Fiscalía busca prisión preventiva para Manuel Monsalve en polémico caso
Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago retomará la audiencia de formalización del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La defensa intentará evitar su prisión preventiva.
A partir de las 9:00 horas de este martes 19 de noviembre, el juez Mario Cayul dirigirá la reanudación de la audiencia de formalización contra Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía busca que se dicte prisión preventiva, mientras que la defensa —liderada por los abogados María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias— intentará demostrar que esta medida no es necesaria.
Ante esto, la instancia ha captado alta expectación pública, especialmente por las filtraciones de la carpeta investigativa. Entre los antecedentes difundidos se encuentran informes de la PDI, declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad, los cuales generan dudas sobre las actuaciones de Monsalve y las implicancias en la indagatoria.
Asimismo, el caso ha salpicado incluso al presidente Gabriel Boric, debido a discrepancias entre sus declaraciones públicas y las entregadas a la Fiscalía. El mandatario reconoció haber recibido información de Monsalve sobre la revisión de cámaras de seguridad relacionadas con el caso, pero negó conocer detalles específicos. Estas inconsistencias han sido objeto de análisis por parte de expertos legales.
Para el exfiscal Carlos Gajardo, las pruebas y testimonios complican la situación procesal de Monsalve, mientras que otros especialistas, como la abogada Eva Guerrero, destacan la importancia de las incongruencias entre su versión y las evidencias presentadas. El penalista Diego Izquierdo añadió que los fundamentos de la prisión preventiva podrían incluir el riesgo para la seguridad pública.
Finalmente, de comprobarse culpable de los delitos imputados, Manuel Monsalve enfrentaría una pena mínima de 15 años de cárcel. La audiencia de este martes será crucial para definir su futuro judicial.
La Fiscalía abre causa penal por supuestas irregularidades en las demoliciones post incendio en Valparaíso, involucrando fondos públicos por más de 1.100 millones de pesos.
Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago retomará la audiencia de formalización del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La defensa intentará evitar su prisión preventiva.
La ministra de Cultura asegura que la evaluación de proyectos es técnica y no gubernamental.
La Dipres ha publicado un informe sobre procedimientos disciplinarios relacionados con licencias médicas falsas, donde 577 personas fueron absueltas y 262 han sido destituidas. Este escándalo involucra a 29.270 funcionarios.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, expresa preocupación por retraso en la entrega de viviendas de emergencia a familias afectadas por incendios en la Región del Biobío.
Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato, menciona los perjuicios económicos al enfrentar a la U de Chile sin espectadores.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha dictado una medida judicial para bloquear el acceso a MagisTV por parte de todos los proveedores de internet en un plazo máximo de cinco días. Además, se exigirá que se muestre un mensaje informativo a los clientes que intenten acceder a la plataforma.
Excolaboradores y figuras de la derecha, incluyendo al exministro Enrique Paris y líderes de Chile Vamos, resaltaron la exigencia y apoyo del dos veces presidente en emotiva ceremonia.
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán–Cortina inician con una delegación nacional reducida debido a la lesión de Henrik Von Appen. La inauguración promete ser innovadora.
La exmandataria chilena ha sido postulada para ocupar un cargo en la ONU, con respaldo de México y Brasil.
Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones.
Un comunicado reveló que las instituciones del Gobierno Central reportan un total de 40.629 licencias médicas incumplidas, correspondientes a 29.270 funcionarios, de los cuales solo 262 fueron despedidos.
4 de febrero de 2026














































