Revocan arresto domiciliario de socio de Factop y ordenan su prisión preventiva
La Fiscalía señaló que la falta de declaración de Topelberg en la investigación y la adquisición de bienes raíces en efectivo por parte de él y Sauer, por más de $908 millones en 2020, son indicios de posibles delitos de lavado de activos.
A pesar de haber eludido la prisión preventiva durante su formalización el pasado 10 de abril, Rodrigo Topelberg, socio de Factop, no pudo evitar la medida cautelar tras la apelación presentada por la Fiscalía Oriente ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Inicialmente, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago había decretado arresto domiciliario nocturno para Topelberg, pero la Fiscalía apeló y durante la audiencia de apelación, argumentó sobre la necesidad de que el empresario cumpliera prisión preventiva, alegando falta de colaboración en la investigación y un grado de participación delictual similar al de su socio, Daniel Sauer.
La decisión de la Corte de Apelaciones fue unánime, con 3 votos en contra, enviando a Topelberg a la prisión de Capitán Yaber. Los magistrados Jorge Zepeda, Aljendto Rivera y la abogada integrante Paola Herrera respaldaron esta resolución.
La Fiscalía expuso que Topelberg no ha prestado declaración en la investigación, argumentando que su actuación no puede considerarse como colaboración sustancial. Además, señalaron la adquisición de bienes raíces por parte de Topelberg y Sauer, por un total de $908.725.879 en efectivo durante el año 2020, como indicios de posibles delitos de lavado de activos.
Por el momento, la Fiscalía no ha imputado a Topelberg por lavado de activos, pero la posibilidad sigue abierta. El caso Factop continúa siendo objeto de investigación para los socios de la empresa de factoring.
La propuesta necesitaba 87 votos para avanzar, pero solo obtuvo 48 a favor, 4 en contra y 41 abstenciones.
La Fiscalía señaló que la falta de declaración de Topelberg en la investigación y la adquisición de bienes raíces en efectivo por parte de él y Sauer, por más de $908 millones en 2020, son indicios de posibles delitos de lavado de activos.
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