Exgenerales de Carabineros quedan bajo arraigo nacional tras desestimarse prisión preventiva
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago impone medidas cautelares a los exuniformados investigados por su rol durante el estallido social de octubre de 2019, optando por arraigo nacional y firma quincenal.
En una decisión clave, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago dictó este jueves medidas cautelares para Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, generales en retiro de Carabineros. Los tres exmandatarios de la institución están siendo investigados por delitos omisivos relacionados con la represión y apremios ilegítimos durante el estallido social de octubre de 2019.
Ante esto, la magistrada a cargo del caso determinó que, a pesar de la gravedad de los cargos, no era necesaria la prisión preventiva. En su lugar, los imputados deberán cumplir con un arraigo nacional y presentar firma quincenal ante la autoridad. Esta decisión ha generado reacciones mixtas en la opinión pública, dado el contexto de las acusaciones y la importancia de los hechos ocurridos durante las protestas.
La investigación continúa en curso, mientras la sociedad observa con atención el desarrollo de este caso que refleja las tensiones entre la justicia y las fuerzas del orden en un periodo marcado por la demanda de derechos humanos.
La Corte Suprema determinó que el Ministerio Público actuó de forma ilegal y arbitraria al negarse a investigar la reunión mencionada.
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago impone medidas cautelares a los exuniformados investigados por su rol durante el estallido social de octubre de 2019, optando por arraigo nacional y firma quincenal.
Mario Marcel deja su cargo por razones personales, abandonando el Gobierno.
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El Presidente instruyó a Álvaro Elizalde para acompañar a heridos y revisar situación de detenidos chilenos tras violentos incidentes.
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La Fundación América Transparente ha cuestionado la aprobación de 34 mil millones de pesos para la adquisición de un dispositivo no letal específico por parte del Congreso, sin proceso de licitación ni evaluación pública.
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18 de agosto de 2025