Avanza proyecto para agravar penas por delitos que atenten contra la vida de las personas
En caso de ser aprobado en el Congreso, la pena de "presidio perpetuo efectivo" requeriría el cumplimiento de 50 años de cárcel efectivos antes de que el condenado pueda acceder al beneficio de libertad condicional.
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La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde al proyecto que busca agravar las penas en casos de crímenes que atenten contra la vida de las personas. La aprobación de la idea de legislar al respecto marca un hito en la lucha por fortalecer la protección penal de la vida como objetivo central de la legislación.
De acuerdo con el texto legal, la creciente incidencia de delitos de homicidio motivó la necesidad de adoptar medidas más drásticas. El proyecto propone la introducción de la pena de "presidio perpetuo efectivo", una sanción más severa que el presidio perpetuo calificado.
En caso de ser aprobado en el Congreso, la pena de "presidio perpetuo efectivo" requeriría el cumplimiento de 50 años de cárcel efectivos antes de que el condenado pueda acceder al beneficio de libertad condicional. Esta medida busca garantizar una retribución más proporcional y disuasoria para aquellos que cometan delitos contra la vida.
Una de las novedades más destacadas del proyecto es la actualización de la figura penal del sicariato. Se propone establecer el sicariato como un delito propio, separándolo del homicidio calificado. Además, se contempla la posibilidad de imponer la pena máxima de "presidio perpetuo efectivo" en casos de reincidencia, otorgando al juez la facultad de aplicar la sanción más severa.
El alcance del proyecto también abarca el espectro de las penas para el homicidio simple. Con el objetivo de garantizar una respuesta legal proporcional, se plantea que la sanción inicie en presidio mayor en su grado máximo (15 años y 1 día a 20 años) y culmine en presidio perpetuo.
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En caso de ser aprobado en el Congreso, la pena de "presidio perpetuo efectivo" requeriría el cumplimiento de 50 años de cárcel efectivos antes de que el condenado pueda acceder al beneficio de libertad condicional.
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18 de agosto de 2025
