Caso Conscriptos: INDH presenta recurso de reposición para continuar investigación
Este recurso responde a la orden de la Corte Suprema que aceptó la solicitud de la Fiscalía Militar de suspender las indagaciones hasta definir la jurisdicción correspondiente.
el martes pasado a las 7:47
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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de reposición ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la decisión de paralizar la investigación del “Caso Conscriptos” en la justicia ordinaria. Este recurso surge en respuesta a la orden de la segunda sala del máximo tribunal emitida el pasado viernes, que acogió una solicitud de la Fiscalía Militar para suspender las indagaciones hasta determinar la jurisdicción correspondiente.
Desde el INDH se recalca la importancia de aplicar el Protocolo de Minnesota en la nueva autopsia del cuerpo de Franco Vargas, una diligencia que habían solicitado al Juzgado de Garantía de Arica. Este protocolo, desarrollado por las Naciones Unidas, es esencial en casos de muertes potencialmente ilícitas para garantizar una investigación imparcial y exhaustiva. No obstante, la decisión de la Corte Suprema ha dejado esta y otras diligencias en suspenso.
El instituto señaló que la ministra en visita Jenny Book nunca ordenó realizar una autopsia conforme al Protocolo de Minnesota. "¿Por qué solo cuando la Fiscalía pide esta diligencia para investigar las muertes potencialmente ilícitas el Fiscal General del Ministerio Público pide la orden de no innovar (…) ¿Se estará intentando ocultar algo?, ya que el procedimiento en Fiscalía Militar es secreto, a diferencia del de la justicia civil".
“La intervención de la Fiscalía Militar en este caso no favorece ni la transparencia ni la efectividad de la investigación penal, resultando en una investigación reservada y tardía. Esto no solo afecta el proceso judicial, sino que también incrementa el dolor y la afectación de derechos de las víctimas”, argumentó el INDH en su solicitud.
El hermano del alcalde de Arica fue arrestado acusado de integrar una red de tráfico de migrantes. Las víctimas pagaron 31 mil pesos chilenos a un guardia de seguridad para evadir trámites migratorios.
Este recurso responde a la orden de la Corte Suprema que aceptó la solicitud de la Fiscalía Militar de suspender las indagaciones hasta definir la jurisdicción correspondiente.
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