Proyecto para la seguridad y protección de periodistas es aprobado y avanza al Senado
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la definición de agresión, que abarca una amplia gama de actos que atenten contra la vida de los periodistas y comunicadores.
el jueves pasado a las 15:10
el jueves pasado a las 15:10
El día de hoy, tras intensos debates y una amplia participación de legisladores de distintos sectores políticos, la Cámara de Diputados aprobó en particular un proyecto de ley destinado a promover la seguridad y protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones en Chile. La iniciativa, que ahora pasa al Senado para su revisión y eventual aprobación, busca establecer un estatuto especial que consagre el deber estatal de resguardar a aquellos que ejercen el periodismo y la comunicación.
La propuesta, originada en una moción liderada por la diputada Nathalie Castillo del Partido Comunista (PC) y respaldada por un grupo diverso de legisladores, contempla medidas específicas para prevenir actos de violencia contra quienes desempeñan estas funciones esenciales en la sociedad.
El proyecto fue aprobado en general por la Cámara el pasado 31 de julio, pero retornó a la Comisión de Cultura para ser objeto de indicaciones. Tras integrar estas modificaciones al texto, el proyecto fue respaldado por la Sala en una votación reciente.
Entre los cambios introducidos se incluyen disposiciones que amplían los objetivos de la normativa. Por ejemplo, se añadió la necesidad de que los derechos humanos y las libertades fundamentales de los periodistas y comunicadores sean reconocidos en tratados internacionales y consagrados en la Constitución. Asimismo, se ampliaron los derechos y deberes contemplados en la ley, asegurando su aplicabilidad no solo a los periodistas y comunicadores, sino también al medio de comunicación en el que trabajan.
El proyecto define de manera clara quiénes son considerados periodistas y trabajadores de las comunicaciones, abarcando desde reporteros y fotógrafos hasta personal de apoyo técnico y traductores, sin requerir necesariamente un título universitario para su inclusión. Se establecen también disposiciones para proteger a aquellos que están en práctica profesional o que han egresado de carreras relacionadas con el periodismo.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la definición de agresión, que abarca una amplia gama de actos que atenten contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de los periodistas y comunicadores, incluyendo desapariciones forzadas, homicidios, y otros actos violentos.
Durante la discusión del proyecto en la Cámara, varios diputados resaltaron la importancia de proteger a los periodistas en su labor de defensa de la libertad de expresión y de información. Se mencionaron casos emblemáticos de periodistas que perdieron la vida o fueron víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión, como Francisca Sandoval y Pepe Carrasco. Además, se hizo hincapié en la necesidad de proteger a los comunicadores de la censura y garantizar su acceso a la información, especialmente en momentos de conflicto interno o armado.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, resaltó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registrará las denuncias de agresiones, y que la ley elevará la protección de periodistas y comunicadores a los estándares internacionales de la Ley Marco de la Unesco.
Sin embargo, durante la votación, el diputado Stephan Schubert del Partido Republicano anunció reserva de constitucionalidad respecto a la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género (Art. 14).
El Presidente había prometido una auditoría externa, pero por falta de recursos se realizará una revisión interna del Estado.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la definición de agresión, que abarca una amplia gama de actos que atenten contra la vida de los periodistas y comunicadores.
El Gobierno advierte impacto global al reducirse flujo de petróleo en ruta clave, provocando alza del 50% en precios y afectando diversos sectores económicos.
La desaprobación del Presidente Kast alcanza un 52% según encuesta Cadem.
Ocho miembros del Ejército son sentenciados por causar un perjuicio de $623.084.575 al Estado en la compra de un avión de US$9 millones. Las penas van desde 541 días hasta 4 años de prisión.
La Selección Chilena se mantiene en la novena posición a nivel de la Conmebol, superando solo a Bolivia.
La Superintendencia establece un límite del 3,5% para el aumento de precios en Isapres, implementando un doble techo para proteger a los afiliados y exigiendo justificación en caso de alzas en los planes.
Dirigentes de la industria panadera alertan sobre posibles aumentos en el precio del pan debido a incremento en costos de combustibles. Advierten que el kilo podría subir hasta un 10% en las próximas semanas.
En su primera fase, se emitirán notificaciones de cobro a las personas que perciben ingresos mensuales que superan los $5 millones de pesos.
El instrumento mantiene sus objetivos, estándares ambientales y obligaciones, incorporando ajustes que fortalecen su aplicación.
El hijo del periodista confirmó a 24 Horas la causa de su deceso.
De igual forma, la aprobación del Presidente bajó de un 50% a un 43% desde el 22 al 29 de marzo.
