Congreso Nacional despacha a ley el proyecto que tipifica como delito la tenencia de celulares en las cárceles

Por unanimidad, la sala del Senado ratificó el proyecto de ley que penaliza la tenencia de celulares, chips y otros aparatos de telecomunicaciones en los recintos penitenciarios. Tras su aprobación, el proyecto queda a un paso de convertirse en ley, avanzando en la agenda de seguridad priorizada del gobierno y el combate contra el crimen organizado en los establecimientos penitenciarios.

Durante su intervención en la Sala, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, destacó que: “Tanto para el Ejecutivo, como para este Parlamento, es esencial este proyecto de ley, porque constituye una herramienta fundamental para los temas de seguridad penitenciaria. La tenencia de celulares al interior de recintos penales es una irregularidad que hasta ahora estaba sancionada como falta, y ahora pasa a ser delito”.

Como complemento al proyecto de ley recién aprobado, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha avanzado en estrategias para impedir las comunicaciones inalámbricas (telefonía, datos móviles o Wifi) no autorizadas, evitando así la estafa o extorsión desde el interior de las cárceles. En lo que va del año, Gendarmería de Chile ha incautado 14.588 teléfonos móviles, tanto en allanamientos como en incautaciones periódicas.

La aprobación de este proyecto de ley se da en el contexto del desarrollo de una licitación que tiene por propósito imponer en 14 penales mecanismos de inhibición tecnológica para la comunicación externa, facilitando de esta forma medios de telefonía fija al interior de los establecimientos.

Son claves de la ley:

Prohibición de tenencia de aparatos electrónicos no autorizados al interior de los Centros Penitenciarios, como celulares, chips, intercomunicadores, etc.
Penalización del delito: a la fecha la tenencia de aparatos electrónicos al interior de los recintos penitenciarios era considerada una falta administrativa. A partir de la promulgación de la ley, el delito considera penas que van desde los 541 días hasta los 3 años y un día de cárcel.
Obligación de la denuncia: los funcionarios públicos que detectan la tenencia no autorizada de elementos electrónicos en las cárceles deben realizar la denuncia, arriesgando penas de presidio e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, del cargo u oficio.