Revelan que INDH aprobó las solicitudes por pensiones de gracia
La Fiscalía convocó a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos para prestar declaración en relación con el otorgamiento de pensiones de gracia.
El Ministerio Público persiste en la investigación de posibles irregularidades en la asignación de pensiones de gracia a personas lesionadas durante el estallido social, a raíz de un informe de la Contraloría que sugiere una potencial responsabilidad penal por mal uso de recursos públicos.
Según el órgano persecutor, se han identificado beneficiarios con más de 10 condenas por diversos delitos, arrojando luces sobre un presunto mal manejo en la entrega de estas pensiones. La Fiscalía citó a declarar a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad receptora de las denuncias, así como a representantes del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, encargado de emitir la recomendación final.
En este contexto, el diputado independiente de la bancada socialista, Tomás de Rementería, abogó por esclarecer todas las posibles falencias, aunque sostuvo que, en su opinión, no se cometieron delitos. Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, exigió la renuncia de las autoridades que, según él, pasaron por alto antecedentes penales de beneficiarios, argumentando motivos ideológicos.
En una perspectiva crítica hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, afirmó que la entidad demostró ser incapaz de llevar a cabo un filtro adecuado al aprobar todas las solicitudes de pensiones de gracia, según lo revelado por las actas del consejo del INDH, que acreditaron a todos los denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos como víctimas.
El medio de comunicación Ex-Ante constató que las actas del consejo del INDH revelaron la acreditación de 437 casos de denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones, todos ellos aprobados sin excepción.
La Fiscalía abre causa penal por supuestas irregularidades en las demoliciones post incendio en Valparaíso, involucrando fondos públicos por más de 1.100 millones de pesos.
La Fiscalía convocó a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos para prestar declaración en relación con el otorgamiento de pensiones de gracia.
La ministra de Cultura asegura que la evaluación de proyectos es técnica y no gubernamental.
La Dipres ha publicado un informe sobre procedimientos disciplinarios relacionados con licencias médicas falsas, donde 577 personas fueron absueltas y 262 han sido destituidas. Este escándalo involucra a 29.270 funcionarios.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, expresa preocupación por retraso en la entrega de viviendas de emergencia a familias afectadas por incendios en la Región del Biobío.
Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato, menciona los perjuicios económicos al enfrentar a la U de Chile sin espectadores.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha dictado una medida judicial para bloquear el acceso a MagisTV por parte de todos los proveedores de internet en un plazo máximo de cinco días. Además, se exigirá que se muestre un mensaje informativo a los clientes que intenten acceder a la plataforma.
Excolaboradores y figuras de la derecha, incluyendo al exministro Enrique Paris y líderes de Chile Vamos, resaltaron la exigencia y apoyo del dos veces presidente en emotiva ceremonia.
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán–Cortina inician con una delegación nacional reducida debido a la lesión de Henrik Von Appen. La inauguración promete ser innovadora.
La exmandataria chilena ha sido postulada para ocupar un cargo en la ONU, con respaldo de México y Brasil.
Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones.
Un comunicado reveló que las instituciones del Gobierno Central reportan un total de 40.629 licencias médicas incumplidas, correspondientes a 29.270 funcionarios, de los cuales solo 262 fueron despedidos.
4 de febrero de 2026
