Boric lidera promulgación de Ley que frena el impacto de los “narcofunerales”
La normativa regula los funerales de alto riesgo, restringiendo desórdenes públicos y agravando penas para quienes cometan delitos en estos eventos.
el miércoles pasado a las 17:05
el miércoles pasado a las 17:05
el miércoles pasado a las 17:05
el miércoles pasado a las 17:05
Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y otras autoridades, promulgó la Ley que regula los denominados “narcofunerales”. La ceremonia se realizó en San Ramón, comuna que ha sido afectada por este tipo de eventos, marcados por balaceras, fuegos artificiales y desórdenes que alteran la tranquilidad de los vecinos.
La normativa, despachada por el Congreso el pasado 7 de noviembre, busca prevenir riesgos para la seguridad y el orden público en funerales asociados a delitos de alta peligrosidad. Durante el acto, Boric destacó que esta Ley responde a un compromiso adquirido en su Cuenta Pública 2023: “Es hora de decir cumplimos”.
Según explicó Presidencia, la nueva Ley regula los funerales considerados de riesgo, estableciendo un catálogo de delitos que conllevarán penas agravadas, como desórdenes públicos, saqueos y uso de armas o fuegos artificiales. Además, la normativa reduce a 24 horas el tiempo permitido para el proceso funerario, y el recorrido del cortejo será decidido exclusivamente por Carabineros.
Ante esto, la ministra Tohá subrayó que los derechos individuales tienen límites cuando afectan a la comunidad: “No será la banda del narco quien decida el trayecto del féretro, sino Carabineros. Este es un acto en favor del interés general”.
En caso de incidentes durante el funeral, como balaceras o cortes de tránsito, los responsables enfrentarán sanciones más severas. Asimismo, se controlará la identidad de los asistentes y se prohibirá la presencia de personas bajo la influencia de alcohol o drogas.
Finalmente, con esta normativa, el Ejecutivo refuerza su estrategia de seguridad, buscando erradicar prácticas que han infundido temor en las comunidades afectadas.
La Fiscalía abre causa penal por supuestas irregularidades en las demoliciones post incendio en Valparaíso, involucrando fondos públicos por más de 1.100 millones de pesos.
La normativa regula los funerales de alto riesgo, restringiendo desórdenes públicos y agravando penas para quienes cometan delitos en estos eventos.
La ministra de Cultura asegura que la evaluación de proyectos es técnica y no gubernamental.
La Dipres ha publicado un informe sobre procedimientos disciplinarios relacionados con licencias médicas falsas, donde 577 personas fueron absueltas y 262 han sido destituidas. Este escándalo involucra a 29.270 funcionarios.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, expresa preocupación por retraso en la entrega de viviendas de emergencia a familias afectadas por incendios en la Región del Biobío.
Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato, menciona los perjuicios económicos al enfrentar a la U de Chile sin espectadores.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha dictado una medida judicial para bloquear el acceso a MagisTV por parte de todos los proveedores de internet en un plazo máximo de cinco días. Además, se exigirá que se muestre un mensaje informativo a los clientes que intenten acceder a la plataforma.
Excolaboradores y figuras de la derecha, incluyendo al exministro Enrique Paris y líderes de Chile Vamos, resaltaron la exigencia y apoyo del dos veces presidente en emotiva ceremonia.
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán–Cortina inician con una delegación nacional reducida debido a la lesión de Henrik Von Appen. La inauguración promete ser innovadora.
La exmandataria chilena ha sido postulada para ocupar un cargo en la ONU, con respaldo de México y Brasil.
Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones.
Un comunicado reveló que las instituciones del Gobierno Central reportan un total de 40.629 licencias médicas incumplidas, correspondientes a 29.270 funcionarios, de los cuales solo 262 fueron despedidos.
4 de febrero de 2026

















































