Defensa de Luis Hermosilla anuncia acciones legales contra el Gobierno tras comentarios de Boric
El abogado Juan Pablo Hermosilla critica la politización del caso de su hermano y cuestiona la intervención del Presidente en el proceso judicial, anunciando acciones legales.
el viernes pasado a las 10:48
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el jueves pasado a las 12:37
el jueves pasado a las 10:50
El abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano del principal imputado en el caso Audios, Luis Hermosilla, ha anunciado que tomará acciones legales contra el Gobierno después de las recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric. Estas afirmaciones han sido interpretadas por Hermosilla como una forma de politización del caso, que involucra a su hermano en delitos de evasión tributaria, soborno y lavado de activos.
Ante esto, en una entrevista con Radio Infinita, Hermosilla expresó su preocupación por lo que considera una distorsión en el sistema de justicia y señaló que "el Ministerio Público ha transformado estas audiencias en verdaderos juicios. Aún se mantiene el principio de inocencia y nada ha sido acreditado".
Además, el abogado criticó al Gobierno por su aparente intervención en el proceso judicial, afirmando que el Presidente ha infringido la Constitución al comentar sobre el caso mientras aún no hay una condena definitiva.
Asimismo, Juan Pablo Hermosilla también cuestionó la rapidez con que se están llevando a cabo las audiencias y el trato que su hermano ha recibido por parte del sistema judicial y manifestó que "lo que estamos viendo es una decisión política que pone en peligro el Estado de derecho. La intervención del Gobierno y la negativa del Ministerio de Justicia a trasladar a Luis Hermosilla a un lugar autorizado por la jueza solo aumentan nuestras sospechas de que el caso está siendo manejado con tintes políticos".
Finalmente, Hermosilla detalló que el caso de su hermano ha sido objeto de una campaña comunicacional que ha puesto en riesgo sus derechos constitucionales, y anticipó que las acciones legales contra el Ejecutivo buscarán prevenir una mayor politización del proceso judicial.
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