Condenan a 23 años de cárcel a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco
Dentro de los crímenes que se le acusó se encuentran delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, así como también usurpación violenta de un predio, hurto simple y atentado contra la autoridad.
El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco dictó una sentencia de 23 años de cárcel para Héctor Llaitul este martes, tras ser hallado culpable de múltiples delitos que incluyen infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta, hurto simple y atentado contra la autoridad. La decisión llega después de que el pasado 22 de abril se estableciera su culpabilidad y se fijara la fecha para la lectura definitiva del fallo.
En un veredicto detallado, el tribunal impuso a Llaitul 15 años por los delitos relacionados con la Ley de Seguridad del Estado, específicamente por infringir las disposiciones contempladas en sus artículos seis, letras C y F. Estos actos fueron cometidos en tres ocasiones distintas: el 8 de enero y el 24 de junio de 2020, así como el 20 de julio de 2022.
Adicionalmente, Llaitul fue condenado a cinco años por un caso consumado de hurto simple perjudicando a Forestal Arauco el día 12 marzo del año anterior. Esta pena viene acompañada por una multa económica equivalente a once unidades tributarias mensuales.
La usurpación violenta también figura entre los cargos probados contra él. Por estos hechos reiterados que afectaron tanto a Forestal Arauco como al ciudadano Jorge Pena, se le asignó una multa adicional consistente en quince unidades tributarias mensuales.
Por último, se le atribuyó una pena adicional correspondiente a tres años por atentar contra autoridades públicas. Durante todo este tiempo deberá además abstenerse ocupar cualquier cargo público.
El tribunal subrayó que no proceden penas sustitutivas para Llaitul según lo estipulado por la ley número 18.216; es decir, deberá cumplir íntegramente las penas privativas libertad impuestas sin posibilidad alguna alternativa penal menos severa. El conteo formal comenzará desde el día señalizado como inicio efectivo: el 25 agosto del año pasado (2022).
Cabe destacar que durante el proceso judicial liderado por Roberto Garrido - Fiscal Regional - se había solicitado inicialmente una pena total mayor: hasta veinticinco años tras las rejas para Héctor Llaitul.
La Fiscalía abre causa penal por supuestas irregularidades en las demoliciones post incendio en Valparaíso, involucrando fondos públicos por más de 1.100 millones de pesos.
Dentro de los crímenes que se le acusó se encuentran delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, así como también usurpación violenta de un predio, hurto simple y atentado contra la autoridad.
La ministra de Cultura asegura que la evaluación de proyectos es técnica y no gubernamental.
La Dipres ha publicado un informe sobre procedimientos disciplinarios relacionados con licencias médicas falsas, donde 577 personas fueron absueltas y 262 han sido destituidas. Este escándalo involucra a 29.270 funcionarios.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, expresa preocupación por retraso en la entrega de viviendas de emergencia a familias afectadas por incendios en la Región del Biobío.
Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato, menciona los perjuicios económicos al enfrentar a la U de Chile sin espectadores.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha dictado una medida judicial para bloquear el acceso a MagisTV por parte de todos los proveedores de internet en un plazo máximo de cinco días. Además, se exigirá que se muestre un mensaje informativo a los clientes que intenten acceder a la plataforma.
Excolaboradores y figuras de la derecha, incluyendo al exministro Enrique Paris y líderes de Chile Vamos, resaltaron la exigencia y apoyo del dos veces presidente en emotiva ceremonia.
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán–Cortina inician con una delegación nacional reducida debido a la lesión de Henrik Von Appen. La inauguración promete ser innovadora.
La exmandataria chilena ha sido postulada para ocupar un cargo en la ONU, con respaldo de México y Brasil.
Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones.
Un comunicado reveló que las instituciones del Gobierno Central reportan un total de 40.629 licencias médicas incumplidas, correspondientes a 29.270 funcionarios, de los cuales solo 262 fueron despedidos.
4 de febrero de 2026
















































