Fiscalía rechazó inhabilitar a Lorena Parra en el caso audios tras solicitud de defensa de Hermosilla
La defensa del abogado Luis Hermosilla argumentó que los chats entre la fiscal regional Lorena Parra y Hermosilla podrían afectar su objetividad e imparcialidad en la investigación.
La Fiscalía Nacional decidió rechazar la solicitud presentada por la defensa de Luis Hermosilla para inhabilitar a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, en el marco del caso audios. La defensa del abogado basó su petición en una serie de chats entre Parra y Hermosilla, que, según ellos, comprometerían la "objetividad e imparcialidad" de la persecutora.
El hermano de Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, señaló que dichos mensajes mostraban que Parra había enviado su currículum a Luis Hermosilla mientras se encontraba en campaña para ser fiscal regional. Además, la defensa acusó que Parra solicitó apoyo para Marta Herrera, su amiga personal, en su postulación a fiscal nacional en diciembre de 2022.
Pese a los argumentos presentados, el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, rechazó la solicitud, afirmando que, por el momento, no existen antecedentes suficientes que fundamenten una inhabilidad. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la decisión si la defensa presenta nuevas pruebas que respalden sus alegaciones bajo los términos del artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
El debate sobre la relación entre Parra y Hermosilla cobró mayor relevancia tras la emisión de un reportaje en Chilevisión, en el cual se detallaron conversaciones entre ambos desde 2019 hasta 2022. Dicho reportaje reveló solicitudes de la fiscal Parra a Hermosilla para influir en ministros de la Corte de Apelaciones en favor de su candidatura a fiscal regional.
Por su parte, Parra defendió sus acciones en una entrevista previa con TVN, argumentando que "el sistema funciona así", y que era común que los postulantes a cargos judiciales enviaran sus currículums y pidieran respaldo para ser considerados.
Finalmente, el caso sigue en desarrollo, mientras la defensa de Hermosilla evalúa los próximos pasos a seguir.
La Fiscalía abre causa penal por supuestas irregularidades en las demoliciones post incendio en Valparaíso, involucrando fondos públicos por más de 1.100 millones de pesos.
La defensa del abogado Luis Hermosilla argumentó que los chats entre la fiscal regional Lorena Parra y Hermosilla podrían afectar su objetividad e imparcialidad en la investigación.
La ministra de Cultura asegura que la evaluación de proyectos es técnica y no gubernamental.
La Dipres ha publicado un informe sobre procedimientos disciplinarios relacionados con licencias médicas falsas, donde 577 personas fueron absueltas y 262 han sido destituidas. Este escándalo involucra a 29.270 funcionarios.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, expresa preocupación por retraso en la entrega de viviendas de emergencia a familias afectadas por incendios en la Región del Biobío.
Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato, menciona los perjuicios económicos al enfrentar a la U de Chile sin espectadores.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha dictado una medida judicial para bloquear el acceso a MagisTV por parte de todos los proveedores de internet en un plazo máximo de cinco días. Además, se exigirá que se muestre un mensaje informativo a los clientes que intenten acceder a la plataforma.
Excolaboradores y figuras de la derecha, incluyendo al exministro Enrique Paris y líderes de Chile Vamos, resaltaron la exigencia y apoyo del dos veces presidente en emotiva ceremonia.
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán–Cortina inician con una delegación nacional reducida debido a la lesión de Henrik Von Appen. La inauguración promete ser innovadora.
La exmandataria chilena ha sido postulada para ocupar un cargo en la ONU, con respaldo de México y Brasil.
Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones.
Un comunicado reveló que las instituciones del Gobierno Central reportan un total de 40.629 licencias médicas incumplidas, correspondientes a 29.270 funcionarios, de los cuales solo 262 fueron despedidos.
4 de febrero de 2026
