Revelan que INDH aprobó las solicitudes por pensiones de gracia
La Fiscalía convocó a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos para prestar declaración en relación con el otorgamiento de pensiones de gracia.
el viernes pasado a las 10:48
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el jueves pasado a las 12:37
el jueves pasado a las 10:50
El Ministerio Público persiste en la investigación de posibles irregularidades en la asignación de pensiones de gracia a personas lesionadas durante el estallido social, a raíz de un informe de la Contraloría que sugiere una potencial responsabilidad penal por mal uso de recursos públicos.
Según el órgano persecutor, se han identificado beneficiarios con más de 10 condenas por diversos delitos, arrojando luces sobre un presunto mal manejo en la entrega de estas pensiones. La Fiscalía citó a declarar a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad receptora de las denuncias, así como a representantes del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, encargado de emitir la recomendación final.
En este contexto, el diputado independiente de la bancada socialista, Tomás de Rementería, abogó por esclarecer todas las posibles falencias, aunque sostuvo que, en su opinión, no se cometieron delitos. Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, exigió la renuncia de las autoridades que, según él, pasaron por alto antecedentes penales de beneficiarios, argumentando motivos ideológicos.
En una perspectiva crítica hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, afirmó que la entidad demostró ser incapaz de llevar a cabo un filtro adecuado al aprobar todas las solicitudes de pensiones de gracia, según lo revelado por las actas del consejo del INDH, que acreditaron a todos los denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos como víctimas.
El medio de comunicación Ex-Ante constató que las actas del consejo del INDH revelaron la acreditación de 437 casos de denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones, todos ellos aprobados sin excepción.
La líder opositora al régimen chavista participó en homenajes, hitos académicos y reuniones con sus compatriotas durante su visita al país.
La Fiscalía convocó a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos para prestar declaración en relación con el otorgamiento de pensiones de gracia.
La ministra vocera, Mara Sedini, aseguró que lo ocurrido contra el exconvencional es una más de las múltiples situaciones que demuestran una emergencia de seguridad en Chile.
A partir del 26 de abril, la Ley 21.561 establece una jornada laboral de 42 horas semanales en Chile, afectando a más de 5 millones de trabajadores del sector privado. Las empresas deberán ajustar turnos y fortalecer el control de asistencia para cumplir con la normativa.
La ONU envió un análisis técnico al Senado respecto al proyecto de conmutación de penas, destacando la importancia de no socavar la justicia penal ni fomentar la impunidad.
Google señala que grupo de hackers chinos con historial de ataques a nivel internacional estaría operando en Chile, según declaraciones de la empresa estadounidense.
El acuerdo administrativo se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo a las 9:00 horas, momento en el que los nuevos legisladores asumirán sus cargos y elegirán a la mesa directiva. Si se mantiene el pacto, Paulina Núñez sería la presidenta del Senado y entregaría la banda presidencial a José Antonio Kast durante el cambio de mando.
El presidente en ejercicio y el presidente electo liderarán actividades previas a la ceremonia.
Irán desafía a EEUU tras amenazas de Trump. Prometen retener petróleo en Oriente Medio ante bombardeos de EEUU e Israel.
La Contraloría aprobó un reglamento que permite al Estado iniciar acciones judiciales en casos de femicidio sin necesidad de autorización de las víctimas o sus familias, en línea con la Ley Integral contra la violencia de género.
Según encuesta Cadem, solo un 37% está a favor de permitir que criminales enfermos cumplan condena en domicilios, mientras que un 56% se opone.
El gobierno ha decidido posponer la publicación del reglamento de la “Ley Uber” ante futura administración, debido a posibles aumentos en costos para pasajeros y menor disponibilidad de conductores.
