Fiscalía accede a solicitud del CDE y entregará chats de Hermosilla vinculados a funcionarios públicos
La Fiscalía autorizó el acceso del Consejo de Defensa del Estado a los mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono del abogado Luis Hermosilla. Estos chats podrían involucrar a funcionarios públicos, incluidos jueces y fiscales suspendidos.
La investigación del "Caso Audios", que involucra al abogado Luis Hermosilla, sigue sumando nuevas aristas judiciales. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su rol de querellante, solicitó el acceso a los chats extraídos del teléfono de Hermosilla que puedan estar relacionados con funcionarios públicos. La petición fue hecha el pasado 12 de septiembre por su presidente, Raúl Letelier, ante el fiscal nacional, Ángel Valencia.
Esta semana, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, dio luz verde a la solicitud, lo que permitirá al CDE revisar los mensajes que involucren a funcionarios públicos en investigaciones abiertas. Entre los nombres que se destacan en estos chats estarían la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quienes ya enfrentan indagatorias lideradas por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
Ante esto, la entrega de estos mensajes podría dar paso a nuevas querellas si se encontraran pruebas de delitos. El pasado 4 de septiembre, la Fiscalía entregó a la defensa de Hermosilla las 770 mil páginas de registros extraídas de su teléfono. Hasta el momento, solo se ha revisado un 20% del contenido, debido a la dificultad de identificar qué información es confidencial y qué podría ser de interés público.
En paralelo, la defensa de Hermosilla está a la espera de que el fiscal nacional decida sobre la solicitud para reemplazar a la fiscal Lorena Parra en la investigación, tras revelarse chats que implican una posible solicitud de reunión con la ex jefa anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera.
Finalmente, la próxima fase del caso podría exponer las conexiones de Hermosilla con otros jueces, fiscales y figuras políticas, ampliando aún más el alcance de esta investigación que ya ha sacudido a las altas esferas del poder judicial en Chile.
Tras la suspensión del fallo, la decisión final queda en manos de la Corte Suprema. La disputa judicial de más de 12 años favorece al proyecto.
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