempre requiere más diligencia, es más compleja que la investigación de otros delitos comunes. La investigación de un asalto a una gasolinera, de un robo a una casa, suele ser menos compleja que esto, básicamente por la cantidad de evidencia que uno tiene que analizar y recoger".
Tras la suspensión del fallo, la decisión final queda en manos de la Corte Suprema. La disputa judicial de más de 12 años favorece al proyecto.
El Fiscal identificó denominadores o factores comunes en varias regiones del país, los que facilitaron que ocurrieran los incidentes que son de conocimiento público.
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