Tribunal Supremo de Venezuela ratificó victoria de Nicolás Maduro en las elecciones
La Sala Electoral del TSJ certificó “de forma inobjetable” el material electoral y validó los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024,
el lunes pasado a las 9:27
Este jueves, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, acusado de estar alineado con el régimen chavista, ratificó la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial de seis años. La Sala Electoral del TSJ certificó “de forma inobjetable” el material electoral y validó los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado presidente para el período 2025-2031. La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que confirma el resultado a pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición.
La decisión del TSJ se produjo 22 días después de que Maduro solicitara el proceso mediante un recurso de amparo, cuyo contenido no fue divulgado, y que llevó a la comparecencia de los 10 ex candidatos presidenciales ante el tribunal. Rodríguez justificó la validación del triunfo de Maduro en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales, cuyas identidades no fueron reveladas, y en detalles del proceso de validación que se realizó sin la presencia de representantes de la oposición.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador con el 52% de los votos frente al 43% de Edmundo González Urrutia, candidato opositor. El CNE no ha presentado el detalle del escrutinio, alegando un hackeo en el sistema de votación. A pesar de que la Constitución venezolana exige la publicación de las actas electorales, 22 días después de los comicios, las autoridades aún no han revelado estos documentos.
Líderes internacionales y organizaciones han solicitado la publicación completa de los documentos electorales. Antes de la sentencia del TSJ, González Urrutia advirtió que la decisión judicial “solo agravará la crisis” en Venezuela. A través de X, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) criticó la falta de imparcialidad del TSJ y cuestionó su capacidad para resolver el conflicto. La PUD sostiene que su candidato ganó las elecciones por un amplio margen y ha publicado el 83,5% de las actas electorales para respaldar su reclamo, lo que ha sido apoyado por varios países y organizaciones internacionales.
El ministro resalta el aumento en los pagos del Crédito con Aval del Estado y señala la identificación de 70 mil nuevos morosos mediante medidas administrativas y cruce de información.
La Sala Electoral del TSJ certificó “de forma inobjetable” el material electoral y validó los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024,
Tras un primer tiempo disputado, Universidad de Chile despertó en el complemento para dejar los tres puntos en el Nacional.
El mando militar central de Irán amenazó con una represalia mucho más devastadora si sus adversarios atacan objetivos civiles en su territorio. ¡Detalles!
El Presidente había prometido una auditoría externa, pero por falta de recursos se realizará una revisión interna del Estado.
Israel llevó a cabo un ataque a una planta petroquímica en Irán, la cual se encuentra en el mayor yacimiento de gas del mundo. Este incidente se produce en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente.
Según Cadem, la desaprobación a la gestión de Kast sigue aumentando y llega al 53%. Además, un 59% considera que la inflación es el principal problema económico del país.
Un estudiante de 18 años, en prisión preventiva por apuñalar a una inspectora y herir a otros en su colegio, manifestaba rabia y deseaba dejar un legado.
El DT del Betis reitera su interés por dirigir a la Selección Chilena antes de retirarse
El Gobierno advierte impacto global al reducirse flujo de petróleo en ruta clave, provocando alza del 50% en precios y afectando diversos sectores económicos.
La desaprobación del Presidente Kast alcanza un 52% según encuesta Cadem.
Ocho miembros del Ejército son sentenciados por causar un perjuicio de $623.084.575 al Estado en la compra de un avión de US$9 millones. Las penas van desde 541 días hasta 4 años de prisión.
