Fiscalía de Venezuela solicitó orden de detención contra Edmundo González Urrutia
La solicitud se basa en acusaciones de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público” vinculadas a las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio.
La Fiscalía de Venezuela ha solicitado a un juzgado especializado en delitos de “terrorismo” la emisión de una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, el abanderado de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). La solicitud se basa en acusaciones de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público” vinculadas a las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio.
Esta petición se realiza después de que González Urrutia no se presentara a tres citaciones emitidas por la Fiscalía. El opositor alegó desconocimiento sobre el motivo de su comparecencia y no reconoció los delitos que se le imputan. Además de los cargos mencionados, el opositor enfrenta acusaciones de “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas” y “asociación para delinquir”.
La investigación está relacionada con la publicación de una página web por parte de la PUD, en la que se cargó el 83,5% de las actas electorales recabadas durante la elección, en un intento de sustentar la denuncia de fraude electoral. Estas actas fueron divulgadas tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios por el Consejo Nacional Electoral (CNE), una decisión que ha sido cuestionada por diversos países y que, según algunos, favorece a González Urrutia.
La Fiscalía advirtió que, si González Urrutia no asiste a la citación, se procederá a emitir la orden de aprehensión, considerando que existe un “peligro de fuga”. En respuesta, González Urrutia denunció en un video publicado en redes sociales el 25 de agosto que el Ministerio Público intenta someterlo a una entrevista sin especificar las condiciones ni los cargos exactos, acusando al fiscal general, Tarek William Saab, de actuar como un “acusador político” y de llevar a cabo una citación sin garantías de independencia y debido proceso.
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La solicitud se basa en acusaciones de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público” vinculadas a las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio.
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